Patagonia incendiada

Las imágenes son la muestra del espanto al que puede llegar la irracionalidad y la conducta delictiva del ser humano. El fuego que arrasó con casi 4 mil hectáreas de bosques y pastizales en las localidades patagónicas de El Bolsón y Epuyén tuvo un origen intencional, de acuerdo a lo que informó la Policía Federal.  Las investigaciones periciales, lograron identificar el punto exacto en donde se originó el fuego, gracias a la presencia de acelerantes –es decir, nafta– en el lugar. 

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, reforzó la tesis de que el fuego fue iniciado de manera intencional y destacó que "las comunidades mapuches, tehuelches, de Chubut, nos acompañan en esta pelea". Acto seguido, cargó las tintas contra personas externas a dichas comunidades: "Esta es gente que muchas veces viene del conurbano, que se ampara en falsas banderas para cometer delitos, para usurpar, y nada tiene que ver con las comunidades originarias. Esto ya pasó en Lago Puelo y no vamos a permitir que vuelva a pasar, bajo ningún punto de vista. Los vamos a sacar de la provincia y los vamos a meter presos", enfatizó.

El conflicto originado por estos delincuentes que se autoperciben miembros de los pueblos originarios aún no ha alcanzado la gravedad que adquirió en el sur chileno, pero sus connotaciones ideológicas son evidentes a partir de la acción del grupo denominado Resistencia Ancestral Mapuche. Varios de sus miembros han cometido atentados en varias regiones de la Patagonia. La violencia es el medio que utilizan para hacer notar sus reivindicaciones que lejos están de ser legítimas. 

Pese a que todavía no hay imputados, los responsables ya estarían identificados. Y estarían vinculados con esa organización criminal que fue defendida insólitamente por funcionarios de gobiernos anteriores. Un grupo de facinerosos cuyo líder reivindicó los atentados incendiarios y convocó a la lucha armada. Este llamado originó una denuncia penal contra Facundo Jones Huala por intimidación pública, incitación a la violencia colectiva, apología del crimen y asociación criminal.  Es evidente, en este contexto, que las falsas banderas que toma este grupo que se autoadjudica la representación de las comunidades originarias tienen objetivos muy distintos al que proclaman. De otra manera, no se comprendería que el reclamo por la “devolución” de tierras a pueblos ancestrales comprenda el daño casi irreversible a los bosques más bellos de esta parte del planeta. 

La Justicia tiene la obligación de resolver de identificar a los responsables del enorme daño ambiental que generaron al encender las llamas. La enérgica acción del Estado para someter a quienes no trepidan en cometer actos delictivos que ponen en peligro la sustentabilidad de la región, así como la vida y los bienes de sus habitantes debe acompañar el camino de la reconstrucción basada en los valores de la convivencia, la fortaleza y la solidaridad. Al mismo tiempo, es hora de dar la batalla para desenmascarar un discurso ideológico falso que pretende reivindicar una causa ilegítima no compartida por la mayoría de los descendientes de las comunidades originarias, tanto de nuestro país como de Chile.