“Tenemos que trabajar para conseguir mayor accesibilidad a la Justicia”

Con la premisa de la capacitación para garantizar una mejor accesibilidad a la Justicia a la comunidad, Alberto Hernaldo Arrieta, asumió el viernes pasado como presidente del Colegio de Abogados de San Francisco.

Actualmente se encuentran colegiados cerca de mil profesionales de la ciudad y el departamento San Justo que enfrentan importantes desafíos en tiempos de crisis económica y cambios en el gobierno nacional, como por ejemplo la baja en la edad de imputabilidad en los menores. 

En diálogo con LA VOZ DE SAN JUSTO, Arrieta analizó estos desafíos y destacó que la capacitación es fundamental porque el objetivo fundamental “es conseguir mayor accesibilidad a la Justicia”.

Analizó que San Francisco y el departamento de San Justo “en términos generales tiene una buena operatorio judicial, hay muy buenos magistrados, muy buenos funcionarios y muy buenos empleados que tratan en todos los casos de facilitar el manejo operativo de la de la actividad diaria. San Francisco siempre ha sido considerado una isla dentro del sistema judicial porque hay un adecuado funcionamiento de la totalidad de los organismos que dependen directa o indirectamente de la justicia”.

En los tribunales de San Francisco generalmente “la respuesta de la Justicia es buena, no obstante, existen atrasos en distintos fueros. Indudablemente hay que tratar de ver la manera de implementar modificaciones que permitan a adelantar esos términos porque sigue habiendo algunas demoras que perjudican no solo en la actuación de los profesionales, sino también la solución de la gente acude a tribunales para poder resolver sus problemas”.

El presidente del colegio afirmó que los abogados “no estamos ajenos a la crisis que se vive y tenemos que hacernos cargo de la responsabilidad de trabajar para poder conseguir la mayor accesibilidad a la Justicia para los que necesitan de este servicio y a su vez para aportar con nuestro trabajo las leyes que permitan esa accesibilidad y que satisfagan las expectativas que tiene la sociedad en materia judicial que no es ni más ni menos que conseguir la paz social”.

Consideró que actualmente la sociedad “tiene una expectativa de respuesta por parte del sistema judicial que actualmente no está siendo satisfecha porque intervienen distintos factores que afectan la celeridad. Hoy la informática y la tecnología hacen que todo suceda mucho más rápido, la exacerbación de la litigiosidad ha colapsado los tribunales y los jueces no encuentran la forma sin infraestructura suficiente para poder evitar los cuellos de botella que se producen en sus juzgados”.

Más capacitación

“Para poder dar respuesta a eso, los abogados tenemos que trabajar en la mayor capacitación –remarcó- para estar a la altura de los acontecimientos y en segundo lugar tratando de colaborar con las autoridades judiciales a los fines de implementar un sistema que sea mucho más abarcativo y mucho menos engorroso para facilitar el acceso a la justicia”. 

Afirmó que probablemente “no resolvamos la cuestión relativa a la memoria del sistema judicial, eso es histórico, desde la antigüedad la sociedad se queja de que la justicia no llega a tiempo. Pero lo importante es que podamos satisfacer las necesidades más urgentes de la manera más rápida posible y en eso tenemos que trabajar mucho desde el conocimiento desde la capacitación. Con una mayor capacitación vamos a estar a la altura de darle respuesta a quienes acudan a la consulta”.

Al respecto Arrieta recordó que el colegio de Abogados cuenta desde hace varios años con un Instituto de Estudios Jurídicos y remarcó que la idea “es reforzar la actuación de ese instituto y crear nuevos institutos para poder estudiar la situación de cada fuero en particular y de ese modo tratar de generar una especie de Escuela de Formación Profesional, que no esté dirigida solo a los nuevos abogados sino también a profesionales con experiencia, para que se encuentren a la altura de los cambios que se vienen produciendo, en algunos casos nada más que con acordadas sin modificar los códigos de procedimientos” 

“Queremos que los profesionales estén en conocimiento de estos avances y que puedan de esa manera ejercer mejor la profesión”, dijo.

A disposición de los jueces

El letrado remarcó que además de generar capacitaciones específicas con estudios de posgrado y diplomatura, desde el colegio “nos vamos a poner a disposición de todos los jueces de todos los tribunales e incluso del Tribunal Superior de Justicia a los fines de colaborar en lo que necesiten para tratar de mejorar el funcionamiento del sistema judicial. No tenemos que estar enfrentados ni considerar adversarios a los que están del otro lado de la barandilla sino que por el contrario”.

“Como auxiliares de Justicia tenemos la responsabilidad y la obligación de tratar de que las cosas funcionen de la mejor manera posible, así que nos vamos a entrevistar con todos los jueces que existan en nuestra circunscripción a los fines de ponernos a disposición de ellos en todo cuanto pudiéramos colaborar”, afirmó. 

Por otro lado, dijo que en este nuevo período que comienza al frente del Colegio, el objetivo “también es reforzar el consultorio jurídico gratuito ya que son muchas las personas que no alcanzan a satisfacer sus consultas con las asesorías letradas que funcionan y están abarrotadas de trabajo. Muchos no tienen accesibilidad económica a la Justicia y con la mera consulta la gente ya se tranquiliza o sabe a lo que se tiene que enfrentar y eso le da un margen de seguridad”.

Bajar la edad de imputabilidad

Con respecto a los cambios que se plantean desde el gobierno nacional en cuanto a bajar la edad de imputabilidad, Arrieta consideró que desde “el punto de vista personal entiendo de que es necesario bajar la imputabilidad en función de que quien cometa de litros de mayores, requiere una atribución de responsabilidad de mayores”.

“Lo que pasa es que no se soluciona el problema nada más que bajando la edad de imputabilidad, hay que ver qué es lo que se hace con los menores a partir del momento en que se los puede empezar a detener y condenar por los delitos que se cometen”, afirmó.

Analizó: “Si se le permite a un menor de 16 años votar es porque tiene el razonamiento suficiente para poder elegir quién tiene que gobernar, entonces una persona de 17 de 16 años sabe lo que está bien está mal. Sabe que matar, robar o traficar está mal y por lo tanto no puede seguir siendo un sujeto sin responsabilidad penal”.

“Hay que ver hasta qué edad se baja la imputabilidad y también que se hace con los menores, por lo pronto no hay establecimientos penitenciarios ni siquiera para los mayores”, manifestó. 

Arrieta recordó que las causas del delito de menores “no es única influye la cuestión socioeconómica, la falta de educación, la situación de miseria por la que atraviesan un montón de familias. Todo eso si bien no se va a poder resolver con una ley, por lo menos sí se tiene que mitigar los efectos y las consecuencias para evitar que hoy siga siendo una característica especial el delito en los menores”.