INADMISIBLE DEMORA DE LA ANSES
INADMISIBLE DEMORA DE LA ANSES
Más
allá de las visiones acerca de la política previsional
tanto en la provincia como en la Nación, es vital que se comprenda que los magros ingresos de los jubilados no pueden seguir
licuándose frente a la inflación.
Más
allá de las visiones acerca de la política previsional
tanto en la provincia como en la Nación, es vital que se comprenda que los magros ingresos de los jubilados no pueden seguir
licuándose frente a la inflación.
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Juan Schiaretti analiza intimar a la Nación por los fondos para la Caja de Jubilaciones.
Según ha trascendido desde fuentes
oficiales y se ha publicado en varios medios de comunicación, el gobierno de la
provincia analiza intimar a la Administración Nacional del Seguro de Salud
(Anses) para que destine los más de 6 mil millones de pesos que debe girar a la
Caja de Jubilaciones de Córdoba. Se ha señalado que ya vencieron las cuotas de
enero y febrero, así como en pocos días también expirará el plazo de marzo, con
lo que la deuda llegaría a casi 10 mil millones de pesos.
Los pagos están estipulados en el
presupuesto nacional aprobado por el Congreso. En su artículo 92, esta ley
establece que los aportes mensuales a las cajas de jubilación provinciales que
no fueron transferidas a la Nación "incluirán una actualización conforme con
las variaciones en el índice de movilidad del Sistema Integrado Previsional
Argentino". El monto que la provincia reclama es un estimativo que surge de la
aplicación de este artículo respecto de las cifras que percibió durante todo el
año anterior.
Sin embargo, a poco de finalizar el primer
trimestre de este año, la Anses todavía no hizo ninguna transferencia de fondos
a nuestra provincia y, se estima, a varias otras jurisdicciones. Los acuerdos
logrados en el Parlamento y plasmados en la ley de Presupuesto no parecen tener
fuerza para las autoridades de una de las cajas más apetecidas por el sector
más "duro" de la coalición que hoy gobierna. El manejo discrecional que se
estaría haciendo es, además de violatorio de las normas establecidas, una
afrenta hacia los jubilados cordobeses. Menoscaba asimismo los principios
federales escritos en la Constitución.
Mientras sigue celebrando una ley de
moratoria que aumentará los problemas ya conocidos del sistema previsional, la
Anses no gira los fondos porque, trascendió, argumenta que los montos a
transferir deben ser acordados todavía con las provincias. Sin embargo, nada
tienen que discutir. Porque el artículo citado es muy claro respecto del
mecanismo que debe aplicarse. Señala que las transferencias deben hacerse antes
del día 20 de cada mes, "en concepto de anticipo a cuenta del resultado
definitivo del déficit correspondiente a cada sistema previsional, un importe
equivalente a una doceava parte del monto total del último déficit anual,
provisorio o definitivo, conformado para cada una de ellas". Y ratifica que
"cada anticipo mensual incluirá su actualización conforme con las variaciones
en el índice de movilidad jubilatoria del Sistema Integrado Previsional
Argentino. Para calcular dicha actualización se considerará la variación del
índice entre el mes de julio del año al cual corresponde el último déficit,
provisorio o definitivo, determinado y el mes anterior al del pago de la
cuota".
De acuerdo a lo que dispone este artículo,
la provincia ha hecho los cálculos correspondientes y reclama en consecuencia
el atraso en los pagos. Una mora que no es aceptable, mucho menos en el
contexto socioeconómico actual. Porque, más allá de las visiones que se puedan
tener acerca de la política previsional tanto en la provincia como en la Nación,
es vital que se comprenda que ha llegado la hora de que los magros ingresos de
los jubilados no pueden seguir licuándose frente a la inflación creciente. Así
tampoco, las disputas electorales o ideológicas no deben interferir en una
cuestión tan sensible y crucial para la vida de millones de argentinos.
Según ha trascendido desde fuentes
oficiales y se ha publicado en varios medios de comunicación, el gobierno de la
provincia analiza intimar a la Administración Nacional del Seguro de Salud
(Anses) para que destine los más de 6 mil millones de pesos que debe girar a la
Caja de Jubilaciones de Córdoba. Se ha señalado que ya vencieron las cuotas de
enero y febrero, así como en pocos días también expirará el plazo de marzo, con
lo que la deuda llegaría a casi 10 mil millones de pesos.
Los pagos están estipulados en el
presupuesto nacional aprobado por el Congreso. En su artículo 92, esta ley
establece que los aportes mensuales a las cajas de jubilación provinciales que
no fueron transferidas a la Nación "incluirán una actualización conforme con
las variaciones en el índice de movilidad del Sistema Integrado Previsional
Argentino". El monto que la provincia reclama es un estimativo que surge de la
aplicación de este artículo respecto de las cifras que percibió durante todo el
año anterior.
Sin embargo, a poco de finalizar el primer
trimestre de este año, la Anses todavía no hizo ninguna transferencia de fondos
a nuestra provincia y, se estima, a varias otras jurisdicciones. Los acuerdos
logrados en el Parlamento y plasmados en la ley de Presupuesto no parecen tener
fuerza para las autoridades de una de las cajas más apetecidas por el sector
más "duro" de la coalición que hoy gobierna. El manejo discrecional que se
estaría haciendo es, además de violatorio de las normas establecidas, una
afrenta hacia los jubilados cordobeses. Menoscaba asimismo los principios
federales escritos en la Constitución.
Mientras sigue celebrando una ley de
moratoria que aumentará los problemas ya conocidos del sistema previsional, la
Anses no gira los fondos porque, trascendió, argumenta que los montos a
transferir deben ser acordados todavía con las provincias. Sin embargo, nada
tienen que discutir. Porque el artículo citado es muy claro respecto del
mecanismo que debe aplicarse. Señala que las transferencias deben hacerse antes
del día 20 de cada mes, "en concepto de anticipo a cuenta del resultado
definitivo del déficit correspondiente a cada sistema previsional, un importe
equivalente a una doceava parte del monto total del último déficit anual,
provisorio o definitivo, conformado para cada una de ellas". Y ratifica que
"cada anticipo mensual incluirá su actualización conforme con las variaciones
en el índice de movilidad jubilatoria del Sistema Integrado Previsional
Argentino. Para calcular dicha actualización se considerará la variación del
índice entre el mes de julio del año al cual corresponde el último déficit,
provisorio o definitivo, determinado y el mes anterior al del pago de la
cuota".
De acuerdo a lo que dispone este artículo,
la provincia ha hecho los cálculos correspondientes y reclama en consecuencia
el atraso en los pagos. Una mora que no es aceptable, mucho menos en el
contexto socioeconómico actual. Porque, más allá de las visiones que se puedan
tener acerca de la política previsional tanto en la provincia como en la Nación,
es vital que se comprenda que ha llegado la hora de que los magros ingresos de
los jubilados no pueden seguir licuándose frente a la inflación creciente. Así
tampoco, las disputas electorales o ideológicas no deben interferir en una
cuestión tan sensible y crucial para la vida de millones de argentinos.