Análisis
Una obligación frente al mundo en llamas
Argentina refuerza su seguridad ante la escalada en Medio Oriente, porque la protección de los ciudadanos está por encima de cualquier consideración geopolítica o ideológica.
El recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente, con ataques directos entre Irán e Israel y la reciente intervención militar de Estados Unidos contra instalaciones nucleares iraníes, encendió alarmas en distintos puntos del planeta. Por fortuna, luego de varios días, se instaló una tregua -calificada como frágil por muchos observadores- que puso entre paréntesis una escalada bélica que parecía destinada a extenderse más allá de las fronteras de los países involucrados.
No obstante, la tensión se mantiene y están vigentes aquellas posibilidades de convertirse en escenario de alguna refriega o atentado. Por ello, en las últimas horas, el Ministerio de Seguridad y la Dirección Nacional de Migraciones han reforzado los controles en fronteras y aeropuertos, mientras se anunció que las fuerzas de seguridad incrementaron su presencia en lugares estratégicos del país. Las embajadas de Israel y de Estados Unidos, la residencia del embajador israelí, la del agregado militar, así como jardines de infantes, escuelas y centros comunitarios de la colectividad judía cuentan ahora con patrullajes permanentes. La sede de la Amia, escenario del atentado más cruento en la historia argentina, también ha sido resguardada ante posibles amenazas.
Las autoridades han confirmado que estas medidas se mantendrán en tanto persista el riesgo de represalias o acciones terroristas como consecuencia del conflicto internacional. No se descarta, incluso, que puedan ocurrir ciberataques dirigidos a blancos no críticos, pero simbólicamente sensibles, como bancos u otras infraestructuras civiles.
El alineamiento irrestricto del gobierno nacional con Estados Unidos e Israel es una postura que puede tener fundamentos políticos, estratégicos o ideológicos, pero que no puede ser adoptada sin medir consecuencias. Porque coloca a la Argentina en un sitio proclive a ser nuevamente víctima de algún episodio violento. Ya lo ha sufrido el país en la década de los años 90.
El atentado contra la sede de la Amia, ocurrido en julio de 1994, dejó 85 muertos y más de 300 heridos. A más de tres décadas del ataque, los responsables siguen impunes. Las investigaciones, plagadas de interferencias políticas y obstáculos judiciales, apenas pudieron avanzar gracias a la tarea de un reducido grupo de funcionarios comprometidos. Uno de ellos, el fiscal Alberto Nisman, apareció muerto en circunstancias que aún no han sido esclarecidas, aunque todo indica que fue asesinado por razones vinculadas a su labor. Nisman apuntaba a la pista iraní y advertía sobre maniobras para encubrir a los sospechosos. En lugar de apoyar a la justicia, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner optó por un memorándum de entendimiento con Irán, firmado en secreto y rodeado de sospechas.
En este contexto, la expectativa mundial está centrada en la posibilidad de que los bombardeos cesen definitivamente y la racionalidad se instale. Sin embargo, todavía subsisten los temores de que puedan producirse réplicas “no convencionales” como son los atentados terroristas o los ciberataques. Por ello, frente a un mundo en llamas, se hace necesario fortalecer todos los mecanismos de seguridad nacional, tanto en el terreno físico como en el cibernético. La protección de los ciudadanos está por encima de cualquier consideración geopolítica o ideológica.
