LEGÍTIMA DEFENSA VERSUS JUSTICIA POR MANO PROPIA
LEGÍTIMA DEFENSA VERSUS JUSTICIA POR MANO PROPIA
El ciudadano
honesto tiene derecho a defenderse. Y a exigir que lo defiendan los organismos
del Estado. No obstante, comprendiendo el malestar y la lógica repulsa por el
accionar impune de la delincuencia, aquello de hacer justicia por mano propia
no es la mejor solución.
El ciudadano
honesto tiene derecho a defenderse. Y a exigir que lo defiendan los organismos
del Estado. No obstante, comprendiendo el malestar y la lógica repulsa por el
accionar impune de la delincuencia, aquello de hacer justicia por mano propia
no es la mejor solución.
El doloroso
y lamentable episodio policial en el que un adulto mayor dio muerte a una
persona que había ingresado subrepticiamente al patio de su vivienda con
intenciones de robo ha generado fuerte repercusión en nuestra comunidad. El
creciente auge del delito, admitido por la más alta autoridad policial de la
región incluso, aumenta también la indefensión y la búsqueda de métodos varios
para evitar ser víctima de los malvivientes de toda calaña que aprovechan
cualquier ocasión para llevar adelante sus fechorías.
En este
marco, la Justicia está dilucidando las circunstancias en las que se produjo el
fallecimiento del ladrón. Los pasos que están dando los magistrados para
esclarecer el hecho parecen tomar nota de que se habría tratado de un suceso en
el que se habría ejercido legítima defensa. No obstante, a partir de lo
ocurrido y de declaraciones públicas de familiares de la persona que murió, se
reabrió un debate sobre la justicia por mano propia. La discusión va mucho más
allá de este caso y de otros similares que se han producido. Por ello, la
reflexión tendría que abstraerse de las circunstancias de cada hecho en
particular, aun cuando es comprensible que esto no siempre sea posible siempre
puesto que cuando la vida está en juego, las emociones predominan sobre el
raciocinio.
Atendiendo a
esta última premisa, se hace necesario enfatizar que el desamparo de la
población es manifiesto y que la misión indelegable del Estado en brindar
seguridad no es satisfecha sería deseable. La opinión casi generalizada
coincide en que la desprotección frente al accionar muchas veces impune de la
delincuencia es una realidad tangible. El reclamo por la existencia de leyes
más severas y una más decidida acción de los estamentos de seguridad y
judiciales forma parte de las primeras preocupaciones ciudadanas.
Esta
percepción se hace visible cuando se producen sucesos en los que las víctimas
de asaltos violentos reaccionan y ponen fin a la vida de sus victimarios. En
estos casos, existe la sensación de que no se mide con la misma vara y que los
honestos ciudadanos que fueron atacados por un delincuente siempre terminan
perjudicados. No puede obviarse, los comentarios en las redes sociales lo
testimonian, que una importante porción de nuestra sociedad insiste en que la
indefensión da pie a la justicia por mano propia.
El progreso
de la humanidad, la civilización, permitió establecer que las personas delegan
en el Estado funciones esenciales. La seguridad es una de ellas. En tiempos en
los que no bajan respuestas satisfactorias desde los estamentos a los que la
sociedad facultó para darlas, se hace efectivo el lamentable resultado de que
la potestad de combatir el delito retorna a cada individuo y justifica
reacciones de cualquier tipo.
Lo que puede
entenderse como justicia asoma como una peligrosa regresión. En verdad, el
ciudadano honesto tiene derecho a defenderse. Y a exigir que lo defiendan los
organismos del Estado que corresponden. Comprendiendo el malestar y la lógica
repulsa por el accionar impune de la delincuencia, es preciso seguir
sosteniendo, no obstante, que aquello de hacer justicia por mano propia no es
la mejor solución. No puede la víctima caer en la misma bajeza que un criminal.
Por cierto, la legítima defensa no ingresa en esta categoría. Es legítima y
legal.
El doloroso
y lamentable episodio policial en el que un adulto mayor dio muerte a una
persona que había ingresado subrepticiamente al patio de su vivienda con
intenciones de robo ha generado fuerte repercusión en nuestra comunidad. El
creciente auge del delito, admitido por la más alta autoridad policial de la
región incluso, aumenta también la indefensión y la búsqueda de métodos varios
para evitar ser víctima de los malvivientes de toda calaña que aprovechan
cualquier ocasión para llevar adelante sus fechorías.
En este
marco, la Justicia está dilucidando las circunstancias en las que se produjo el
fallecimiento del ladrón. Los pasos que están dando los magistrados para
esclarecer el hecho parecen tomar nota de que se habría tratado de un suceso en
el que se habría ejercido legítima defensa. No obstante, a partir de lo
ocurrido y de declaraciones públicas de familiares de la persona que murió, se
reabrió un debate sobre la justicia por mano propia. La discusión va mucho más
allá de este caso y de otros similares que se han producido. Por ello, la
reflexión tendría que abstraerse de las circunstancias de cada hecho en
particular, aun cuando es comprensible que esto no siempre sea posible siempre
puesto que cuando la vida está en juego, las emociones predominan sobre el
raciocinio.
Atendiendo a
esta última premisa, se hace necesario enfatizar que el desamparo de la
población es manifiesto y que la misión indelegable del Estado en brindar
seguridad no es satisfecha sería deseable. La opinión casi generalizada
coincide en que la desprotección frente al accionar muchas veces impune de la
delincuencia es una realidad tangible. El reclamo por la existencia de leyes
más severas y una más decidida acción de los estamentos de seguridad y
judiciales forma parte de las primeras preocupaciones ciudadanas.
Esta
percepción se hace visible cuando se producen sucesos en los que las víctimas
de asaltos violentos reaccionan y ponen fin a la vida de sus victimarios. En
estos casos, existe la sensación de que no se mide con la misma vara y que los
honestos ciudadanos que fueron atacados por un delincuente siempre terminan
perjudicados. No puede obviarse, los comentarios en las redes sociales lo
testimonian, que una importante porción de nuestra sociedad insiste en que la
indefensión da pie a la justicia por mano propia.
El progreso
de la humanidad, la civilización, permitió establecer que las personas delegan
en el Estado funciones esenciales. La seguridad es una de ellas. En tiempos en
los que no bajan respuestas satisfactorias desde los estamentos a los que la
sociedad facultó para darlas, se hace efectivo el lamentable resultado de que
la potestad de combatir el delito retorna a cada individuo y justifica
reacciones de cualquier tipo.
Lo que puede
entenderse como justicia asoma como una peligrosa regresión. En verdad, el
ciudadano honesto tiene derecho a defenderse. Y a exigir que lo defiendan los
organismos del Estado que corresponden. Comprendiendo el malestar y la lógica
repulsa por el accionar impune de la delincuencia, es preciso seguir
sosteniendo, no obstante, que aquello de hacer justicia por mano propia no es
la mejor solución. No puede la víctima caer en la misma bajeza que un criminal.
Por cierto, la legítima defensa no ingresa en esta categoría. Es legítima y
legal.