Delincuencia juvenil: por un debate en serio

La semana pasada, las crónicas policiales de los medios de comunicación de la capital cordobesa volvieron a centrar su atención en el caso de un menor de 15 años que ya acumula más de veinte detenciones por delitos que incluyen asaltos callejeros, robo de automóviles y uso de armas de fuego.

El derrotero delictivo de este joven ha expuesto, como pocas veces, las graves deficiencias del marco legislativo y de algunos organismos estatales, tanto ejecutivos como judiciales, para enfrentar la delincuencia juvenil. La prevención parece fallar de manera sistemática, y los mecanismos de reinserción social resultan casi inexistentes. Mientras tanto, la llamada “puerta giratoria” mantiene su dinámica imparable. Las carencias son tan evidentes como preocupantes. Mientras, los años pasan, los debates se suceden y las respuestas concretas siguen brillando por su ausencia.

Hace tiempo que se discute la necesidad de reducir la edad de imputabilidad de los menores de edad. Pero las posiciones enfrentadas mantienen la misma lógica confrontativa que caracteriza a gran parte de la discusión pública en la Argentina. Prevalece el afán por refutar al adversario antes que el interés por construir soluciones. Las posturas extremas dominan el escenario e impiden la búsqueda de consensos. Falta profundidad en el análisis y serenidad en el debate. Sobran los gritos, las descalificaciones y las agresiones. En este contexto, cada hecho resonante reaviva las discusiones, pero las conclusiones nunca llegan y las decisiones se postergan indefinidamente.

 En este marco, es plausible que el ministro de Seguridad de Córdoba haya reclamado, días atrás, que la impostergable necesidad de que “de una vez por todas, los distintos sectores políticos se animen a un debate profundo y sin especulaciones”, sobre el régimen penal juvenil. Afirmó que esa legislación vigente “claramente no está a la altura de las circunstancias”. 

Señaló que tampoco lo están quienes “prefieren opinar ante micrófonos y con una luz encendida que en los micrófonos que tienen las bancas legislativas. Ése es el lugar para dar este y todos los debates pendientes en la Argentina”. Al mismo tiempo, expresó su convicción de que “el denodado accionar de nuestra policía nunca será suficiente si los tres poderes del Estado no se alinean en un mismo objetivo: trabajar sin mezquindades por la seguridad de los cordobeses y argentinos”.

Los vaivenes de la política nacional han oscilado tantas veces en torno a esta problemática que, incluso, han confundido a especialistas cuya voz termina disipándose entre el humo que se “vende” detrás del ruido generado por los discursos sesgados. Muchas veces, el objetivo parece ser negar los aspectos múltiples y complejos de una realidad que exige ser abordada con seriedad e integridad. Mientras el debate continúe contaminado por sectarismos y visiones alejadas de las experiencias cotidianas, será muy difícil alcanzar los consensos necesarios para implementar una política de seguridad racional y efectiva. Y eso, en definitiva, es lo que reclama una sociedad que sufre las consecuencias de la inacción.