Córdoba
Llaryora envió a la Legislatura el proyecto de adhesión al Rigi
La provincia de Córdoba avanza con la adhesión al régimen que promueve las grandes inversiones
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, envió hoy a la Unicameral el proyecto de ley de adhesión al Régimen de Incentivo a Grandes Inversores (Rigi) previsto en el Título VII de la Ley N° 27.742.
El texto destaca que la provincia de Córdoba se caracteriza desde hace años por su matriz productiva y tecnológica, el trabajo articulado entre el sector público y el privado que se dan en un marco de estabilidad institucional y jurídica que propician las inversiones.
A principios de mes, el ministro de Economía y Gestión Pública, Guillermo Acosta, había anticipado el carácter superador del proyecto local, al afirmar que este “impulsará las fortalezas que tiene nuestra provincia, ya que agregará incentivos que harán aún más potente a esta herramienta”.
En efecto, el proyecto de ley enviado hoy a la Unicameral añade, como una manera adicional de garantizar la viabilidad y/o desarrollo de tales inversiones, “disponer que los titulares de proyectos que se radiquen y/o localicen en la provincia de Córdoba para desarrollar y/o ejecutar inversiones productivas en la misma, gocen de una estabilidad fiscal en los tributos provinciales”.
Además, la adhesión de Córdoba al Rigi incorpora la posibilidad de extender los beneficios de esta ley a otros proyectos.
“Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a otorgar los beneficios previstos en el presente artículo, a grandes inversiones que no se encuentren comprendidas en artículo 1 de la norma sancionada por el Congreso Nacional", sostiene el texto que lleva la firma del mandatario provincial.
Además, la Provincia se reserva la potestad de “incrementar los beneficios previstos en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, así como desarrollar y ejecutar obras de infraestructura complementarias, regímenes de incentivos, y financiar programas para capacitación y nuevos puestos de trabajo”.
El proyecto de ley invita además a municipios y comunas a “dictar las normas legales pertinentes a los fines de otorgar beneficios de estabilidad fiscal a los Vehículos de Proyecto Único (VPU)”.
