Debate antiguo, tendencia nueva

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, respaldó la necesidad de cambiar las normas de fondo y permitir que menores que delinquen sean juzgados como mayores. De acuerdo a lo publicado por los medios de la vecina provincia, ni siquiera procuró no entrar en la discusión de la edad en la que debería empezar a ser juzgado. "El menor que comete un delito mayor que sea juzgado como un mayor. Si agarra un arma y está dispuesto a matar, tenga la edad que tenga, sabe que está haciendo un daño. El Estado lo tiene que condenar porque le arruinó la vida a una familia. No quiero discutir la edad, si el pibe sabía o no. Un pibe de 14 o 15 años sabe lo que hace, agarra un arma y mata. Tenemos que ser claros porque si no, no vamos a resolver el problema", enfatizó en la ciudad de Reconquista cuando fue abordado por la prensa.

La postura del mandatario santafesino a favor de la baja de la edad de imputabilidad penal de los menores de edad y el anuncio de que el gobierno nacional enviará un proyecto al Congreso para que se apruebe la actualización de las normas en ese sentido son instancias diferentes de una misma problemática. Un asunto que origina arduos debates desde hace años, pero que no ha podido todavía ser saldado. 

Las autoridades nacionales apuraron el tema al conocerse que el principal imputado del asesinato de un trabajador de una estación de servicio en Rosario es un adolescente de 15 años. Las amenazas de las organizaciones de narcotraficantes que tienen en vilo a esa ciudad dispararon la tensión y abrieron nuevamente la puerta para reinstalar una discusión añeja que nunca terminó de encontrar cauce normal, teñida de ideologismos paralizadores y, por lo tanto, repleta de argumentos ineficaces. 

Durante las dos últimas décadas, especialmente, hubo masivas marchas para exigir mayor seguridad en algunas ciudades del país, declaraciones de los quienes se autoadjudican la condición de especialistas que ingresan en el debate con distintas posiciones, airados reclamos para que se termine “la puerta giratoria” en materia penal, opiniones de profesionales acerca de las nociones de responsabilidad que tienen los menores que cometen delitos, apreciaciones “garantistas” que sostienen que el delito es solo consecuencia de las condiciones deplorables en las que sobreviven numerosos sectores sociales. Los etcéteras podrían continuar. 

Pero nada se hizo hasta el momento. Nada se consiguió. Nada se acordó. Y, por eso, el debate, tan gastado y obsoleto, sobre la imputabilidad de los menores retorna cada vez que la sensación de inseguridad se adueña del espacio público. Pero la discusión tiene connotaciones futboleras. Un par de gritos, refutaciones vacías de contenido, opacidad, algunos silencios sospechosos, agresiones, espasmos ruidosos. Navega en aguas turbias y, cuando la espuma baja, se disipa en la nada misma. 

Sin embargo, algo parece haberse modificado. El debate es el mismo, pero el rumbo parece ir en una nueva dirección. El hartazgo de buena parte de la sociedad asoma como el motor de un cambio. Las palabras del gobernador santafesino son, creemos, fiel reflejo de esta tendencia. Pullaro dijo que “no puede ser que el Estado no tenga herramientas para no permitirle que ese menor esté en libertad, un menor que mató a sangre fría a un trabajador de 23 años. Si un menor de edad comete un delito de mayor debe ser juzgado como mayor y debemos reformar la ley". Consideró, además, que no se puede seguir debatiendo sobre las consecuencias de por qué muchas personas cometen esos delitos cuando hay miles de personas en la misma situación que no cometen delitos extremos. "Tenemos que ser prácticos, pragmáticos para resolver este problema que vive la Argentina. Si muchos creen que los menores que cometen delitos son víctimas de un sistema que se los lleven a su casa”. El desafío está planteado. Y el debate debe, de una buena vez, llegar a definiciones