¿Consolidación del ausentismo electoral?

Hace pocas semanas, luego de las elecciones para gobernador de la provincia que se llevaron a cabo el pasado 25 de junio, en esta columna se reflexionó sobre la escasa participación ciudadana. El bajo porcentaje de asistencia a la jornada de votación tenía su primer fundamento, decíamos en lo que habitualmente se llama el “voto bronca”. 

Se editorializó al respecto que “la baja o nula confianza en el sistema político y en la dirigencia inhibe la participación electoral. La mentira, la impunidad, las prácticas reñidas con los más elementales principios republicanos y la sensación de que todo es lo mismo acrecienta la desconfianza existente y fortalece la idea de que ninguna de las agrupaciones que presentan candidatos generará cambios en sus vidas. Esto determina que el ciudadano se quede en casa”.  Y se sostuvo que ayudaba para ello “la ineficacia comunicacional y administrativa de las autoridades electorales”.

Es decir, confluyen varios aspectos para que la participación electoral de la ciudadanía caiga a niveles más que preocupantes, situación que se verificó con crudeza en los últimos comicios que consagraron a Daniel Passerini como sucesor de Martín Llaryora en la intendencia de la capital de la provincia. Es que, a la indiferencia creciente de algunos sectores de la población, se sumó la inaudita comunicación de la Junta Electoral municipal de Córdoba que recordó la obligatoriedad del voto, pero al mismo tiempo admitió que no se aplicarán sanciones para quienes no concurran a emitirlo.

Se trata de un oxímoron evidente, controvertido y condenable: quienes deben asegurar el cumplimiento de la ley afirman, sin ruborizarse, que no la van a aplicar. Y esgrimen razones que lejos están de ceñirse a la lógica de la argumentación. Es más, contradicen el espíritu de una normativa legal que permitió fortificar la transición democrática, puesto que el primer requisito para ello siempre fue el de la masiva participación de la ciudadanía en las elecciones. El resultado: un 40% del padrón no concurrió a las urnas. 

La ineficacia de los organismos que supuestamente deben garantizar el normal desenvolvimiento de la jornada electoral en la capital de la provincia ha sido tal que un candidato reconoció su derrota sin que se hubiese difundido ninguna información oficial sobre la marcha del escrutinio. No existen antecedentes de este tipo de situaciones, que rayan lo grotesco, más allá de la hidalguía demostrada por quien se supo perdedor, algo que tampoco es habitual en la política de nuestro país. 

Los análisis e interpretaciones del nuevo mapa político de Córdoba van más allá y se centran en la figura del gobernador electo y de su último mensaje. Para todos quedó ratificado el nuevo liderazgo de Llaryora, que abre una nueva etapa. Su mensaje repitió las consignas que lo llevaron a ganar las elecciones provinciales, aunque la polémica se centró en el tono con que las expuso. Quizás esta última circunstancia difuminó la relevancia de la importante cantidad de ciudadanos que no votaron.   

Frente a este panorama, la pregunta del título cobra real dimensión. Por ello, creemos conveniente reiterar que el voto no es solo un derecho. Y que, como se expresó en la referida columna publicada luego de los comicios provinciales, es una obligación: “Impuesta por la ley, sí. Pero también por la ética que implica ejercer la ciudadanía”.