Seguridad: el valor del trabajo conjunto

La historia común entre las fuerzas de seguridad de Córdoba, Santa Fe y federales habla de algunos logros en el trabajo cooperativo, numerosas iniciativas lanzadas con escasos resultados, tantas postergaciones como obstáculos y controversias en el manejo de un tema tan sensible como la seguridad ciudadana en la geografía que determina el límite entre las dos provincias. 

Como se informó días atrás, Córdoba y la Nación firmaron un acuerdo para el establecimiento de protocolos de actuación conjunta entre las Fuerzas Federales y la provincia de Córdoba para agilizar el intercambio de información, el seguimiento de la situación, el logro de acuerdos sobre modos de acciones y previsión de operaciones conjuntas y la evaluación de los resultados, de acuerdo a lo establecido en el artículo 18 de la Ley N° 24.059 y sus modificatorias, a la cual adhirió la Provincia mediante la Ley N° 8.831.

En ese marco, la puesta en marcha de la Mesa Operativa Conjunta entre las fuerzas de seguridad provinciales y federales, concretada ayer en nuestra ciudad, podría constituirse en un hecho de trascendencia para la vida de los habitantes del este cordobés y el oeste santafesino. De plasmarse en los hechos todos los anuncios realizados, será una realidad que la planificación y la coordinación pasen a ser una norma común entre las policías que tienen jurisdicción en esta región. Así también, la entrega de armas no letales para uso del personal de la Departamental San Justo de la policía cordobesa se inscribe en este contexto que suena auspicioso. 

Todo ello redundaría en una mayor cooperación, apoyo logístico, comunicación, esfuerzos investigativos y diseño de estrategias conjuntas para luchar contra el delito. En especial, contra el organizado en clanes y bandas que se dedican al comercio de estupefacientes, organizaciones criminales que han sentado las bases de su accionar en ciertas regiones donde, precisamente, no se pudieron llevar adelante políticas efectivas de trabajo conjunto entre las fuerzas de seguridad que tienen jurisdicción en territorios limítrofes. 

El objetivo de hacer de Córdoba un “territorio hostil al narcotráfico”, como lo planteó el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, adquiere vital preponderancia en tiempos en los que el deterioro socioeconómico y cultural es una realidad que favorece los planes delictivos de los mercaderes de la muerte. Así se planteó ayer en el acto de puesta en marcha de la Mesa Operativa Conjunta en materia de seguridad. Se habló de colaboración, de competencias, de generosidad, de construcción, de confianza. Y también de que la policía debe seguir siendo la columna vertebral de toda la política en esta materia. 

Es de esperar que las estrategias anunciadas permitan avances importantes en el combate contra la delincuencia organizada que ha tenido a maltraer a toda la población. En este marco, teniendo en cuenta que también Santa Fe –territorio especialmente afectado por el narcotráfico- ha firmado un convenio similar en materia de seguridad con el gobierno nacional, sería deseable que también participe la vecina provincia en estas acciones que no pueden tener otra meta que mejorar de manera sostenida los índices de inseguridad y violencia, así como devolver la confianza ciudadana en las fuerzas que se ocupan de esta apremiante problemática.