San Francisco
El pastor religioso fue procesado por trata de personas y explotación laboral
El juez Pablo Montesi ordenó el procesamiento de Elías Argüello y de otros cuatro imputados por presunta “trata de personas con fines de explotación laboral y reducción a la servidumbre”. Captaban a fieles y los alejaban de sus familias.
El juez federal de San Francisco, Pablo Montesi, hizo lugar al pedido de la fiscalía y ordenó el procesamiento de Elías Daniel Argüello, líder del culto “Dimensión Cielo” de esta ciudad y también el de otras personas del grupo por trata de personas con fines de explotación laboral. Por este delito, Argüello estuvo detenido algunos meses en el año 2021.
Los otros procesados son Daiana Felisa, Ricardo Mercado y Maximiliano Mercado, como presuntos coautores, y Marcos Burini, como supuesto partícipe necesario, del delito de trata de personas con fines de explotación laboral (finalidad de reducción a la servidumbre), “agravada por haber sido perpetrada mediante engaño, abuso de la situación de vulnerabilidad, pluralidad de autores, pluralidad de víctimas y por haber sido consumada”, según cita el fallo judicial que pudo conocer LA VOZ DE SAN JUSTO. En el caso de Argüello, se agrega el agravante por ser ministro de un culto religioso.
Sin prisión preventiva, los imputados deberán cumplir con ciertas medidas: someterse al procedimiento y no obstaculizar la investigación; presentarse quincenalmente ante la División Unidad Operativa Federal Córdoba de la Policía Federal Argentina o dependencia de dicha fuerza; no podrán salir del país ni concurrir a reuniones, visitar lugares o acercarse a las víctimas. Si no obedecen, serán detenidos.
Además, Montesi trabó un embargo sobre los bienes Elías Argüello, Daiana Felisa, Ricardo Mercado y Maximiliano Mercado por $10.000.000 cada uno y sobre los bienes de Marcos Burini por $5.000.000.
El procesamiento había sido solicitado por la fiscal federal de Villa María, María Marta Schianni, luego de que el juez de esa ciudad, Roque Rebak –que subrogaba a Montesi en ese momento- ordenara liberar a Argüello al dictarle “falta de mérito” a mediados de 2021.
Sin embargo, un año después la Cámara Federal de Apelaciones revocó la decisión de Rebak y avaló lo investigado por la fiscal.
Se trata de una causa que data de finales de 2020 cuando se realizaron una serie de allanamientos en la vivienda de Argüello en el country Ayres del Golf en San Francisco y en dos de sus emprendimientos, vinculados a la panificación y al mercado inmobiliario.
El pastor evangélico, que también era youtuber, se presentaba ante sus seguidores como un líder religioso y comenzó a ser investigado por las pésimas condiciones laborales a las que sometía a sus víctimas en una empresa de panificación.
Durante la investigación se llevaron a cabo distintos allanamientos en los que se recolectaron pruebas clave, pero además se realizaron escuchas telefónicas que fueron determinantes para la causa. También hubo muchas declaraciones testimoniales.
En marzo de 2021, Argüello fue detenido hasta que meses después obtuvo la libertad
“Hubo una coerción psicológica muy poderosa”, dijo la fiscal
“La investigación determinó que este grupo de personas se dedicaba a captar a otras mediante la maniobra de convencimiento y persuasión. Sus víctimas estaban en situación de vulnerabilidad y pobreza y de cierta fragilidad espiritual, entonces se aprovecharon de eso”, dijo a LA VOZ DE SAN JUSTO la fiscal Schianni que investigó este caso que tuvo repercusión nacional.
Las víctimas que se nombran en el expediente de la causa son seis, aunque la funcionaria judicial sostiene que eran más en base a “historias y testimonios” que llegaron a su fiscalía a partir de este caso y que demuestran que los acusados llevaban “varios años” captando gente.
“Los hacían trabajar jornadas extensísimas en condiciones deplorables, sin ningún tipo de salario, todo lo recaudado con la venta callejera y en los colectivos urbanos iba destinado a un fondo común. Recién cuando vendían todo, podían regresar. Vivían hacinados en una casa de barrio Argüello, en Córdoba”, detalló Schianni. “También tenían deficiencias nutricionales”.
Otra grave cuestión que determinó la investigación es que “a las víctimas se les cambiaba el nombre, esto fue analizado por los profesionales en sus declaraciones. Se dio un proceso de despersonalización, todo con la finalidad de manipularlas”.
La fiscal contó que dos de las víctimas estaban en San Francisco y el resto en Córdoba. Desde nuestra ciudad, eran vigiladas a través de cámaras instaladas en la casa de la capital provincial.
“Aquí se violaron todos los parámetros que mencionan los protocolos de trata de personas, hubo explotación en términos de una reducción a la servidumbre, que considera a la persona como un objeto, una cosa, afectando a su dignidad”, afirmó Schianni.
Asimismo, justificó su pedido de procesamiento con el hecho de que “las víctimas no se autopercibían víctimas, entonces no se podían tomar al pie de la letra sus declaraciones porque habían sido despersonalizadas y su consentimiento estaba viciado. Los peritos hablaron de una coerción psicológica muy poderosa que tiene origen divino”.
“Eran víctimas pero no se percibían como tales, padecieron despersonalización, miraban y hablaban por los ojos del líder de la secta. Sus vidas eran manejadas”, manifestó la entrevistada.
El hecho
Daiana Herrera estaba involucrada junto a su marido, Argüello, en la presunta explotación laboral de dos mujeres las que realizaban tareas como empleadas domésticas, cuidaban de los hijos del matrimonio, recibiendo un exiguo pago y vivían en condiciones precarias.
A Maximiliano Mercado se lo sindica como socio de Argüello en una panificadora de la ciudad de Córdoba. Esta persona habría tenido a su cargo el control sobre las víctimas, diagramar el trabajo, distribuir las tareas, además de administrar el dinero obtenido.
De acuerdo a la investigación, las víctimas fueron captadas por integrantes de la organización en San Francisco, se las convencía para que se alejaran de sus familias y cedieran en beneficio de la organización sus bienes materiales y de este modo reducirlas a la servidumbre con la finalidad de explotarlas laboral y económicamente.
Todo se conoció a partir de la denuncia radicada ante la Justicia Federal por la hermana de una de las víctimas oriundas de la provincia de Misiones.