Toloza: “No se puede pensar en una universidad estática”

El Congreso argentino aprobó la ley que revierte el ajuste presupuestario aplicado por el Gobierno de Javier Milei a las universidades públicas. Con 57 votos a favor y 11 en contra, el Senado ratificó la Ley de Financiamiento Universitario, que había sido aprobada previamente por la Cámara de Diputados. Esta norma instruye al Ejecutivo para recomponer el presupuesto del sistema educativo superior y los salarios de sus profesores, los cuales habían sido recortados por Milei, y asegura la actualización de estos en consonancia con la inflación.

El Gobierno ya ha anunciado que vetará la ley sancionada, marcando así el segundo veto de Milei en su mandato. El primer veto fue aplicado a la movilidad jubilatoria aprobada por el Congreso. En ambos casos, el Presidente argumenta que estas normas atentan contra el equilibrio fiscal del país.

El debate en la Cámara Alta fue acompañado por una movilización de organizaciones sindicales de docentes y estudiantes, así como autoridades académicas, que se congregaron en los alrededores del Congreso para apoyar la ley. La comunidad universitaria había logrado, en abril, frenar el ajuste inicial de Milei y ahora, con el respaldo parlamentario, busca recuperar los fondos perdidos.

Repercusiones en San Francisco 

El decano de la Facultad Regional San Francisco de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Alberto Toloza, junto a otras autoridades de universidades públicas de Córdoba, había solicitado a los senadores nacionales Luis Juez, Carmen Álvarez Rivero y Alejandra Vigo su apoyo para la ley, expresando su preocupación por la crisis que afecta al sistema universitario público y científico-tecnológico del país. 

"Todas las autoridades y el sistema en general de universidades públicas de la provincia de Córdoba, estábamos con estas expectativas, independientemente de que sabíamos que el veto es una herramienta que el Presidente ya había accionado con otras leyes, son las reglas del juego de la democracia", comentó Toloza a LA VOZ DE SAN JUSTO.

El decano subrayó la importancia de la educación pública y de las universidades como pilares estratégicos para el desarrollo socio-productivo de Argentina. Afirmó que la ley no solo ofrece un sustento administrativo y económico, sino que también asegura un presupuesto acorde a las necesidades del sistema universitario argentino para el próximo año. "Con esta ley se pretende, por lo menos, asegurar el financiamiento para el funcionamiento mínimo, el gasto del funcionamiento, la pauta de escala salarial, el sistema de becas y lo que tiene que ver con el acompañamiento en equipamiento”, agregó.

Toloza también abordó el impacto potencial de no promulgar la ley en la UTN de San Francisco: "Nuestra realidad es la misma de todas las universidades. Tuvimos que hacer un reorientamiento de pautas presupuestarias, dejando de lado algunos eventos; no se ha podido acompañar el incremento del valor de las becas a valores de crecimiento de inflación. Estamos ajustando o reajustando puertas adentro”, señaló. Como ejemplo de recortes, mencionó la reducción del 50 o 60% en el proyecto de la obra del nuevo estacionamiento vehicular inaugurado en agosto.

El decano hizo hincapié en la necesidad de que las universidades estén en constante movimiento y crecimiento, afirmando que "no se puede pensar en una institución universitaria que se mantenga estática y no genere nuevas ofertas, nuevos proyectos, o no apueste a nuevas carreras”. 

Con miras hacia el futuro, Toloza expresó expectativas sobre la Ley de Presupuesto 2025, que será presentada por Milei este domingo. Esta ley establecerá pautas para el año que viene y será crucial para definir el financiamiento universitario a mediano plazo. Se espera que Milei reitere su prioridad en el superávit fiscal y la reducción de impuestos, lo que podría influir en el futuro financiero de las universidades públicas argentinas.

Alcances de la ley aprobada 

Las 57 universidades nacionales, que albergan a aproximadamente dos millones de estudiantes, se encuentran entre los sectores más perjudicados por el ajuste aplicado por el actual gobierno. La ley aprobada establece la emergencia presupuestaria del sistema universitario para este año. Ordena al Ejecutivo actualizar las partidas para el funcionamiento de las universidades de acuerdo con la inflación acumulada, que entre noviembre y julio alcanzó el 134,5%. Además, estipula un incremento bimestral de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor y una actualización mensual para los salarios de profesores y trabajadores no docentes.