Denuncian revictimización de docente apartada tras denunciar abuso sexual

En los últimos días, un caso ocurrido en San Francisco salió a la luz, generando reclamos por parte de especialistas en defensa de los derechos de las víctimas de violencia de género. Se trata de una docente que se desempeñaba laboralmente en la cárcel local y fue apartada de su cargo luego de que denunciara, en septiembre de 2024, haber sido víctima de abuso sexual en la infancia.

Tras la denuncia, el Juzgado de Violencia Familiar y de Género dictó una medida de impedimento de contacto entre la víctima y el presunto victimario, su padre, quien actualmente se encuentra detenido en la Unidad Penitenciaria Nº 7 de avenida Savio.

Según explicaron los abogados de la docente, Virginia Panero y Nicolás Casas, “en diciembre del pasado año, al progenitor, imputado por delito contra la integridad sexual de su propia hija, le dictaron prisión preventiva, alojándolo en el penal local”.

La situación laboral de la docente se vio directamente afectada cuando, “en el mes de febrero, próxima a retomar el ciclo lectivo en el referido establecimiento penitenciario, se le notifica que tiene prohibido el ingreso para prestar servicios, alegando desde la penitenciaría el impedimento de contacto vigente, y amparándose en el ‘Protocolo de la Víctima’”, detallaron Panero y Casas. Y agregaron: “En otras palabras, le comunicaron que quedaba desvinculada y que debía buscarse otro trabajo”.

Ante esta medida, los abogados querellantes presentaron un pedido formal solicitando “la inmediata reincorporación de la docente a sus funciones”. En ese sentido, pidieron que se tomen las medidas necesarias para garantizar su derecho a trabajar. “En primer término, solicitamos el traslado del interno a otra penitenciaría, y en caso de no ser posible, entendiendo la seguridad en el sistema carcelario, que se tomen recaudos para que no exista contacto entre ambos en los días y horarios en que la docente debe laborar”, explicaron.

Sin embargo, esta petición fue denegada, “lo que vulnera gravemente los derechos de la docente víctima del delito de abuso sexual en su infancia”, sostuvieron los abogados. Panero y Casas remarcaron que la docente se encuentra “en una posición de extrema vulnerabilidad”, atravesando un proceso penal complejo, y que la decisión no respeta su derecho constitucional al trabajo. “Se la desvincula, invitándola a que consiga otro trabajo, como si esto fuese algo accesible, teniendo en cuenta el inicio del ciclo lectivo y que este trabajo implica su principal ingreso mensual”, señalaron.

Además, advirtieron que la situación afecta no solo el derecho al trabajo de la docente, sino también su derecho a ser respetada como mujer. “Se está revictimizando a la docente, quien además de estar sobrellevando un trauma gravísimo por el abuso sexual sufrido en la infancia, cuyo perpetrador sería su padre, ahora se le agrega la prohibición de continuar trabajando en el Servicio Penitenciario, por el hecho de que allí se encuentra alojado su padre”, cuestionaron.

“Una vez más el sistema falla, sin aplicación de la necesaria perspectiva de género y siempre desprotegiendo a las víctimas”, criticaron Panero y Casas. En la misma línea, advirtieron que “la decisión del Servicio Penitenciario de desvincular a la víctima de su trabajo, bajo el pretexto del 'Protocolo de la Víctima', es una clara violación de sus derechos laborales y de su derecho a la igualdad ante la ley”.

“Lo preocupante es que esta decisión no solo vulnera los derechos de esta mujer, sino que también envía un mensaje peligroso: que las víctimas son las responsables de su propia seguridad, y que la justicia no está dispuesta a protegerlas”, concluyeron.

Por su parte, desde la Unidad  Penitenciaria Nº 7, el subdirector Diego Taverna explicó a LA VOZ DE SAN JUSTO que la decisión que la docente no siga en su cargo dentro de la cárcel local fue tomada por el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba. 

En la escuela de la cárcel hay docentes que dependen del Servicio Penitenciario y otros, de la cartera educativa; la mujer apartada pertenece a este segundo caso. 

“Nosotros tomamos conocimiento de la situación cuando el condenado ingresó al penal en los primeros días de diciembre de 2024. Informamos al Ministerio y ellos decidieron no renovarle las horas dentro de la escuela de la cárcel”, sostuvo Taverna.