Sobre la crisis boliviana
Bolivia vive un peligroso vacío de poder que debe ser eliminado cuanto antes. No con la acción de militares, sino con los instrumentos constitucionales que permitan resguardar la institucionalidad.
"Quien gobernó Bolivia por 14 años decidió irse denunciando un golpe, se fue sin autocrítica y sin aceptar la auditoría a las elecciones que realizó la OEA", sostiene un editorial del diario El Deber de Bolivia. La renuncia de Evo Morales fue la consecuencia de casi tres semanas de agitación política en el país del Altiplano como consecuencias de las flagrantes irregularidades en el escrutinio de las elecciones presidenciales del 20 de octubre pasado.
Estas serias anomalías fueron denunciadas en un informe esclarecedor por los veedores de la Organización de Estados Americanos. El documento establece que se cometieron maniobras fraudulentas. Por ejemplo, la intervención de un servidor de computación ajeno al sistema electoral, desde donde se introdujo información de actas (sin que ese procedimiento esté monitoreado por los técnicos del TSE), hasta adulteración de actas de sufragio, falsificación de firmas y variación sospechosa del cómputo en el último 5% de los datos.
Victimizándose, el ex presidente boliviano aseguró ser víctima de un golpe de Estado. Innumerables voces afines a su ideología así lo reafirman por estas horas. Es verdad que la injerencia de las fuerzas armadas en este proceso no ha sido positiva. La declaración de las máximas autoridades militares sugiriendo la dimisión del primer mandatario ha dado el motivo perfecto para que Evo Morales se retire del cargo y denuncie el intento golpista. A ello se suma el accionar de algunos dirigentes sociales opositores, Fernando Machado es uno de ellos, cuya actuación estuvo impregnada de un discurso flamígero que encendió aún más los enardecidos ánimos.
Lo cierto es que el hasta hace poco hombre fuerte de la política boliviana se ha ido dejando un enorme vacío de poder. El artículo 169 de la Constitución Política del Estado dice: En caso de impedimento o ausencia definitiva del presidente, será reemplazado en el cargo por el vicepresidente y, a falta de éste, por la presidenta del Senado, y a falta de esta por el presidente de la Cámara de Diputados. En este último caso, se convocarán nuevas elecciones en el plazo máximo de noventa días". El problema es que han renunciado todos los dirigentes que ostentaban esos cargos, por lo que se abrió un tiempo de indefinición que debe ser resuelto con premura.
Por otra parte, quienes denuncian un golpe de Estado nada afirman sobre los escandalosos procesos del escrutinio de las últimas elecciones ni sobre la vocación de retener el poder de manera indefinida que exhibió Morales. Sobre el primer tema, la OEA ya ha puesto las cosas en claro. Sobre el segundo, cabe señalar que la Constitución boliviana solo acepta una reelección continua. Morales iba por la cuarta, puesto que desconoció el voto popular en un referéndum llevado a cabo en 2016. Allí la mayoría de los bolivianos se opuso a una nueva postulación suya. Pero el ahora ex presidente anuló por completo ese acto electoral, dejando sentado un precedente antidemocrático que ahora pretendió mantener con las maniobras del Tribunal Electoral.
Así, Bolivia vive un peligroso vacío de poder que debe ser eliminado cuanto antes. No con la acción de militares, sino con los instrumentos constitucionales que permitan resguardar la institucionalidad. La pacificación del hermano país no permite egoísmos ni irresponsabilidades. Tampoco posturas irreductibles ni deseos de venganza. Aunque en las actuales condiciones, suena casi a ingenuidad pedir que impere el lenguaje de la democracia y la búsqueda de la paz.