Amenaza falaz y agresiva

El texto del artículo 37° de la Constitución Nacional garantiza “el pleno ejercicio de los derechos políticos, con arreglo al principio de la soberanía popular y de las leyes que se dicten en consecuencia”. Entre estos derechos, consagrados para todos los ciudadanos, se halla el del “sufragio universal, igual, secreto y obligatorio”.

La alusión a esta disposición de la Carta Magna se impuso luego de conocerse que el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Walter Correa, difundiera una velada amenaza a los efectivos que cumplen su tarea en las bases de la Antártida Argentina. Los militares y científicos que allí cumplen una tarea central para la defensa de la soberanía y la preservación del continente blanco ejercieron su derecho consagrado en aquel artículo, pero el resultado enfureció a este funcionario que no parece comprender las reglas del sistema democrático.

Como sucedió en casi todo el país, en las bases antárticas el candidato más votado fue Javier Milei. Obtuvo el 63% de los votos. El iracundo ministro bonaerense arremetió contra quienes sufragaron. La frase que pronunció, además de desconocer principios elementales, se transformó en una advertencia grave que se escapa de los carriles normales de la contienda política. Dijo Correa: “En bases de la Antártida ganó Milei y salió segunda Bullrich. El rompehielos Almirante Irizar lo mantiene el Estado, o sea que si gana Milei se van a tener que quedar en Antártida y no van a poder regresar”. Y agregó: “Llamo a la reflexión a los efectivos de las bases antárticas donde ganó Milei, que pretende desguazar al Estado, y Bullrich quedó segunda: el Estado los lleva a la Antártida y les paga un sueldo digno y Bullrich propone entregar Malvinas”.

Además de ser falaz la opinión del funcionario, es agresiva. El malestar por la derrota electoral de su fuerza no puede traducirse en una amenaza que pretende torcer la voluntad libre de una persona que ejerce su derecho al voto. Sentirse propietario del Estado es una “cualidad” que se ha extendido en los últimos años entre quienes asumen responsabilidades públicas. En este contexto, para este ministro, las personas que trabajan en dependencias estatales, incluso las que hacen Patria en la Antártida, deben abandonar su pensamiento, someterse a las directrices ideológicas que pregona y obedecer sumiso a ellas. 

Debería recordar el autoritario ministro de Trabajo de Buenos Aires que, ya en la antigua Grecia, Aristóteles (en su obra Política) definió al ciudadano como “el que tiene derecho a participar en la función deliberativa o judicial de la ciudad”. Desde aquel lejano punto de la historia, la idea de ciudadanía se vincula con el derecho a deliberar sobre el destino de una comunidad. 

Ejercer el derecho a elegir las autoridades, consagrado por el artículo 37° de la Constitución, sigue vigente para todos los ciudadanos, mal que le pese a un funcionario que desconoce la noción de ciudadanía y para el cual el verbo deliberar debería ser eliminado del diccionario.