Práctica irritante que debe ser revisada

Un siniestro vial ocurrido en el camino de las Altas Cumbres, en el que se vio involucrado el presidente provisorio de la Legislatura de Córdoba y en el que falleció trágicamente una docente de Traslasierra, puso a la luz algunas prácticas judiciales y políticas que están mereciendo un arduo debate en los medios de comunicación y también en la opinión pública. Como es habitual, las autoridades competentes investigan el trágico suceso para deslindar responsabilidades y tener certezas acerca de cómo se produjo el choque. Pero, al mismo tiempo, asoma en este tema la cuestión vinculada a la cesión legal de automóviles judicializados a distintos estamentos del Estado. En este caso, el vehículo en el que se trasladaba el legislador formaba parte del grupo de autos entregados por la Justicia a la Legislatura provincial y que son utilizados por varios de sus integrantes.

Los tribunales judiciales de la provincia están autorizados por ley para entregar vehículos secuestrados en distintas causas a organizaciones estatales para que los utilicen en sus funciones específicas. El objetivo es que no se deterioren estos vehículos y puedan aprovecharse para el servicio público. El organismo que los recibe tiene obligaciones, como conservarlo en buen estado, contratar un seguro y utilizarlo dentro de los márgenes que la norma establece. Sin embargo, incluso desde la Justicia se ha admitido que "no hay forma" de controlar en qué se usan estos rodados.

Si no se puede controlar, deberá revisarse o reformarse la norma. Porque los interrogantes aparecen al instante. ¿Quién establece cuándo un vehículo se usa para la función oficial o la vida privada, mucho más cuando no tiene identificación visible de que pertenece a alguna repartición pública? ¿Por qué estos mismos rodados no son entregados a la policía para que se conviertan en móviles de patrulla o sirvan para trasladar a maestros rurales, a bomberos o para el uso de organismos que trabajan para paliar las vastas necesidades sociales que existen?

 Más allá de que normas lo habiliten, la mirada ciudadana en torno a la cuestión es cuestionadora. Y tiene argumentos sólidos para serlo. Porque asoma en el horizonte la idea de que existen ciertos privilegios para determinados funcionarios del Estado que, aprovechando resquicios legales, consiguen privilegios que se convierten en irritantes para la población. Mucho más en medio de las urgencias y las penurias que la crisis socioeconómica ha generado.

Sin ingresar en el análisis del caso particular del presidente provisorio de la Legislatura -la Justicia es la que debe establecer las responsabilidades-, la tragedia del camino de las Altas Cumbres abrió la puerta a que se expandan las dudas acerca de que determinadas habituales prácticas como la de entregar autos a entes estatales pueden convertirse en maniobras que solo favorezcan a algunos dirigentes y ello derive en que el noble fin de la ley se vea desvirtuado. Por ello, asoma como necesario que la Justicia revise los procedimientos de adjudicación y que, si cabe, se modifiquen las normas que hasta ahora han regido para estos casos.