La Senaf investiga su intervención en el caso de la niña asesinada en Brinkmann

La titular de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia de Córdoba (Senaf), Julia Reartes, anunció que se iniciará una investigación interna para evaluar la actuación de los empleados del organismo en relación a la situación familiar de Aralí Vivas, la niña de 8 años asesinada el sábado 2 de noviembre en Brinkmann. La investigación interna busca esclarecer si la Senaf intervino de manera adecuada ante el contexto de violencia familiar que rodeaba a la pequeña.

El asesinato de Aralí Vivas, ocurrido en su casa de calle Caseros al 800, despertó gran conmoción en la región. El crimen se descubrió cuando los Bomberos fueron llamados a sofocar un incendio en la vivienda. Al apagar las llamas, encontraron el cuerpo carbonizado de la niña sobre una cama, lo que generó sospechas en los primeros momentos. La principal incógnita fue cómo la niña había quedado inmóvil, sin intentar escapar del fuego.

El forense Mario Vignolo, a cargo de la autopsia, confirmó que Aralí ya estaba muerta antes de que comenzara el incendio, ya que no presentaba signos de inhalación de monóxido de carbono. "Lo primero que uno hace es ver la tráquea, los bronquios, buscando el negro del humo, del hollín. Y estaba totalmente limpio, eso es un indicador indubitable de que la niña al quemarse ya estaba muerta", explicó Vignolo, subrayando que este hallazgo fue clave para confirmar que el incendio fue un intento de encubrimiento.

Con esta información, el fiscal subrogante de Morteros, Oscar Gieco, ordenó la detención del padrastro de Aralí, Matías Ezequiel Simeone (33), y de su amigo, Cristian Varela (40), quienes se encontraban en la casa desde la noche anterior consumiendo drogas. Según la investigación, entre ambos habrían abusado y asesinado a la niña antes de intentar simular un incendio para ocultar el crimen. El mismo día del asesinato, los acusados retiraron a los otros dos niños de la casa y los llevaron a una plaza antes de regresar y prender fuego a la habitación de Aralí.

Preguntas sin respuestas

En el marco de la investigación judicial, se ha señalado que la situación de Aralí, al igual que la de sus hermanos más pequeños, había estado bajo el radar de la Senaf en ocasiones anteriores. Sin embargo, según los registros oficiales, la niña nunca fue motivo de intervención directa por parte del organismo, aunque sí lo fueron sus dos hermanos menores, quienes fueron separados temporalmente del hogar en el pasado.

Esto ha generado una fuerte preocupación entre los vecinos de Brinkmann, quienes aseguran que el entorno familiar de Aralí era conocido por la Senaf, pero no se tomaron medidas preventivas suficientes. "No nos sorprendió, sabíamos que podía ocurrir", comentó una vecina de Brinkmann, quien prefirió no ser identificada, pero subrayó que la situación de violencia y abuso en la casa de Aralí era algo de conocimiento público en la comunidad.

El caso ha provocado fuertes críticas hacia la intervención estatal, especialmente sobre cómo la Senaf manejó la situación. La investigación interna ordenada por Julia Reartes tiene como objetivo determinar si los funcionarios de la cartera tuvieron en cuenta los antecedentes de violencia y las condiciones del hogar en las que vivía Aralí. Aunque la ministra de Desarrollo Humano, Liliana Montero, y la directora de la Senaf se han abstenido de hacer declaraciones públicas sobre el caso, fuentes del organismo confirmaron que el pedido de Reartes fue avalado por las autoridades provinciales.

La muerte de Aralí Vivas ha dejado un fuerte clamor en la comunidad de Brinkmann, donde los vecinos exigen respuestas. La situación es vista por muchos como un fracaso de los organismos encargados de velar por el bienestar infantil. Al igual que en otros casos que han conmocionado al país, como el de Lucio Dupuy, los habitantes de Brinkmann se sienten abandonados por el sistema de justicia y las instituciones encargadas de proteger a los niños.

En este contexto, la investigación interna de la Senaf se presenta como un primer paso para entender si se falló en la detección de los riesgos que corría Aralí y si la intervención estatal fue realmente insuficiente. Sin embargo, la pregunta sigue siendo la misma: ¿por qué otra vez el Estado no logró evitar un crimen cuya tragedia ya estaba anunciada?