Marine Le Pen: la “arruina relatos”

Por Fernando Quaglia | LVSJ

"Estoy escandalizada e indignada". "El fallo es una negación de la democracia y una decisión política que me impide presentarme y ser elegida en las elecciones". "Millones de personas han sido silenciadas. Detrás de mí hay ciudadanos que han votado por el movimiento que represento y que ahora se verán privados de su candidata". "Es una violación al Estado de derecho". "Los jueces han implementado prácticas que creíamos reservadas a regímenes autoritarios". "La Justicia ha asumido muy claramente la ejecución de mi inelegibilidad, lo que en realidad significa que se me impide participar en elecciones. Esto responde a una instrucción, a una orden". "Es un ataque violento a la democracia. Es al pueblo al que se le impide tener esperanzas".

Las declaraciones suenan familiares. Pero no, no pertenecen a Cristina Fernández de Kirchner. Aunque, con algunos ajustes, podrían haber salido de su boca. La línea argumental es la misma: la Justicia es enemiga, la condena es política, los jueces responden a un mandato superior y el verdadero castigado no es el acusado, sino el pueblo.

En este caso, quien denuncia la conspiración es la líder de la ultraderecha francesa, Marine Le Pen. Un tribunal de su país la encontró culpable de haber desempeñado un “papel central” en un esquema de desvío de casi 5 millones de dólares del Parlamento Europeo para financiar su agrupación política, entonces llamada Frente Nacional. El fallo establece que Le Pen deberá cumplir cuatro años de prisión (dos de ellos en suspenso y dos bajo un brazalete electrónico). Además, con efecto inmediato, la Justicia francesa dispuso su inhabilitación para ejercer cargos públicos por cinco años. 

Paréntesis. De aplicarse este criterio judicial en nuestro país, decenas de dirigentes afrontarían problemas judiciales por haber nombrado “asesores” que solo tienen la misión de asegurar políticamente el territorio. El sincericidio del senador libertario Bartolomé Abdala, presidente provisional de la Cámara Alta es un botón de muestra de lo que sucede en los cuerpos legislativos: reconoció que al menos 13 de sus asesores trabajan en su campaña política y no en temas relacionados con la agenda del Congreso. Por cierto, esto no habla muy bien de la Justicia argentina.

Volvamos a Le Pen. Su discurso victimista refuerza una idea peligrosa: que la popularidad garantiza impunidad. Que solo el pueblo o la historia puede juzgar a los líderes, y que cualquier control institucional es una conspiración para sacarlos del juego. Tras ser condenada, abonó teorías conspirativas y asumió que no está mal financiar la política partidaria desviando fondos públicos. En verdad, cruzando la calle ideológica, se construye con argumentaciones de similar tenor el discurso del “lawfare”, utilizado por el kirchnerismo autopercibido como integrante de los movimientos de la izquierda latinoamericana, sus pares de la región y agrupaciones europeas del mismo signo. 

Así y todo, es difícil imaginar a Cristina Kirchner solidarizándose con Le Pen. Sin embargo, la expresidenta insiste con frecuencia con el argumento de que la Justicia la persigue por sus decisiones progresistas, por su pertenencia al campo nacional y popular. Se asume víctima de la tiranía de los jueces que siguen órdenes del poder encarnado por las ideologías de derecha que ella afirma combatir. 

Pero ahora surgió un problema. Habitando en las antípodas ideológicas, Marine Le Pen arruinó ese relato: afirma lo mismo.