El futuro de las obras públicas

Como era de esperar, algunas definiciones del presidente electo, Javier Milei, han generado un amplio debate entre políticos y funcionarios de todas las áreas y niveles del Estado. En este contexto, despertó numerosas reacciones el anuncio de que uno de los principales recortes de gastos de la Nación pasará por la obra pública. 

Más allá de las enfáticas palabras del ganador del balotaje, todavía existen algunos grises que aguardan ser esclarecidos en torno al tema. No obstante, la tajante definición de que “no hay plata” y que, por lo tanto, los trabajos que viene ejecutando el Estado nacional deberán buscar otras alternativas de financiación ha generado preocupaciones y rechazos en algunos sectores, mientras que en otros ámbitos se prefiere aguardar definiciones e, incluso, existen intenciones de buscar alternativas para que las obras continúen. El presidente electo sostuvo que cada intendente o gobernador deberá buscar la forma de financiamiento, puesto que "vamos a ir a un sistema de iniciativa privada, a la chilena". "No hay plata. Si no hacemos el ajuste fiscal nos vamos a la hiperinflación, con el 95 por ciento de pobres", dijo. 

La inevitabilidad del ajuste fiscal no ingresa en la discusión. Es esencial que los números del Estado ingresen en un terreno de racionalidad luego del enorme despilfarro que se verificó en la gestión del actual gobierno. La cuestión pasa, entonces, por los rubros que serán afectados. 

Así las cosas, a la obra pública se destinan ingentes fondos, pero no siempre se concretan las realizaciones proyectadas. Una sombra de sospechas se cierne, debido a conocidas maniobras de manejos espurios y de hechos de corrupción, en reiterados casos determinantes de que la infraestructura de nuestro país tenga 20 años de atraso como mínimo. Sin embargo, será importante conocer en detalle los parámetros sobre los cuales se asentará la política del futuro gobierno en esta materia. 

La realidad muestra que las concesiones en materia de trenes, energía de varios rubros y corredores viales ya han vencido o han pasado nuevamente a la órbita del Estado. Y que no hubo en estos últimos años decisiones para que se favoreciera la participación privada en este tema. En este punto, voceros de la agrupación política que ganó las elecciones sostienen la necesidad de avanzar en un sistema “a la chilena”. En el vecino país, aun con un gobierno de tinte socialista, los privados tienen una participación muy importante desde hace varias décadas en la obra pública. Es un esquema que permite ahorrar recursos estatales y liberarlos para otras iniciativas. 

No obstante, el Estado chileno nunca se retiró totalmente de la obra pública. Quienes conocen exhaustivamente el sistema afirman que las decisiones se toman en función de la “rentabilidad social”, lo que permite “focalizar la inversión”. Además, sostienen, “participan las regiones para definir prioridades”.

Está claro que el recorte o la suspensión de las obras públicas es una medida que se origina en la crisis grave que sufre la Argentina. Pero será clave aquello de definir las prioridades y establecer acuerdos con las provincias y los municipios. Por lo mismo, tal como lo ha sostenido el intendente de nuestra ciudad cuando fue consultado por este diario sobre el tema, existen modelos de gestión que permiten encontrar soluciones al menos hasta que la emergencia se atenúe. Bernarte indicó al respecto que “si se pueden generar acuerdos para tomar decisiones que nos permitan generar mejores condiciones de vida para los vecinos, entre ellas, cuestiones vinculadas a una nueva modalidad de obra pública, estaremos con la cabeza abierta para ver qué es lo que se puede hacer”.

Del análisis sereno y de la responsabilidad en el manejo de los fondos pueden surgir nuevas alternativas.  El dogmatismo de una u otra vertiente ideológica no es una buena receta para el análisis del futuro de la obra pública en el país.