Análisis
Amia, 30 años: atrocidad que sigue impune
El terrorismo logró mucho más que muerte y destrucción, evidenció las gruesas deficiencias de nuestras instituciones, agravió la memoria de los caídos, dio a luz bizarros intentos de negociación y destrozó la esperanza de los familiares de las víctimas.
Hace 30 años, el 18 de julio de 1994, un coche bomba segó la vida de casi un centenar de argentinos. Trastocó la existencia de cientos de heridos y de miles de familias. Esparció el horror de la muerte y sumió en incertidumbre y el dolor a todo el país. El atentado contra la Amia, una de las entidades más emblemáticas de la comunidad judía, dejó al desnudo la gravedad del antisemitismo y, al mismo tiempo, las falencias institucionales de la Argentina.
El atentado más sangriento de la historia nacional sigue siendo una herida abierta. Pasaron 30 años. Todavía los autores gozan de la impunidad que agiganta la sensación vergonzosa de que la Justicia y la política protagonizaron uno de los procesos más oscuros de la historia argentina en las que quedaron expuestas la impericia de los investigadores y se generaron sospechas de complicidades peligrosas con el terrorismo internacional. Tan desastrosa ha sido la investigación que incluso hubo quienes se permitieron “acordar” con los iraníes, principales sospechosos de la masacre, tan solo para proteger una mirada ideológica, sin reparar en la gravedad que ello supone.
Luego de tres décadas, continúan las repercusiones por los desvaríos judiciales y políticos cometidos. El pasado 14 de junio la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a nuestro país por su negligente investigación del caso. Señala este tribunal internacional que el Estado argentino es responsable de haber privado de verdad histórica y de justicia a las víctimas y a toda la sociedad. “A casi treinta años del atentado, continúa sin conocerse la verdad de lo sucedido y no ha habido sanción para los responsables del atentado ni para los responsables de su encubrimiento. De esta forma, ha sido la propia actuación estatal la que ha impedido a las víctimas y a sus familiares conocer la verdad de los hechos a través de la investigación y el proceso penal”, se expresó en la sentencia.
Por cierto, los responsables principales ni siquiera se ruborizaron frente a semejantes afirmaciones que dejan expuestas las trabas a la acción judicial, la impericia interesada de algunos magistrados, la complicidad con el terrorismo internacional de ciertos personajes y la inacción de las instituciones para honrar con sus decisiones a quienes perdieron la vida.
Cuando se cumplían 10 años del episodio que todavía hoy nos enluta, en esta columna se escribió lo siguiente: “Angustia y duele la falta de Justicia. A la tragedia del atentado más grave de la historia argentina se le suma la vergüenza de un proceso judicial lamentable, que no ha podido desentrañar los reales motivos del espanto que padecimos todos los argentinos. Porque no se trata de un magnicidio que afectó a la comunidad judía. El ataque a la Amia fue una afrenta al pueblo de la Nación”.
El terrorismo logró mucho más que muerte y destrucción: sembró desunión, acrecentó indiferencias, cosechó encubrimientos, develó egoísmos, agravió la memoria de los caídos, dio a luz bizarros intentos de negociación y destrozó la esperanza de los familiares de las víctimas. Además, evidenció las gruesas deficiencias de nuestras instituciones: trabas políticas originadas en pruritos ideológicos deleznables que derivaron en un acuerdo insólito con los principales sospechosos, ocultación judicial, desinterés legislativo y hasta la muerte de un fiscal en circunstancias no aclaradas, son hechos que avergüenzan.
No puede sorprender, entonces, que la atrocidad cometida en la Amia continúe impune.
