Economía
Córdoba seguirá cobrando las tasas sobre servicios públicos
La provincia rechaza el reclamo de Nación y continuará aplicando extras en las facturas argumentando que la decisión es una potestad provincial. Los industriales y comercios aducen que no hay contraprestación a lo que se paga.
El Gobierno de Córdoba ha decidido no acatar el reclamo de la Nación que exige a los municipios del país dejar de aplicar tasas específicas sobre los servicios de luz y agua. La postura provincial se basa en la competencia que, según sostienen, recae sobre el gobierno provincial y las leyes locales que autorizarían dichos cobros, aunque con límites establecidos.
Mario Blanco, titular del Ente Regulador de Servicios Públicos (Ersep), argumentó que la competencia sobre estos servicios corresponde a la Provincia, no a la Nación, y que las leyes provinciales habilitan a los municipios a cobrar ciertas tasas vinculadas al servicio de energía y agua. “La competencia es provincial”, expresó Blanco, refiriéndose a la legislación vigente, como la Ley 10.545, que autoriza el cobro de cargos para alumbrado público.
El reclamo de la Nación fue respaldado por diversos sectores empresariales de Córdoba, entre ellos la Unión Industrial de Córdoba (UIC) y Fedecom, que agrupan a cámaras empresarias del interior. Estos actores cuestionan la legalidad de las tasas impuestas por los municipios y piden que se revise el esquema de cobro. Aseguran que muchos de estos cargos, como el de alumbrado público, no se corresponden con los servicios realmente prestados y generan disparidades, especialmente entre industrias y comercios de diferentes tamaños.
Uno de los puntos más criticados es la tasa de alumbrado público, que en algunos casos genera distorsiones en los costos para industrias electrointensivas y pequeños comercios con altos consumos de energía. Agustín Hesar, de Fedecom, señaló que las tasas que se cobran no son proporcionales al servicio recibido, afectando la competitividad del sector privado.
Los servicios de San Francisco cuentan con sobretasas que suman un porcentaje extra, como lo son el OIM (Ordenanza Impositiva Municipal por el Alumbrado Público) en el servicio de luz, y el FOSP (Fondo de Obras y Servicios Públicos (FOSP) en tasas municipales.
El Gobierno provincial también defiende su posición argumentando que la legislación que regula estos cobros data de 2018, cuando el entonces gobernador Juan Schiaretti estableció el marco para los cargos sobre los servicios públicos, después de un incremento en las tarifas de luz debido al descongelamiento de tarifas a nivel nacional. En el caso del gas, sin embargo, Córdoba no cobra más estas tasas, ya que la regulación es completamente nacional desde que Ecogas aceptó la resolución de la Secretaría de Comercio e Industria en octubre pasado.
Por otro lado, la Provincia también señala que los costos del alumbrado público han aumentado considerablemente, y que la tasa recaudada en algunos municipios no es suficiente para cubrir esos gastos. La inflación y el aumento en el costo de la energía han generado una presión financiera adicional sobre los sectores productivos, lo que ha llevado a las empresas a pedir un ajuste en las tasas municipales.
La disputa sobre la regulación de los servicios públicos sigue siendo un tema controversial. Mientras que la Nación pretende centralizar el control, la Provincia y los municipios defienden su autonomía para regular y cobrar tasas sobre estos servicios, con especial énfasis en el alumbrado público y otros cargos relacionados con la infraestructura local. La resolución final de este conflicto aún está por verse, y dependerá de las decisiones políticas y judiciales que tomen las partes involucradas.
