A treinta años de la reforma constitucional

Se cumplen 30 años de la jura de la Constitución Nacional. Aquella jornada histórica del 24 de agosto de 1994, en el palacio San José –Entre Ríos- fue el corolario de un proceso que nació en el denominado Pacto de Olivos y vio la luz definitiva cuando la Convención Constituyente sancionó el actual texto en el Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral en Santa Fe. 

Más de trescientos convencionales acordaron la mayor reforma de la Carta Magna desde su sanción en 1853, durante un proceso que tuvo aspectos puntillosos y rigurosos, más allá de las discusiones políticas de la coyuntura. Se trató del cambio constitucional más importante de la historia del país. Fue el fruto de un acuerdo entre las fuerzas políticas mayoritarias de ese tiempo y se sancionó en Santa Fe, cuna del primer texto constitucional. 

Los avatares sociales, políticos y económicos del país han sido tantos en estas tres décadas que el hecho de haber sancionado y jurado una nueva Constitución parece menor. Sin embargo, no lo es. Porque el texto aprobado en 1994 afirmó las instituciones democráticas, agregó tratados internacionales que ampliaron los derechos, estableció una nueva organización política y habilitó instrumentos de participación ciudadana que no estaban contemplados en la Carta Magna que se reformó.

Vale la pena rescatar algunas de las modificaciones establecidas. Muchas de ellas son hoy conocidas y habituales, pero hasta hace tan solo 30 años no regían. Por ejemplo, la instauración del período presidencial de cuatro años, permitiendo la reelección por un solo período, el establecimiento del sistema de voto directo con balotaje para la elección presidencial, la ampliación de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y la elección directa de sus gobernantes. Asimismo, creó el Consejo de la Magistratura, la jefatura de Gabinete, incorporó un tercer senador por la minoría y dispuso varias otras normativas para controlar al Ejecutivo. Así también amplió derechos a sectores olvidados en otros tiempos, extendió las garantías y libertades a otros y se centró en la protección a los más vulnerables. 

Es verdad que algunas disposiciones de la nueva Constitución todavía no han sido plasmadas en la realidad. Por caso, no se ha sancionado una ley de coparticipación federal que establezca una correcta distribución de los recursos entre las jurisdicciones. La acción política ha impedido que en algunas circunstancias rija el deseado equilibrio de poderes, haciendo peligrar la seguridad jurídica. Y las reiteradas crisis económicas dejaron consecuencias negativas que impiden la vigencia de muchos de aquellos derechos y garantías contemplados en el texto sancionado hace treinta años.

Continuará la política sus discusiones sobre la conveniencia del Pacto de Olivos y su derivación inmediata que fue la reforma constitucional de 1994. Las falencias de la dirigencia determinarán nuevos casos en los que las disposiciones del magno texto se conviertan en letra muerta. Por eso, a 30 años de su sanción y jura, es preciso reclamar que se cumpla un añejo axioma proclamado por Juan Bautista Alberdi en sus Bases para la Organización Nacional: “La política no puede tener miras diferentes de las miras de la Constitución. Ella no es sino el arte de conducir las cosas de modo que se cumplan los fines previstos por la Carta Magna”. Es que “la mejor política, la más fácil, la más eficaz para conservar la Constitución, es la política de la honradez y de la buena fe; la política clara y simple de los hombres de bien, y no la política doble y hábil de los truhanes de categoría”.