El doloroso y lamentable episodio policial en el que un adulto mayor dio muerte a una persona que había ingresado subrepticiamente al patio de su vivienda con intenciones de robo ha generado fuerte repercusión en nuestra comunidad. El creciente auge del delito, admitido por la más alta autoridad policial de la región incluso, aumenta también la indefensión y la búsqueda de métodos varios para evitar ser víctima de los malvivientes de toda calaña que aprovechan cualquier ocasión para llevar adelante sus fechorías.

En este marco, la Justicia está dilucidando las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento del ladrón. Los pasos que están dando los magistrados para esclarecer el hecho parecen tomar nota de que se habría tratado de un suceso en el que se habría ejercido legítima defensa. No obstante, a partir de lo ocurrido y de declaraciones públicas de familiares de la persona que murió, se reabrió un debate sobre la justicia por mano propia. La discusión va mucho más allá de este caso y de otros similares que se han producido. Por ello, la reflexión tendría que abstraerse de las circunstancias de cada hecho en particular, aun cuando es comprensible que esto no siempre sea posible siempre puesto que cuando la vida está en juego, las emociones predominan sobre el raciocinio.

Atendiendo a esta última premisa, se hace necesario enfatizar que el desamparo de la población es manifiesto y que la misión indelegable del Estado en brindar seguridad no es satisfecha sería deseable. La opinión casi generalizada coincide en que la desprotección frente al accionar muchas veces impune de la delincuencia es una realidad tangible. El reclamo por la existencia de leyes más severas y una más decidida acción de los estamentos de seguridad y judiciales forma parte de las primeras preocupaciones ciudadanas. 

Esta percepción se hace visible cuando se producen sucesos en los que las víctimas de asaltos violentos reaccionan y ponen fin a la vida de sus victimarios. En estos casos, existe la sensación de que no se mide con la misma vara y que los honestos ciudadanos que fueron atacados por un delincuente siempre terminan perjudicados. No puede obviarse, los comentarios en las redes sociales lo testimonian, que una importante porción de nuestra sociedad insiste en que la indefensión da pie a la justicia por mano propia.

El progreso de la humanidad, la civilización, permitió establecer que las personas delegan en el Estado funciones esenciales. La seguridad es una de ellas. En tiempos en los que no bajan respuestas satisfactorias desde los estamentos a los que la sociedad facultó para darlas, se hace efectivo el lamentable resultado de que la potestad de combatir el delito retorna a cada individuo y justifica reacciones de cualquier tipo.

Lo que puede entenderse como justicia asoma como una peligrosa regresión. En verdad, el ciudadano honesto tiene derecho a defenderse. Y a exigir que lo defiendan los organismos del Estado que corresponden. Comprendiendo el malestar y la lógica repulsa por el accionar impune de la delincuencia, es preciso seguir sosteniendo, no obstante, que aquello de hacer justicia por mano propia no es la mejor solución. No puede la víctima caer en la misma bajeza que un criminal. Por cierto, la legítima defensa no ingresa en esta categoría. Es legítima y legal.