Análisis
La cuestión universitaria
Es de esperar que, luego de la protesta de hoy, se comprenda la imperiosa necesidad de establecer las reglas para que la universidad pública pueda funcionar de modo correcto, se abandonen los sectarismos y defiendan los principios rectores nacidos en aquella reforma del año 1918.
A raíz de la crisis presupuestaria en la que se encuentra inmersa, amplios sectores del ámbito universitario nacional dejaron por un lado los conflictos internos y llamaron en conjunto a una Marcha Federal Universitaria para hoy, a la que se sumarán importantes sectores gremiales como la CGT y también la mayoría de las agrupaciones políticas de la oposición.
El disparador de la movilización es la reducción del 72% en términos reales que sufrieron las partidas de desarrollo de la educación superior en el Presupuesto 2024, el cual explica el 90% del gasto total de las universidades. Hasta el primer trimestre, el gobierno nacional sólo ejecutó el 34,4% de las políticas universitarias: este ajuste alcanza a los salarios de docentes, autoridades superiores, no docentes, fondos de funcionamiento básico de los edificios, programas de desarrollo, entre otros aspectos.
El conflicto que ha surgido entre las universidades y el gobierno nacional tendrá hoy una expresión que, se supone, exhibirá el malestar existente en las casas de altos estudios por las drásticas reducciones de presupuesto que, según se afirma, pondrían en peligro su funcionamiento futuro. Se trata de una cuestión muy sensible a la que la actual administración no parece tomarle el verdadero pulso, ensimismada en una lógica a veces inentendible. Pero en la que también se entrometen las disputas político – ideológicas que terminan derivando las discusiones hacia callejones sin salida.
Un par de variables yacen en el fondo de la cuestión que se debate hoy en la sociedad y que tendrá en la marcha una expresión que, muy posiblemente, no podrá ser ignorada por las autoridades. Por un lado, la certeza de que la historia de la universidad pública está atravesada por permanentes distorsiones presupuestarias que dificultan y hasta ponen en peligro el central concepto de autonomía. Por el otro, un desorden político – administrativo en determinados centros, fruto de la ideologización extrema que favorece situaciones de cancelación, destroza la libertad de cátedra. Situación que termina elevando los intereses sectoriales y partidarios en detrimento de los estrictamente académicos.
No son numerosos los temas sociales en los que coincide la mayoría del pueblo argentino. La gratuidad de la enseñanza universitaria y la concreción del principio de igualdad de oportunidades forman parte de este listado. Sin embargo, la discusión pública se enardece, no encuentra el rumbo y termina en conflictos que no habilitan la reflexión y el debate que podría darse partiendo de aquellas premisas en las que existe algún consenso. Mientras las acusaciones sigan cruzándose y las obstinaciones prevalezcan sobre la sensatez, el problema no podrá ser ni siquiera encarado.
Es de esperar que, luego de la protesta de hoy, se comprenda la imperiosa necesidad de establecer las reglas para que la universidad pública pueda funcionar de modo correcto. Para hallar ese camino será menester serenar las pasiones, dejar de lado la intolerancia, fortalecer la austeridad en el uso de los recursos, planificar la inserción y el aporte de estos centros del saber en el mundo que viene, abandonar los sectarismos y defender los principios rectores nacidos en aquella reforma del año 1918.