Biblioteca Popular y librerías, en alerta por el proyecto de ley ómnibus

El proyecto de ley ómnibus que envió al Congreso el gobierno de Javier Milei encendió la alarma de distintos sectores de la cultura, entre ellos, el de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip) debido al problema de financiamiento que genera a las más de 1.500 bibliotecas populares del país que afectará el fomento de la lectura y otras actividades socioculturales, al tiempo que perjudica a una entidad con un modelo de funcionamiento único en todo el mundo que privilegia la participación colectiva de la comunidad en la que cada biblioteca funciona.

La Conabip -dependiente del Ministerio de Cultura- fue creada por la Ley 419 del 23 de septiembre de 1870, impulsada por Domingo Faustino Sarmiento, apoya y fomenta el desarrollo de bibliotecas populares que no solamente permiten el acceso de los integrantes de la comunidad a la lectura, sino que además propicia iniciativas solidarias para que los vecinos puedan acceder a cursos de capacitación o hacer uso de las computadoras cuando así lo requieren, con lo cual el sentido de existencia trasciende el acceso a los libros, y pasan a ser organizadoras de las necesidades de la comunidad.

LA VOZ DE SAN JUSTO consultó a Mirta Fornero, expresidenta y actual miembro de la comisión directiva del Centro Cultural y Biblioteca Popular San Francisco –Av. del Libertador (N) 157-, quien reconoció que la situación a la que se expone a las bibliotecas populares con esta medida “es muy preocupante” ya que, en el caso de lo que ocurre en San Francisco, “nosotros estamos muy justos con los recursos que recibimos” por lo cual esta medida “no es nada positiva”.

 

La propuesta del gobierno de Javier Milei les quita el fondo especial que se constituye con un porcentaje de los premios de Lotería Nacional y dispone que se clasifiquen según la cantidad de obras que tienen, el movimiento diario de esas obras y las actividades culturales que desarrollen.

Lo cierto es que, durante 2023, desde Conabip le giraron un primer envío de $ 930.000 y luego otro por $ 470.000, lo que totaliza la suma de $ 1.400.000 para hacer frente a gastos corrientes. A esto se suma un aporte adicional de $ 80.000 para abonar servicios de conectividad y, finalmente, una suma de $ 354.000 para la compra de libros. De esta manera, el año pasado los aportes recibidos por la entidad local por parte de Conabip ascendieron a $ 1.834.000.

Otra fuente de ingresos de la Biblioteca Popular de San Francisco –que cuenta con un total de 40.000 libros de diferentes temáticas y géneros- tiene que ver con el cobro de cuotas de parte de sus socios. En este caso, la institución tiene un padrón de aproximadamente 450 socios donde cada uno aporta $ 1.500. Esto significa un ingreso mensual del orden de $ 675.000.

“Tenemos una bibliotecaria que atiende en la biblioteca y a eso se suma una persona más que cubre algunas horas sábados y domingos”, indicó Fornero.

Si bien dijo que en este momento “no tenemos ninguna angustia económica”, la entrevistada explicó que “no sabemos cómo vamos a poder encarar la situación en el caso de que esta medida prospere”.

Los cambios

Según el proyecto, varios artículos de la ley 23.351 -que dispuso la creación de un Fondo Especial para Bibliotecas- son reemplazados y dispone que se clasifique a las bibliotecas según la cantidad de obras que tienen, el movimiento diario de esas obras y las actividades culturales que desarrollen.

Asimismo, las bibliotecas populares dependerán de los subsidios que el Congreso les otorgue y para obtenerlos, se deberá acreditar "la necesidad social de los servicios en la zona de influencia de la Biblioteca Popular", "las necesidades específicas para el crecimiento de las bibliotecas más carenciadas" y "el mayor esfuerzo" realizado en la prestación de servicios, según el proyecto de ley que se debatirá en el Congreso hasta el 31 de enero en sesiones extraordinarias.

Si se aprueba el proyecto, el organismo pasaría a llamarse Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares y continuaría bajo la órbita de la Secretaría de Cultura, a cargo de un presidente, un secretario y cinco vocales designados por el Poder Ejecutivo Nacional, y solo el primero sería remunerado por sus tareas.

Actualmente, la Conabip se financia con un porcentaje de lo recaudado por Lotería Nacional, una medida que consiguió la presidenta saliente, María del Carmen Bianchi, que logró en 2005 incluir a la Conabip en el Presupuesto Nacional y logró triplicar el presupuesto durante los ocho años de su gestión.

La iniciativa legislativa prevé eliminar además las tarifas reducidas a los servicios públicos para las Bibliotecas Populares así como los beneficios de gravamen fiscal. También promueve la desaparición de la Junta Representativa, es decir un órgano federal dentro de la Conabip.

“Esto lleva a una competencia desigual”, sostienen las librerías 

El proyecto de ley ómnibus también pone en jaque a las librerías y las editoriales. De hecho, promueve la eliminación de la Ley 25.542, de precio uniforme de venta al público de libros, también conocida como Ley de Defensa de la Actividad Librera.

Según esta normativa, los editores, importadores o representantes de libros, fijan un precio uniforme de venta al público (PVP) o consumidor final de los libros que edite o importe. Es decir, los libros tienen el mismo precio en cualquier librería física. Lo mismo sucede con las ediciones digitales.

Esta ley, que se inspira en la Ley Lang, promulgada en 1981 en Francia, buscaba proteger a las librerías frente a “grandes superficies”, como supermercados o grandes cadenas. Si el supermercado toma un libro que se vende muchísimo o dos y los pone muy baratos, porque maneja grandes volúmenes o porque eso le sirve como oferta, entonces las librerías venderán menos.

Es por ello que para sostener esos comercios que se dedican exclusivamente o principalmente a los libros, se dictó una ley que impide las rebajas. En definitiva, lo que propone la derogación de esta ley es que cualquier librería, cadena de librerías o incluso grandes supermercados puedan poner el precio que consideran al libro, más allá de lo que sugiere el editor.

Preocupación en el sector 

LA VOZ DE SAN JUSTO dialogó con Gabriela Pintos, propietaria de Saber Libros –Av. del Libertador (N) 295- quien explicó que “nosotros no nos oponemos a la competencia. Esta ley nace en Francia donde, por haber puesto precios libres, permite que dos o tres empresas grandes con poderío económico se adueñen del mercado pasando por encima de las empresas más pequeñas”.

“Si dos o tres empresas grandes, con poderío económico y poniendo las condiciones del mercado, compran los textos a las editoriales a bajo costo, venden a bajo precio para sacarse de arriba a la competencia, cuando quedan solos, suben los precios”, advirtió.

Tras el receso escolar, las librerías se atiborran de padres que buscan libros de textos para sus hijos. En este caso, la entrevistada dijo que con la legislación actual “el precio es el mismo en todas las librerías porque el precio lo pone la editorial, es decir, la fábrica, y está estipulado que el máximo descuento que se puede hacer es el 10 % por compras grupales”.

En el caso de aprobarse finalmente un cambio en la ley, “las librerías podrán ofrecer sus productos a diferentes precios de acuerdo a cómo quieran actuar las editoriales. Todo depende de lo que haga cada editorial. Esto está generando mucha preocupación”.

Tras definir que esto lleva a “una competencia desigual” entre aquellos establecimientos con mayor poderío económico por sobre otros más débiles, Pintos sostuvo que “sería bueno que todos podamos convivir en el mercado porque hay librerías muy específicas de diferentes temas y con esta medida eso tiende a desaparecer ya que su producto dejaría de ser rentable”.