El Estado dejó de pagar sueldos a los obispos: “Genera alivio” y “transparencia”

Desde el comienzo de 2024, la Iglesia Católica informó que el Estado nacional dejaba de otorgar la asignación mensual que recibían los arzobispos y obispos de todo el país por lo cual la Iglesia Católica ya no recibirá el aporte económico del Estado.

Se trata de un proceso que se inició en 2018 y se venía aplicando de manera parcial en los años subsiguientes hasta que, a fin de 2023 abarcó la quita total del aporte estatal para financiar la asignación mensual a arzobispos y obispos.

De hecho, la Conferencia Episcopal Argentina informó oficialmente que “el último día hábil de diciembre de 2023, concluye, conforme a lo establecido en Asamblea Plenaria e informado a la Secretaría de Culto, el proceso de renuncia de los arzobispos, obispos diocesanos y obispos auxiliares a la asignación mensual prevista en la ley 21.950″.

De hecho, la propia Constitución Nacional habla, en su artículo 2° respecto del sostenimiento del culto por parte del Estado Nacional. Allí se deja bien en claro que “el Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano”.

A partir de esta medida, el obispo diocesano  Sergio Buenanueva brindó detalles acerca de la manera en que se sostiene económicamente la Iglesia Católica y además descartó que esta eliminación del aporte del gobierno nacional pueda poner en riesgo la actividad religiosa de la Iglesia.

En diálogo con LA VOZ DE SAN JUSTO indicó que “la Argentina no cuenta con un Estado confesional, sino más bien promueve la libertad religiosa al mismo tiempo que reconoce un vínculo especial con la Iglesia Católica que es histórico y cultural y se vehiculizó a través de este sostenimiento materializado por una partida del Presupuesto nacional”.

El religioso recordó que, en tiempos de la dictadura militar, se aplicó un mecanismo que se mantuvo vigente hasta el pasado 31 de diciembre por medio del cual “se otorgaban tres partidas. Una de ellas era una asignación a los obispos para cada obispado; una asignación para parroquias de frontera y una tercera vinculada con la formación de los futuros sacerdotes y congregaciones históricas”.

De hecho, a partir del 31 de diciembre se dejó sin efecto el envío de las asignaciones a los obispos mientras que “de manera paulatina” también se irá eliminando las otras dos asignaciones.

Este mecanismo continuó de esa manera hasta el año 2018. Allí, según explicó monseñor Buenanueva, “una diputada radical preguntó cuál era el sueldo que el Estado nacional le pagaba a los obispos y allí se generó una polémica pese a que dentro de la misma Iglesia bregábamos para que se diera este paso por el cual la Conferencia Episcopal Argentina, la administración del expresidente Mauricio Macri y un fuerte apoyo del Papa Francisco se comenzaron los diálogos y se acordó una renuncia progresiva a estos tres rubros, la primera de las cuales se efectivizó en diciembre pasado”.

Cabe señalar que, al establecerse la asignación para cada obispo, se estableció que la misma “era del 80 % que lo que percibía un juez de Segunda Instancia, aunque nunca se recibió ese monto. Siempre fue mucho menos”. De hecho, la última partida que arribó al Obispado de San Francisco fue de $ 56.000.

“Esto también afecta a los obispos jubilados que perciben una suma de $ 98.000”, explicó. Igualmente, cada obispo en actividad percibe la suma mensual de $ 208.000 que se actualiza por el índice de Utedyc. “Es muy bueno que eso se dé a conocer porque la gente tiene que saber hacia dónde va lo que aporta y eso nos hace bien a todos”.

Además, dijo que esta medida que causó tanto revuelo mediático “es más simbólica que efectiva” ya que “cubre entre el 6 y el 7 % del total de los ingresos de cada diócesis” habida cuenta que “el ingreso fuerte que tiene cada diócesis proviene de los aportes que recibe de la misma comunidad. El Estado aporta un mínimo porcentaje y esto no hace más que significar un gesto de mayor libertad de la Iglesia frente al Estado y viceversa en un contexto de una sociedad argentina que es más plural donde los vínculos entre Iglesia y Estado tienen que crecer en libertad”.

Pese a la renuncia al aporte del Estado a la Iglesia, el obispo dijo que “no hay que desconocer” el aporta que “la Iglesia hace a la sociedad a través de la misión que se lleva a cabo de manera diaria con un profundo aporte espiritual”. Y agregó que “esto es algo bueno” porque configura “un gesto simbólico” y “un paso más” que “en definitiva, en nuestro caso, esos 55.000 pesos fueron absorbidos con los ingresos que pudimos incrementar en estos últimos años”.

De dónde provienen los ingresos del Obispado

Cada año, el obispado de San Francisco, como el resto de las diócesis del país, ponen en marcha un mecanismo financiero que les permite sostener el desarrollo del culto y las distintas acciones que se desarrollan de cara a la comunidad.

En el caso de la diócesis local, todas las parroquias de la diócesis aportan una cuota mensual cuyo monto responde a la cantidad de habitantes, tomando en cuenta el resultado que arroje un detallado balance anual. A esto se suma la renta de propiedades que el Obispado tiene y cuyo alquiler les permite generar recursos que se vuelcan al sostenimiento de las distintas actividades.

En tercer lugar, se reciben donaciones particulares que les permite equilibrar los ingresos con los egresos “con un resultado bastante justo” reconoció el obispo Buenanueva lo que les permitió “equilibrar las cuentas”.

A su vez reconoció que “la inmensa mayoría de las parroquias, recurren a la realización de eventos para financiar su funcionamiento como la realización de almuerzos anuales, cenas y distintas actividades cuyo aporte moviliza a la comunidad”.

“Esto genera alivio”

En la última parte del diálogo, monseñor Buenanueva reconoció que esta medida puesta en vigencia desde el pasado 1 de enero “genera alivio” y además “otorga mayor transparencia” ya que “a medida que la administración de la diócesis en las parroquias se incorpora a un sistema económico en vínculo con los bancos eso nos obliga a ser más transparente y eso es muy bueno”.

La Iglesia en números

Un obispo percibe una suma mensual de $ 208.000. A esto se le suman los aportes jubilatorios a cargo del Obispado y un sistema de seguridad social mediante la mutual San Pedro.

Un obispo emérito también percibe una suma mensual de $ 208.000. En este caso el pago de esa suma proviene de la diócesis de la cual fue obispo. Si ese obispo recibe la jubilación del Estado que corresponde a 98.000 pesos, la diferencia restante de $ 110.000 es aportada por la citada diócesis.

En la diócesis de San Francisco los sacerdotes reciben una asignación mensual que corresponde a lo establecido en el salario mínimo vital y móvil estimado en $ 156.000 a lo que se agrega el aporte jubilatorio y la seguridad social. Ese dinero surge del aporte de la parroquia a través de los Consejos Pastorales.