El Gobierno desvinculó más de 31.000 empleados públicos desde que asumió Javier Milei

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, incluyó en su informe de gestión presentado ante el Senado que la cantidad de empleados que fueron desvinculados del Estado en los primeros 10 meses de la administración libertaria asciende a 31.226 personas, entre los que figuran los de las empresas y sociedades, que son 11.200, y los de la Administración Pública centralizada y descentralizada, que totalizan otras 20.026.

El Informe 141 ante el Senado de la Nación, con más de 1.000 páginas, contiene la respuesta del ministro coordinador, que está dividida en dos partes. Ante la consulta sobre cuál es la cantidad de agentes que fueron despedidos desde el 10 de diciembre del 2023 hasta la fecha y en la que se pide el desagregado por jurisdicción, organismo descentralizados, empresas públicas, fondos fiduciarios y otros entes, desde Gabinete detallaron en una primera parte las desvinculaciones que se produjeron en la Administración Pública Nacional centralizada, descentralizada y otros entes.

Desde el Gobierno indicaron -entre otras respuestas ante las más de 1.100 preguntas que le enviaron los legisladores de la Cámara Alta- que “el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado (a cargo de Federico Sturzenegger) informa que corresponde remarcar que no se llevaron a cabo despidos, sino que el Estado, en uso de sus facultades discrecionales y su poder de administración, optó por la no renovación de ciertos contratos por tiempo determinado cuya duración ya había finalizado. Asimismo, pudieron ocasionarse desvinculaciones por jubilación y/o bajas vegetativas”.

Allí se deja constancia que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) sufrió la mayor cantidad de bajas, con 1.122 agentes menos. Le siguen la Administración Federal de Ingresos Públicos, que ahora se denomina Arca, con 776 trabajadores que se desvincularon; el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), con 644 bajas; Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), 567; Estado Mayor General de la Armada, 442; la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), 381; la Dirección Nacional de Vialidad, 326; el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), 236 y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), con 223. Luego se incluye a otros organismos que sufrieron recortes, pero en mucha menor medida.

En la segunda parte está la variación de puestos de trabajo que se produjeron entre diciembre de 2023 y septiembre de este año en las empresas y sociedades del Estado. La lista la encabeza el Correo Oficial de la República Argentina S.A que tuvo 4.181 empleados menos que al comienzo de la gestión de Javier Milei. Aerolíneas Argentinas aparece en segundo lugar con 1.552 personas que dejaron de pertenecer a la línea de bandera y luego se ubica Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), con 1.240 trabajadores desvinculados.

También hubo importantes recortes en todas las empresas vinculadas al sector ferroviario. En Desarrollo del Capital Humano Ferroviario S.A.P.E.M. se alejaron 955 personas, en Operadora Ferroviaria S.E. (Trenes Argentinos Operaciones), 624 y en la Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E. (Adif), 195. El total es de 11.200. Además, la agencia de noticias estatal Télam que Milei decidió cerrar en marzo, quedó con 597 empleados menos, ya que pasó de 790 a 193. La reducción de personal también fue importante en Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado (RTA - Canal 7 - TVP) de donde se marcharon 285 trabajadores.

El gobierno de Milei determinó el cese de todos los contratados en el último año de la gestión de Alberto Fernández, a los pocos días de su asunción. En marzo y en junio, luego de renovaciones trimestrales, también numerosos empleados resultaron discontinuados.

El vocero presidencial Manuel Adorni reconoció en conferencia de prensa a fines de septiembre que “trimestralmente se sigue evaluando el comportamiento, las funciones y la necesidad de ese recurso (en referencia a los contratos), y todos los que dirigimos algún área tenemos la responsabilidad de seguir evaluando personal, más en lugares donde hubo cambios de estructura, como puede ser mi caso”.

Desde que llegó a la Rosada, el presidente se puso como objetivo mejorar las cuentas y achicar la planta estatal. A inicios del mes de junio, cuando el jefe de Estado cerró el acto del Latam Economic Forum había ratificado que avanzaría con el “plan motosierra” y que el Gobierno iba a despedir próximamente a otros 50.000 empleados públicos, más allá de los que había apartado a fines de 2023 y el 31 de marzo de este año. Esa amenaza no se concretó porque desde algunos ministerios hicieron llegar la información a la Casa Rosada de que no pueden seguir disminuyendo la cantidad de personal, ya que eso afecta su normal funcionamiento.

La cifra de 50.000 despedidos se repitió en otros discursos del primer mandatario. En los gremios estatales temen que la “motosierra” se ponga nuevamente en funcionamiento ante el cierre del último trimestre del año, cuando se vencen numerosos contratos.