Indultos que renuevan un debate

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, conmutó días atrás las sentencias de casi todos los presos condenados a muerte a nivel federal, salvando la vida de 37 hombres apenas un mes antes de que Donald J. Trump regrese a la Oficina Oval con la promesa de reiniciar las ejecuciones federales. Los beneficiados por la medida, todos ellos condenados por asesinato, cumplirán cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en lugar de ser ejecutados. Solo tres hombres, cada uno de ellos perpetrador de notorios asesinatos en masa, permanecerán en el corredor de la muerte federal en el país del norte.

La decisión del mandatario que está a punto de dejar la Casa Blanca se inscribe en el marco de la discusión política interna de la potencia de América del Norte. Pero tiene ramificaciones que traspasan las fronteras y se encuadran en una problemática más profunda: la de establecer finalmente la derogación de todas las legislaciones que prohíjan la pena de muerte como medio de hacer justicia frente a crímenes graves. 

Por cierto, se trata de una postura que, muy posiblemente, no tenga mayoría en la adhesión de los pueblos, aquejados por la amenaza grave de la inseguridad en todas sus facetas. Y también por un clima de época en el que la intolerancia cancela disidencias y destroza cualquier intento humano por defender el valor de la vida, aun la de quienes la violaron con sus crímenes. En este marco, Trump apoya la pena de muerte y durante su campaña presidencial de 2024 pidió una ampliación, sugiriendo que los “traficantes de drogas y personas” y los abusadores sexuales de menores deberían ser ejecutados. Vale recordar que, durante su primer mandato, el presidente norteamericano electo reanudó las ejecuciones federales después de una pausa de casi 20 años; las 13 se llevaron a cabo en los últimos seis meses de su administración. 

No obstante, se hace preciso remarcar la idea contraria. La pena de muerte es, más que una medida de justicia, un acto de venganza incompatible con la dignidad de la persona humana.  "Los países que siguen llevando a cabo ejecuciones no tienen en cuenta el hecho de que tanto las normas internacionales de derechos humanos como los organismos de derechos humanos de la ONU han sostenido de manera sistemática que la abolición de la pena de muerte debe ser el objetivo último", establecía hace algunos años un informe de Amnistía Internacional.  En el mismo sentido, muchos organismos internacionales presentan estadísticas que concluyen en que no hay evidencia terminante de que la pena de muerte sea un disuasivo más efectivo que otras condenas severas”.

En definitiva, entendiendo que existe una importante adhesión a la pena de muerte incluso en los países como el nuestro dónde no está contemplada en la legislación, es preciso señalar que los Estados no pueden rebajarse al mismo nivel que cualquier homicida. El desprecio por la vida que exhibe la delincuencia exige respuestas firmes, pero no imitativas de esa conducta irracional.