“La política de prevención de la niñez y la adolescencia retrocedió en lugar de avanzar”

La convocatoria pública para adoptar a una adolescente de 17 años lanzada días atrás en Córdoba, convocando a personas, familias o parejas radicadas en San Francisco, volvió a poner en discusión un tema que aún parece insoluble frente al derecho de los niños a tener una familia. 

Dicha convocatoria se sumó a una pública general lanzada semanas atrás, destinada a restituirles su derecho a crecer en una familia a un grupo de 38 adolescentes que se encuentran al cuidado y protección del Estado, en instituciones de la provincia.

En este sentido, una de las voces que se hizo eco del tema es la ex jueza de Niñez, Juventud, Violencia Familiar y Penal Juvenil de San Francisco, Esther Martínez, quien analizó los desafíos que enfrenta la Justicia en cuanto a los niños, niñas y adolescentes, así como también las herramientas legales con la que cuenta actualmente.  Según Martínez, esto es parte de un combo que hace que todavía el sistema de adopción no funcione de forma aceitada.

“La cantidad de posibles adoptantes a medida que avanza la edad de los menores cae considerablemente. En otras palabras, a los ‘niños grandes’ les resulta difícil conseguir una familia que los adopte”, dijo la ex magistrada y las estadísticas lo avalan: solo el 1,81% de los inscriptos en el Registro Único d Adopción aceptaría un hijo de hasta 12 años, ya que el grueso de las familias quiere adoptar un bebé, o a lo sumo chicos de hasta 2 años, de acuerdo a datos que maneja, por ejemplo, la Fundación Adoptar Villa María. 

Martínez sostuvo que cierta burocracia obstaculiza las adopciones. “Creo que esta convocatoria  está confirmando que el proceso, el tiempo que transcurre para declarar la situación de adaptabilidad de un menor es eterno –opinó-. Desde que el Poder Ejecutivo a través de la Senaf (Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia) se ocupa de ello, son tantas las oportunidades que se le da a la familia, al padrino, al vecino, al papá del compañero de escuela…, que a ese niño o niña se le pasa la vida. Dándole la Senaf la oportunidad a los padres o a otros pierde el niño la oportunidad de tener una vida estable, digna y equilibrada, lo que sería la base de una personalidad sana, o lo más sana posible , dado que ese menor ya está marcado por una pérdida en su historia”.

Martínez instó a “no generar, a partir de la burocracia de Senaf, otras pérdidas. Cuando el Poder Judicial sale a gritos, como ahora, en convocatorias pública para buscar un hogar para alguien de 17 años, antes que cumpla la mayoría de edad, yo a gritos también digo, este sistema falló, debe caducar, hay que hacer un cambio”.

“Respecto a la Ley Penal Juvenil, vuelvo sobre el tema porque no puede incidir aquella legislación que se dicte o exista en materia de prevención y adopción de menores. Tiene una gran concatenación con las disposiciones para prevención de menores y contención de los mismos, con la Ley Penal Juvenil. Un niño, niña o adolecente que no encuentra su centro de vida por años y pasa de padres abandónicos  a familiares que también son abandónicos y luego va a un instituto para después probar otros hogares de tránsito, tendrá altas probabilidades de delinquir ante esta falta de políticas de minoridad”. 

“Creo que la política de prevención de la niñez y la adolescencia ha retrocedido en lugar de avanzar en este último tiempo –indicó la ex jueza-. No importa el nombre que le pongamos, pero sí hay que darle la real importancia que la minoridad o la niñez y juventud deben tener. Cuando comencé a trabajar en 1980, existía en Córdoba el Consejo del Menor, dependiente del Ministerio de Bienestar Social provincial, y todas las medidas que se tomaban desde los juzgados de menores eran con el Consejo, era una oficina enorme que decidía qué menores podían ser dados en adopción y quienes podía adoptar”. 

“El problema que tome la decisión el Consejo del Menor era que pertenecía al Poder Ejecutivo y ¿qué garantías no tenemos cuando la minoridad está en manos del Poder Ejecutivo o gran parte de eso? No tenemos garantía que las personas sean apartidarias; tampoco nos garantizan si estamos en una lista de adopción que nos toque realmente el turno y que no le va a tocar a un amigo”, continuó Martínez. Al “Poder Ejecutivo no es por concurso, se llega más por amiguismo. Entonces no podemos dejar a algo tan vulnerable como es la minoridad en manos de los amigos del poder de turno, aunque tengan un título y estén capacitados. Hubo casos puntuales en Córdoba y muy conocidos por la opinión pública en que la falta de comunicación entre el Poder Judicial y el Consejo del Menor llevó a que hubiera niños dados en guarda que luego fueron víctima de violencia; la entrevista estuvo mal hecha, se eligió mal el hogar de guarda o adopción, hubo mala comunicación y malas decisiones”.