Policiales
A cuatro años del crimen policial de Blas, su familia sigue pidiendo Justicia
Tras el juicio en 2023 donde fueron juzgados 13 policías, la fiscalía Anticorrupción avanza con la investigación
“Tienen que haber un gobierno dispuesto a que la Policía sea distinta”, dice Soledad Laciar la mañana en que se cumplen cuatro años del crimen de su hijo Blas Correas, el joven de 17 años muerto de un disparo policial el 6 de agosto de 2020.
“Si bien fueron dos personas las que dispararon, detrás del asesinato de Blas hubo algo muy macabro: plantar un arma, tratarlo de delincuente, incluso decirlo esa mañana después del crimen sin que nadie saliera a desmentirlo aunque supieran que no era así, de eso yo no me olvido”, dice Laciar sobre el silencio del Gobierno encabezado, en ese entonces, por Juan Schiaretti cuyo ministro de Seguridad era Alfonso Mosquera, hoy imputado en la causa en Anticorrupción que derivó tras el juicio en 2023.
“Tienen la responsabilidad de haber guardado silencio, pero yo creo que las responsabilidades son muchas más”, puntualiza la mamá de Blas.
Violencia institucional
En marzo de 2023, la Cámara 8° del Crimen condenó a 12 policías -con distintos grados de responsabilidades- por el crimen del joven y encubrimiento del hecho. En ese marco, los agentes Lucas Gómez y Javier Alarcón, autores de los disparos, fueron condenados a prisión perpetua. Solo dos efectivos fueron absueltos, pero en ese juicio no fueron acusados quienes tenían responsabilidades mayores.
Previo a la sentencia, afuera del reciento, la mamá de Blas ya lo tenía claro: “Este gobierno es responsable", dijo y explicó: “Me quieren tirar 13 policías, a los que no les costó soltarles la mano, pero quiero que sepan que cuando salga de acá recién comienza la lucha. No voy a parar hasta que paguen todos los responsables y hasta tener la certeza que podemos lograr un cambio en una Policía que violenta a las personas".
En esa misma audiencia, el tribunal reconoció que Blas, su familia y los amigos que iban esa noche en el vehículo baleado fueron víctimas de violencia institucional. Se trató de una declaración que sentó precedente y marcó la importancia de dicha instancia judicial en un caso grave en Córdoba.
En esa línea, la Justicia exhortó al Gobierno provincial “a tomar medidas para erradicar todo tipo de violencia institucional” y corrió vista para seguir la investigación en la fiscalía Anticorrupción, para que se investiguen las responsabilidades de altos funcionarios en el hecho, entre ellos al ex ministro Mosquera, que en esa oportunidad seguía ejerciendo el cargo y fue a declarar en el juicio en calidad de testigo.
La causa hoy
Actualmente la causa -en la que Laciar tiene expectativas que se esclarezcan responsabilidad políticas e institucionales y ya pidió declarar-, está a cargo del fiscal Franco Mondino de la fiscalía Anticorrupción del 2° Turno. En junio pasado el funcionario imputó a 18 personas, entre ellos al ex ministro Alfonso Mosquera, al ex subsecretario de Coordinación y Planificación Estratégica del Ministerio de Seguridad de Córdoba, Lucas Mezzano y el ex comisario Gonzalo Cumplido, que también declaró en el primer juicio como testigo. Entre el resto de los imputados hay funcionarios que ya fueron condenados en el proceso de 2023. Y durante el llamado a indagatoria los acusados negaron los hechos o simplemente se abstuvieron de declarar.
“Si la Justicia quiere saber la verdad, se puede descubrir absolutamente todo. Y un vez descubierto, se puede saber en qué se falló para poder cambiar y eso sirve para poder mirar adelante. A mí no me importa que vayan presos, pero sí que se hagan cargo, porque de los errores se puede aprender”, dice la mamá de Blas y explica: “Hoy hablar de Blas es saber que la Policía actuó mal y eso es importante, generar memoria. No fueron solo Gómez y Alarcón, hubo un montón de involucrados porque quedó probado en el juicio que hubo violencia institucional. Entonces hubo un Estado al servicio del mal actuar. Y eso es lo que yo voy a luchar hasta el último día. Tengo fuerzas para los hijos que tengo conmigo y también con Blas que merece descansar realmente en paz sabiendo que no partió en vano”.
El crimen de Blas: memoria y justicia
Según la investigación, el fallecimiento del joven ocurrió en la madrugada del 6 agosto de 2020, cuando Juan Cruz Camerano Echevarría conducía un Fiat Argo blanco, junto a cuatro amigos y compañeros de colegio. Uno de ellos era Blas, que viajaba en el asiento de atrás. Los otros eran Camila Toci, Cristóbal Bocco Camerano y Mateo Natali, ahora mayores de edad pero que al momento del crimen también tenían 17 años.
Cuando circulaban en la zona de avenida Vélez Sarsfield y Romagosa, del barrio Colinas en el sur capitalino, se había montado un control policial de prevención en donde los efectivos hicieron señas al conductor para que aminore la velocidad, pero al acercarse al puesto de seguridad, Camerano Echevarría decidió acelerar la marcha.
El expediente detalló que el cabo primero Lucas Gómez de 37 años, "con intención de matarlos" efectuó cuatro disparos con su arma reglamentaria contra el automóvil, en tanto su compañero el cabo primero Javier Catriel Alarcón, de 33, "en acuerdo tácito (con Gómez) y aportando al plan común de dar muerte a los ocupantes del vehículo", también efectuó dos disparos, "a sabiendas que no había justificación legal para ello".
Las pericias determinaron que una de las cuatro detonaciones del suboficial Gómez impactó sobre la zona de la escápula derecha de Blas, que le ocasionó “lesiones en el lóbulo inferior del pulmón derecho, la vena cava inferior y el ventrículo derecho”, determinándose que la causa eficiente de la muerte fue por “traumatismo de tórax causada por el proyectil”.
Los demás ocupantes no sufrieron heridas; no obstante, uno de los disparos traspasó el apoyacabeza y la capucha de Cristobal Bocco Camerano, “a milímetros de su cráneo”. Posteriormente, y con el objetivo de simular un enfrentamiento con un supuesto grupo armado, los policías 'plantaron' un arma en las cercanías.
Blas Correas falleció cuando el automóvil fue interceptado y demorado en la intersección de Chacabuco y Corrientes. La familia de Blas siempre denunció que no tuvo asistencia y, en plena madrugada en mitad de la calle, lo dejaron morir.