El futuro de los alquileres

El presidente electo, Javier Milei, reiteró su visión en torno al mercado de alquileres en el país, hoy regido por una ley recientemente modificada, pero a todas luces inconsistente, para hacer frente a los desafíos que se han planteado luego de la vigencia de una norma que destruyó la oferta y puso en aprietos serios a innumerables familias que no pueden aún acceder a su vivienda propia.

Las afirmaciones de quien asumirá el próximo 10 de diciembre se condicen con su mirada liberal de las relaciones sociales. Es decir, apunta a la derogación de la ley que rige actualmente y restablecer las normas del Código Civil y Comercial, estableciendo además la libre negociación entre propietarios e inquilinos.

Casi 8 millones de habitantes del país deben alquilar casas o departamentos para vivir. Es un número que deja al desnudo otra faceta triste de la decadencia nacional. Aquel sueño de la casa propia, puntal de la movilidad social ascendente, es hoy una quimera. Los desequilibrios macroeconómicos han derivado en la inexistencia de créditos hipotecarios a largo plazo y a tasas razonables. En el mundo entero, estas políticas crediticias son habituales. Pero aquí los jóvenes que pretenden alcanzar aquella aspiración se debaten en la incertidumbre y en el malestar que provoca la imposibilidad de llegar a convertirse en propietarios. 

En este tema de los alquileres queda demostrado cuán nociva puede ser la intervención del Estado cuando una legislación no respeta el derecho de propiedad, impone plazos irrazonables y determina ajustes de precios impagables para una cantidad importante de familias en todas las geografías del país. Las leyes impuestas por un Congreso que apuntó a una visión demagógica y los errores de política económica terminaron por destrozar el mercado. Las propiedades dejaron de ser ofertadas y los aumentos anuales generaron zozobra en los inquilinos.

En efecto, las leyes que se impusieron provocaron el “milagroso” hecho de los inquilinos y propietarios coinciden solo trajeron complicaciones y que el mercado inmobiliario se retrajo al mínimo. En este contexto, meses atrás una publicación especializada señalaba que había un 30 % menos de oferta de inmuebles en locación y la demanda por parte de los inquilinos es cada vez mayor, debido a la imposibilidad de acceder a la casa propia. Con ello, los valores de los alquileres se dispararon a precios en pesos que resultan casi inaccesibles a quienes desean alquilar un inmueble como vivienda. Ese mismo informe daba cuenta de que, por parte de los propietarios, la rentabilidad en dólares (teniendo en cuenta como se venden los inmuebles en nuestro país) es la más baja de los últimos 20 años, por lo que los desalienta a alquilar los mismos y deciden ponerlos a la venta a pesar de la baja de precios de más de un 30 % ocurrida a lo largo de los últimos tres años.

Entonces, lo que venía a ser la solución definitiva a un problema de siempre, terminó agregando nafta al fuego en un mercado afectado por las variables negativas de la economía que, generalmente, funcionó bien cuando las reglas o las leyes fueron sencillas y favorables a la libertad de negociación. El estropicio económico generado por la inflación galopante y los desequilibrios fiscales propiciados por el gobierno que se despide se agregaron para configurar un panorama dramático, tanto para propietarios como para inquilinos.