Análisis
Nueva tragedia, viejo debate
La responsabilidad del ser humano en esta cuestión está fuera de toda discusión. Sin embargo, pocas son las legislaciones que controlan el modo cómo son criados los animales.
Se ha convertido en noticia nacional el hecho de la trágica muerte de una adolescente de 15 años quien fue atacada por dos perros de la raza dogo argentino en la ciudad de Córdoba. El suceso generó conmoción en la sociedad, tuvo repercusión en prácticamente todos los medios de comunicación del país y estableció el punto de partida para una nueva etapa de un debate antiguo que versa sobre la existencia de razas de perros muy potentes y las conductas de sus propietarios.
Las opiniones se dividen entre quienes no admiten que existan animales que puedan, potencialmente, agredir a las personas por las características de sus temperamentos y su musculatura y los que sostienen que estos comportamientos de los canes se vinculan con la irresponsabilidad de sus dueños en lo que concierne a su guarda y a errores manifiestos en su crianza.
La segunda postura es la más extendida. Sin dudas, la responsabilidad del ser humano en esta cuestión está fuera de toda discusión. Cuando no se observa responsabilidad en el propietario de animales de razas caninas de mucho poder de ataque, el drama se presenta más temprano que tarde. La mala educación que recibe un animal está en la raíz de las tragedias que, cada tanto, sacuden a la opinión pública. Además, la negligencia, la ignorancia y el desinterés por un efectivo control de los canes se transforma en una causa evidente.
En declaraciones recientes a este diario, la abogada Gretel Montserrat, de BioAnimalis brindó una interpretación lógica respecto de lo sucedido en la capital de Córdoba. “Esto ocurre –dijo- porque no se ejerce una guarda responsable, también porque las autoridades de aplicación tampoco controlan ni aplican sanciones. En San Francisco existe una ordenanza, que prevé normas sobre los mal llamados perros potencialmente peligrosos, y a nivel provincial también. La realidad es que el Juzgado de Faltas y la policía que son las autoridades de aplicación de esta norma de perros potencialmente peligrosos no concurren cuando se los llama, no hay controles”.
La frase se transforma en una seria advertencia. Porque si no existe seriedad en el manejo del propietario –que se “sorprende” frente a episodios de este tipo y no entiende que se deben, en gran parte, a su irresponsabilidad- y tampoco se ejercen los controles que corresponden, crece la factibilidad de que se produzcan desgracias como la de Córdoba. Vigilar el cumplimiento estricto de la ordenanza es un imperativo.
Porque la norma establece que los perros de razas que pueden ser peligrosas para el ser humano deben estar alojados en sitios con cercos que no permitan su salida al exterior. Si tienen rejas, por ejemplo, éstas no deben estar separadas. Así se evita que la boca del animal las atraviese. Asimismo, los lugares deben estar señalizados debidamente para advertir a las personas del riesgo que puede existir.
Sin embargo, pocas son las legislaciones que controlan el modo cómo son criados los animales. En este punto la reflexión de la dirigente de la entidad protectora de los animales es más que oportuna y debería ser considerada tanto por los criadores como también por las autoridades: “No se puede tener un perro atado ni tampoco un perro de raza fuerte como un arma, como alarma, porque son seres vivos y no son cosas. Además, hay gente que cría y vende este tipo de perros claro de razas, sí, porque muchas veces hay crías domiciliarias, que no se respetan absoluto líneas de sangre, ni de comportamiento y entonces tenemos grandes problemas”.
Ante esta nueva tragedia, los conceptos del párrafo anterior brindan elementos que deberían renovar el debate y las acciones en nuestra comunidad respecto de cómo abordar la tenencia y control de ciertas razas de perros.
