Analizan eliminar el Inmobiliario Rural y que los productores se hagan cargo de la infraestructura

Tras una semana de tensión entre la dirigencia ruralista de Río Cuarto y el gobierno de Martín Llaryora por el aumento del Impuesto Inmobiliario Rural, la Provincia dejó trascender que podría eliminar este tributo para el próximo año. Esta decisión podría implicar que los productores cordobeses asuman la responsabilidad de financiar y ejecutar las obras de infraestructura y seguridad para el campo, según informó el diario El Puntal.

La polémica surgió luego de una asamblea convocada para este lunes por la Sociedad Rural de Río Cuarto para protestar contra el alza del tributo, que en un 98% se destina a obras y patrullas rurales. En este contexto, el gobierno provincial reaccionó asegurando que, si los productores consideran que no es necesario continuar con el aporte al financiamiento de estas obras, se podría eliminar el impuesto. Un alto funcionario del gobierno expresó que “si la idea es no aportar lo que hace falta para mantener la infraestructura y realizar nuevas obras, deberíamos eliminar el impuesto porque, si no, después van a llover las quejas a la Provincia de que no se hacen las cosas”.

El aumento del 172,5% para el Inmobiliario Rural, que había sido acordado con la Mesa de Enlace provincial, fue posteriormente revisado tras la intervención del gobernador. La modificación se produjo en respuesta a las críticas de los productores, quienes alegaron que el incremento era mayor al prometido. Aunque el presupuesto 2025 había previsto un alza del 189%, el gobierno optó por reducirlo a un 172,5%, a pesar de que varios productores denunciaron que los cálculos fueron confusos.

Los productores se encontraron con un aumento que superó el 200%, debido a un error de cálculo y la falta de claridad en la información sobre cómo se debía aplicar el incremento. Según los datos aportados por los dirigentes de la Mesa de Enlace, el aumento real sobre el total del tributo fue de hasta un 250% o 300%. En particular, un productor que pagó 700 mil pesos por el impuesto en 2024 se vio obligado a abonar 2,2 millones de pesos este año, lo que representa un incremento del 214,7%. Aunque el gobierno provincial defiende que la comparación entre el impuesto bruto y el final no es válida, la disparidad sigue generando malestar en el sector rural.

Frente a esta situación, el gobierno de Córdoba no solo contempla la eliminación del Inmobiliario Rural como respuesta, sino que también plantea la posibilidad de un revalúo de los campos, algo que no se realiza desde hace años. En este sentido, el gobierno recordó que otras provincias, como Buenos Aires y Santa Fe, también han aplicado políticas similares.

Este clima de tensión no es nuevo, y ha sido alimentado por otros conflictos previos entre la Sociedad Rural de Río Cuarto y el Ministerio de Bioagroindustria. En la última exposición rural, por ejemplo, las autoridades provinciales fueron recibidas con frialdad, ya que solo la vicegobernadora Myrian Prunotto fue autorizada a hablar, lo que desató malestar en el gobierno provincial. Desde el Ministerio de Bioagroindustria se expresó que la Sociedad Rural no quería que se hablara de la eliminación de las retenciones, un tema que también había sido parte de la agenda del gobierno provincial.

En respuesta a la asamblea de la Rural de Río Cuarto, el responsable de Infraestructura Rural, Franco Mugnaini, destacó que el impuesto inmobiliario se destina a obras en beneficio del sector agropecuario. Según Mugnaini, “un campo promedio paga 10 quintales de soja en retenciones y 1 quintal en Inmobiliario Rural, de lo que paga a la Provincia vuelve en obras para el sector en un 98%”. Sin embargo, esta posición no fue bien recibida por los dirigentes rurales, quienes manifestaron su descontento con la gestión de Mugnaini. Se especula que en la asamblea de hoy se podría proponer una moción para declararlo “persona no grata”, una distinción que también recibió el exdiputado nacional Alberto Cantero en medio de la polémica por la 125, en 2008.

La tensión no solo afecta a los productores de Río Cuarto, sino que ha desatado un amplio malestar en diversos sectores rurales de la provincia. Desde la Sociedad Rural de Río Cuarto, advirtieron que “la asamblea está muy firme” y que otros sectores se sumarán al reclamo, especialmente aquellos que también se sienten afectados por los impuestos.

En el gobierno provincial, sin embargo, se sostiene que detrás de la convocatoria a la asamblea hay una mano del radicalismo, que estaría buscando enrarecer el clima político y social. Con todo, la decisión final sobre el Inmobiliario Rural y la infraestructura del campo sigue siendo tema de debate, mientras que las quejas del sector agropecuario no parecen aminorar.