La balacera de Colonia Malbertina
San Francisco, "cuna de la mafia", fue lo que aseguró un diario de Buenos Aires, en plena década infame, sobre nuestra ciudad. Una serie de crímenes y escándalos que involucraron a autoridades policiales y políticas parecieron darle algo de razón. Así comienza este nuevo especial de LA VOZ DE SAN JUSTO sobre las crónicas negras locales.
Por Manuel Montali | LVSJ
Dos asaltos. Tres víctimas fatales. Policías, jueces y autoridades políticas involucradas en una trama que se prolongó dos años. San Francisco vivió una verdadera novela negra durante la década infame.
El primer capítulo tuvo lugar en la noche del 23 de enero de 1933. El lugar, Colonia Malbertina, a diez kilómetros al oeste de San Francisco, donde vivía la familia de agricultores encabezada por Bautista y Ana María Giletta.
¿Hora? Poco antes de las 22. La familia estaba cenando cuando entre tres y cinco personas comenzaron a atacarlos con armas de fuego. Más de 25 disparos se contabilizaron, de pistolas calibre 45 y 38. Sin dudas, una salvajada impropia para esa época... y para cualquier época.
La puntería no era por suerte el mejor atributo de los asaltantes. Bautista resultó herido en una mano. Su hijo Juan Antonio, en la pierna izquierda. Otro de los hijos, Agustín, se llevó la peor parte, con dos balazos en el abdomen y uno en la pierna derecha. Ana María Marengo de Gilletta tuvo lesiones en el parietal izquierdo y otras dos en el brazo derecho al intentar cerrar la puerta para librarse de los delincuentes. Otros dos miembros de la familia, Bautista (h) y su hija Hélida resultaron ilesos.
Dos vecinos, Miguel Merlo y Francisco Delepute, fueron los que dieron alerta a la policía. Con las primeras investigaciones, bajo la sospecha del robo como móvil, se supo que un auto con cinco personas había estado en la tarde del 23, recorriendo chacras vecinas y preguntando por los Giletta. Se sospechaba de un móvil de robo y de que los delincuentes habrían recibido un "dato" sobre la familia de agricultores. Se produjeron entonces dos detenciones en Devoto y tres en San Francisco, pero todos fueron liberados.
El 28, falleció Agustín. Ana María se recuperó. El 9 de marzo murió Juan Antonio.
Una historia de poliladron
A un mes del ataque, hicieron ruido en la ciudad las declaraciones publicadas por un diario porteño, que situaba a San Francisco como la "cuna" de la mafia. La ciudad ya había saltado a los medios nacionales unos años antes, con la larga y sangrienta protesta obrera hoy conocida como el "Primer Tampierazo". Pero de allí a ser el huevo de la serpiente, todavía había un trecho.
En medio del escándalo por la no resolución de este brutal asalto, el 21 de marzo renunció el comisario general Francisco Peralta, enemistado con el jefe político Antonio Argüello (atención a este nombre, porque será fundamental en el Capítulo 2), pero se reintegró el 1 de abril.
Esa misma noche, otro crimen, un asesinato con alevosía sobre calle Iturraspe, le dio el recibimiento de rigor. Este segundo hecho de sangre, que será el tema de nuestro próximo Capítulo, se robó toda la atención, y por un tiempo la ciudad pareció olvidarse de la balacera de Colonia Malbertina.
La inoperancia de la policía local para resolver ambos hechos motivó a la cúpula cordobesa a mandar sus propios detectives, ya que empezaban a sospechar la posible connivencia policial con los delincuentes protagonistas de estos hechos. Llegaron dos personajes centrales para toda esta trama, los investigadores Arturo Belén y Antonio Pacheco.
El "esclarecimiento"
Los investigadores capitalinos pusieron a la ciudad patas para arriba y en poco tiempo lograron lo que sus pares locales no habían podido hacer en largos meses. Primero resolvieron el caso de calle Iturraspe, consiguiendo que sus tres autores confesaran su culpabilidad. Estos eran el exagente Abdón Machado, el policía en funciones Adolfo Digno Ramos y su hermano Arnaldo, ex subcomisario de Quebracho Herrado (también obtuvieron la confesión del que habría sido el "datero"). Se demostraron asimismo los vínculos de la delincuencia con la fuerza de seguridad local, lo que desató un escándalo mayúsculo desde la cúpula policial hasta la política.
Y ya que estaban de visita, se tomaron la molestia de "cerrar" el primer caso. Porque un vecino de Colonia Malbertina aparentemente identificó a Arnaldo Ramos como uno de los hombres que habían estado merodeando las chacras el día del asalto a los Giletta.
La cosa no terminó ahí, porque por medio de los detenidos se supo que Francisco Aiassa, subcomisario de la vecina Colonia Marina, era el presunto jefe del grupo que había atacado a la familia de colonos. El vehículo en que se habían movilizado en teoría lo había conseguido justamente Aiassa pero habría pertenecido al comisario de San Francisco, Juan Arnaudo. Ambos, junto a los ya mencionados Abdón Machado y los hermanos Ramos, quedaron detenidos. Con policías así, la ciudad podía prescindir de delincuentes.
El revés
Todo parecía encaminado. La "mafia" local denunciada desde Buenos Aires se veía desarticulada para 1934, a un año de los crímenes. Pero... la causa se volvió a dar vuelta a partir de una serie de denuncias de personas detenidas sobre apremios ilegales en la comisaría, y en particular contra los investigadores cordobeses, quienes aparentemente se valían de medios "non sanctos" para lograr las confesiones con las que resolvían los crímenes. Arnaldo Ramos y Abdón Machado se retractaron de su declaración como responsables del caso Giletta y afirmaron haber sido torturados para que incriminaran al jefe policial de San Francisco.
Para octubre de 1934, luego de varias idas y vueltas sobre ambas causas, y con una ciudad sumida en un escándalo que salpicaba cada vez más alto, el juez del Crimen de Sexta Nominación de Córdoba, Arturo Maldonado, ordenó abrir un proceso por torturas contra los investigadores cordobeses Belén y Pacheco, entendiendo que habían logrado falsas declaraciones mediante apremios ilegales para resolver el caso Giletta con los implicados en el asesinato de calle Iturraspe.
Oficialmente, la balacera de Colonia Malbertina nunca se resolvió.
El 3 de diciembre, a poco de cumplirse dos años del primer crimen, el gobernador Pedro Frías ordenó que se repusiera en sus cargos a todos los funcionarios procesados y suspendidos por el caso de las supuestas torturas.