Fuerzas de seguridad ante casos como el de Chano: “La información previa es fundamental”

Ramón Miguel Quinteros, sargento subayudante retirado de la Policía de la Provincia de Córdoba y exintegrante del equipo de negociadores, analizó el protocolo para actuación de las fuerzas de seguridad ante casos como el que protagonizó Chano Moreno Charpentier, en los que están involucradas en hechos de violencia personas con problemas de salud mental o consumos problemáticos de drogas.

Quinteros, que fue el primer negociador con el que contó en su momento la exUnidad Regional 6, hoy Departamental San Justo, explicó que "en situaciones de crisis como la ocurrida con estemúsico, siempre se llama a la policía. No solo por personas con problemas emocionales o mentales, o enfermos en consumo, sino que hay un sinnúmero de casos en los que se convoca a la policía".

En base a su experiencia, Quinteros aconseja que "quien reciba la denuncia en el número de emergencias, trate de interiorizarse lo más rápido posible de qué tipo de situación se trata, porque una cosa es decir 'tengo a mi hijo nervioso' y otra 'está alterado porque es adicto a las drogas, tiene un cuchillo y amenaza con matarme'. La información previa disponible en casos como estos es fundamental, porque entonces el operador que recibe el llamado va a enviar un móvil policial y el uniformado que va, lo hace conociendo de antemano la situación con la que se va a encontrar, que hay una persona en crisis, que ya amenazó a familiares".

"Es imposible contar con la figura del negociador en cada guardia, salvo los grupos especiales como el Equipo de Tácticas Especiales Recomendadas (Eter), que tienen un efectivo especializado en cada guardia a los fines de actuar en caso de ser necesario", agregó Quinteros.

El entrevistado sugirió para estos casos "utilizar redes similares a las que usan los bomberos o bien los guardafaunas, para arrojársela encima y de este modo inmovilizarlo, no obstante, hoy los móviles no cuentan con elementos de esta naturaleza, el policía no cuenta con el bastón o tonfa elemento este que es muy útil al momento de neutralizar a una persona que amenaza con un arma blanca. En situaciones como la ocurrida con Chano, el policía no puede utilizar una escopeta con proyectiles de goma, porque el espacio era reducido y en el lugar había otras personas".

"El Grupo Eter posee un negociador policial, el cual tiene formación en universidades de Estados Unidos. Allí se formaron los primeros negociadores, en mi caso tuve esa escuela cuando se conformó el Equipo de Negociadores Policiales como se le llamaba en esa época (años 90 y 2000) y luego este personal pasó a conformar el Eter. Este grupo está capacitado para actuar en estas situaciones, porque dispone los elementos necesarios para llevar adelante una labor que permita neutralizar a la persona en crisis, ellos poseen los escudos, los bastones que son necesarios para estas ocasiones".

En tanto, Quinteros indicó que si bien "el personal policial está entrenado en técnicas de reducción de personas inmediata, contar con los elementos necesarios es esencial".

"Se le debería permitir a cada móvil policial contar un bastón de infantería, que en definitiva no es un arma letal, es simplemente un palo, el que permite mantener la distancia con el agresor. Si este se encuentra con un cuchillo te permite pegarle en la mano y sin producirle ninguna herida mortal, nos hemos enfrentado a casos en donde han utilizado un perro para evita el accionar policial", agregó.

El sargento subayudante retirado destacó que hoy el personal policial cuenta con formación para actuar ante situaciones de esta naturaleza, "por suerte la Policía de la provincia cuenta con capacitaciones permanentes para su personal, el problema es cuando surgen situaciones extremas".

¿Qué dice el protocolo?

Las fuerzas nacionales de seguridad cuentan, desde 2013, con un protocolo de intervención para preservar la integridad de las personas con padecimientos de salud mental o consumo problemático de sustancias ante una situación de emergencia que puedan conllevar riesgo para sí o para otras personas.

A través de la Resolución 506/2013, dictada por el Ministerio de Seguridad durante el segundo mandato presidencial de Cristina Fernández de Kirchner, el Estado se propuso adecuar la actuación de la Policía Federal, la Prefectura, la Gendarmería y la Policía Aeronáutica con el objeto de proteger los derechos humanos de quienes tienen padecimientos de salud mental, adiciones y consumos problemáticos y la integridad de estos, sus allegados, los efectivos de seguridad y el personal sanitario ante situaciones de emergencia en salud mental, tanto en ámbito privado como especialmente público.

Entre sus principios generales, las pautas de intervención establecen:

- La obligación (...) de tratar a las personas que se encuentran en la situación de riesgo antes descripta con absoluto respeto de sus derechos y garantías constitucionales.

- La finalidad (...) es preservar la seguridad de esas personas, como también facilitar las condiciones para la correcta intervención de los servicios de salud y sociales, asegurando el contacto con algún familiar o persona allegada.

 - La atención inmediata del equipo de salud es la primera estrategia de mayor utilidad y prioridad en estas situaciones de urgencia, particularmente cuando la evaluación inicial permite sospechar que se está frente a un riesgo inminente para sí o para terceros por intoxicación o abstinencia de sustancias, o bien la presencia de otros padecimientos físicos o mentales.

La Resolución, dictada durante la gestión de Nilda Garré en Seguridad, prohíbe que los efectivos de seguridad realicen "evaluación de riesgo en la salud" de la persona afectada y ordena que "se debe priorizar las técnicas disuasivas y preventivas" de abordaje.

"Se adoptarán todas las medidas para garantizar, en lo posible, una comunicación efectiva entre la persona afectada y el personal policial", señala el protocolo. Y propone para ello el empleo de intérpretes, a través de intérpretes y/o uso de "lenguaje sencillo", tanto oral como escrito, en caso de ser necesario.

Tiene un apartado propio que estable cómo actuar frente a situaciones que involucran a niños y adolescentes, el cual prioriza la participación de equipos de salud y de protección de derechos humanos.

Un anexo de las Pautas oficiales de Intervención describe de modo somero las situaciones de delirio y de agitación, despliega la serie de preguntas que los efectivos deben hacer para tener una primera evaluación de la claridad de conciencia de los afectados y describe las posibles conductas y las respectivas estrategias de contención que debieran conllevar.

Cada una de esas variables, a su vez, son adaptadas para casos tales como:

- Personas en situación de agitación y/o violencia

- Personas en estado de confusión o delirio

- Comportamientos audodestructivos que representan un riesgo inminente para sí o para terceros

- Casos de estupor y coma o disminución grave de la conciencia

Son siete los principios generales de intervención:

- Dar prioridad a la implementación de estrategias basadas en la contención verbal de las personas con presunción de uso problemático de sustancias por el uso o abstinencia de sustancias.

- Mantener la calma y adoptar un estilo empático y respetuoso frente al comportamiento alterado en general.

- Solicitar la asistencia inmediata del equipo de salud.

- Cuando se trate de niños, niñas o adolescentes se deberá dar inmediata intervención a la autoridad competente en la materia encargado de la protección de derechos, quien será el responsable de continuar con las intervenciones pertinentes.

- El uso de medidas de fuerza como la restricción física debe ser evitado y sólo empleado como último recurso.

- Debe tenerse presente que no se trata de un problema esencialmente policial. Incluso cuando se esté frente a la comisión de un delito.

- Se deben agotar todas las medidas al alcance para que la persona brinde su consentimiento al momento de la atención.