Necesaria reivindicación de la legalidad
Los usurpadores del Pabellón Argentina, en la Universidad Nacional de Córdoba, están fuera de la institucionalidad y han declarado una "zona liberada" en la que impiden el paso de personas que deben trabajar o estudiar y rechazan cualquier intento de negociación. Por fortuna, el apoyo a la toma es casi nulo dentro de las comunidades académicas.
A lo largo de varias semanas, el Pabellón Argentina
de la Universidad Nacional de Córdoba ha sido tomado por un grupo de supuestos
estudiantes sin representación institucional que plantean exigencias, algunas
casi surrealistas, y se adueñaron del espacio más representativo de la Casa de
Trejo.
Esta toma viola todas las normas legales vigentes. Los usurpadores del Pabellón Argentina están fuera de la institucionalidad y han declarado una "zona liberada" en la que impiden el paso de personas que deben trabajar o estudiar y rechazan cualquier intento de negociación que no contemple la reivindicación de sus trasnochadas demandas.
La metodología empleada es propia de ideologías extremas como las que profesan quizás estos jóvenes ocupantes. No les importa la ley. La rechazan de plano. Se sienten por sobre la legalidad y actúan en consecuencia. Y si no consiguen que se atiendan sus descabellados planteos, resisten cualquier opción de diálogo para solucionar las cosas, tensando la cuerda para luego asumirse como víctimas si la se ordenase el desalojo para devolver la normalidad de la vida académica de la Universidad de Córdoba.
Esto último demuestra además la ineficiencia de la Justicia para hacer cumplir la ley. No se encuentra explicación a la demora en la acción reparadora de todos los delitos e infracciones que están cometiendo los ocupantes del Pabellón Argentina. La prudencia es siempre una buena consejera. Pero cuando se superan ciertos límites, la inacción es la peor de las alternativas, porque enfervoriza a los fanáticos que disponen la toma, al tiempo que predispone mal a los actores afectados.
Por fortuna, el apoyo a la toma es casi nulo dentro de las comunidades académicas de Córdoba. Incluso la Federación Universitaria convocó a acciones para demostrar que no apoya semejante despropósito. "La toma del edificio está impidiendo de manera ilegítima que nuestra Universidad pueda cumplir con sus responsabilidades de enseñanza, investigación y extensión para con la sociedad. Esto provoca perjuicios a toda la comunidad: estudiantes, docentes, no docentes, graduados/as y a la sociedad cordobesa en general", expresó la FUC a través de un comunicado. Mientras tanto, las autoridades universitarias ni siquiera denunciaron ante los tribunales esta anómala situación, lo que configuraría también un hecho irregular en el no cumplimiento de las obligaciones que sus cargos les exigen.
Más allá de cómo se resuelva esta ocupación, el interrogante queda planteado. ¿Cómo es posible para una sociedad que pretende vivir en paz tolerar que grupúsculos que no representan a nadie interfieran a menudo violando la legalidad y repudiando la institucionalidad?