Dietas de legisladores y responsabilidades públicas

Una ola de fuertes críticas, especialmente en las redes sociales, ha provocado la noticia del aumento de las dietas de los diputados y senadores nacionales en un 30%, dispuesto por las autoridades de ambas cámaras del Congreso.

Mientras la gran mayoría de los beneficiados por este incremento guardan prudente silencio en medio de una situación social de características que rozan el dramatismo para vastos sectores sociales, el jefe de la bancada de diputados de Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto, fue consultado en televisión sobre el tema. El legislador defendió el aumento de 30% a los sueldos de los diputados y senadores al advertir que había "un notorio atraso" y dejó una frase para justificar el incremento: "¿Querés que la Argentina sea Uganda?". Además, consideró “razonable” el incremento en virtud de que la “responsabilidad pública institucional” de los legisladores e insistió en que había “un notorio atraso salarial en el Poder Legislativo”.

El tema ha generado malestar ciudadano. Se evidencia en cualquier diálogo y también en los posteos de las redes. Se hace necesario, por ello, señalar que no se pone en tela de juicio la idea de que los legisladores y funcionarios públicos deban percibir un salario que contemple la importancia de su función y la dedicación que a ella le prestan. Sin embargo, algunas circunstancias ameritan la crítica.

En primer lugar, son contados los legisladores nacionales que han salido a defender el aumento que recibieron. Podría presumirse que existe una especie de vergüenza en buena parte de los miembros del Congreso respecto a esta situación. O también que directamente les importa poco y nada la reacción que pueda generarse. Por eso, se hace necesario remarcar que cualquier persona que dice representar a su pueblo debe tener en claro que rendir cuentas es la primera obligación que tiene para con quienes le han conferido el honor de ocupar una banca en el Congreso. Esto ya debería ser una lección aprendida a cuarenta años del retorno de la vigencia de las instituciones democráticas en el país. 

No hay dudas de que la función legislativa tiene “responsabilidad pública”. Pero también la tienen otros ámbitos. ¿Qué puede decirse de un docente o un miembro de los equipos de salud de un hospital público, quienes perciben sueldos bastante menores? Su responsabilidad pública no cotiza de similar manera en las decisiones que se toman en materia salarial.

Falta solo que se apele al argumento falaz de que funcionarios y legisladores deben tener ingresos sustanciales para mantener su independencia de criterio y no sucumbir ante los lobbies o ante cualquier tentación. Si la honestidad y la responsabilidad pública están sujetas sólo a lo económico, algo anda mal en una sociedad. Si los valores centrales de la convivencia tienen precio, el deterioro moral es evidente. 

Finalmente, reconociendo la frontalidad que manifiesta el diputado Pichetto para defender sus posiciones y sin ánimo de ejercer posturas discriminatorias, no queremos ser Uganda. Sin embargo, principalmente por la inoperancia y ineptitud de quienes han asumido responsabilidades públicas en los distintos estamentos de gobierno, en desde hace más de dos décadas, la calidad de vida en la Argentina ha caído a niveles que se acercan y mucho a los de algunos países del siempre postergado continente africano.