Según ha trascendido desde fuentes oficiales y se ha publicado en varios medios de comunicación, el gobierno de la provincia analiza intimar a la Administración Nacional del Seguro de Salud (Anses) para que destine los más de 6 mil millones de pesos que debe girar a la Caja de Jubilaciones de Córdoba. Se ha señalado que ya vencieron las cuotas de enero y febrero, así como en pocos días también expirará el plazo de marzo, con lo que la deuda llegaría a casi 10 mil millones de pesos.

Los pagos están estipulados en el presupuesto nacional aprobado por el Congreso. En su artículo 92, esta ley establece que los aportes mensuales a las cajas de jubilación provinciales que no fueron transferidas a la Nación "incluirán una actualización conforme con las variaciones en el índice de movilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino". El monto que la provincia reclama es un estimativo que surge de la aplicación de este artículo respecto de las cifras que percibió durante todo el año anterior.

Sin embargo, a poco de finalizar el primer trimestre de este año, la Anses todavía no hizo ninguna transferencia de fondos a nuestra provincia y, se estima, a varias otras jurisdicciones. Los acuerdos logrados en el Parlamento y plasmados en la ley de Presupuesto no parecen tener fuerza para las autoridades de una de las cajas más apetecidas por el sector más "duro" de la coalición que hoy gobierna. El manejo discrecional que se estaría haciendo es, además de violatorio de las normas establecidas, una afrenta hacia los jubilados cordobeses. Menoscaba asimismo los principios federales escritos en la Constitución.

Mientras sigue celebrando una ley de moratoria que aumentará los problemas ya conocidos del sistema previsional, la Anses no gira los fondos porque, trascendió, argumenta que los montos a transferir deben ser acordados todavía con las provincias. Sin embargo, nada tienen que discutir. Porque el artículo citado es muy claro respecto del mecanismo que debe aplicarse. Señala que las transferencias deben hacerse antes del día 20 de cada mes, "en concepto de anticipo a cuenta del resultado definitivo del déficit correspondiente a cada sistema previsional, un importe equivalente a una doceava parte del monto total del último déficit anual, provisorio o definitivo, conformado para cada una de ellas". Y ratifica que "cada anticipo mensual incluirá su actualización conforme con las variaciones en el índice de movilidad jubilatoria del Sistema Integrado Previsional Argentino. Para calcular dicha actualización se considerará la variación del índice entre el mes de julio del año al cual corresponde el último déficit, provisorio o definitivo, determinado y el mes anterior al del pago de la cuota".

De acuerdo a lo que dispone este artículo, la provincia ha hecho los cálculos correspondientes y reclama en consecuencia el atraso en los pagos. Una mora que no es aceptable, mucho menos en el contexto socioeconómico actual. Porque, más allá de las visiones que se puedan tener acerca de la política previsional tanto en la provincia como en la Nación, es vital que se comprenda que ha llegado la hora de que los magros ingresos de los jubilados no pueden seguir licuándose frente a la inflación creciente. Así tampoco, las disputas electorales o ideológicas no deben interferir en una cuestión tan sensible y crucial para la vida de millones de argentinos.