EL TRANSPORTE INTERURBANO EN PELIGRO
EL TRANSPORTE INTERURBANO EN PELIGRO
El Estado gasta mal e históricamente ha despilfarrado recursos, incluso en el sistema de transporte. Ese derroche sin límite de fondos ha tenido como beneficiarias a las empresas que funcionan en lo que hoy se denomina el Amba. El interior del país ha sido siempre postergado.
El Estado gasta mal e históricamente ha despilfarrado recursos, incluso en el sistema de transporte. Ese derroche sin límite de fondos ha tenido como beneficiarias a las empresas que funcionan en lo que hoy se denomina el Amba. El interior del país ha sido siempre postergado.
Ha
repercutido con fuerza en la vecina provincia de Santa Fe una declaración del
presidente de la Asociación de Transporte Automotor de Pasajeros de esa
provincia, en la que sostiene que la situación económica de las empresas de
transporte interurbano se agravará casi hasta el extremo si se concreta un
anuncio del gobierno nacional que redistribuye los subsidios al sistema.
En efecto,
la medida que se aplicaría determina que no tendrá más aporte del Estado
nacional el transporte público de pasajeros que preste servicios de más de 60 kilómetros.
Es decir, la mayor parte de las empresas que funcionan en el país y casi todas
las que lo hacen en nuestra región podrían verse en situaciones económicas y
financieras difíciles, siendo que ya de por sí están viviendo circunstancias
muy complicadas por imperio de las restricciones impuestas por la pandemia.
Es que la
quita del subsidio agudizará los problemas ya existentes, derivados de la larga
inactividad en el transporte interurbano vivida el año pasado y de la caída
estrepitosa de los ingresos por viajes, así como la imposibilidad de completar
los asientos en los colectivos debido a las medidas de distanciamiento social
que impone la realidad sanitaria. Esto significaría un golpe mortal para el
transporte interurbano, al menos en regiones en las que la gente lo utiliza
como medio de transporte para numerosas actividades de la vida cotidiana que
tuvieron alguna pausa durante 2020, pero que se retomarán seguramente con el
correr de los meses aun cuando la normalidad anterior tarde mucho tiempo en
recuperarse.
Vale señalar
aquí que en toda la región del este cordobés y el oeste santafesino, las
empresas de transporte interurbano prestan un servicio invalorable. Sin él,
cuando la presencialidad retorne, aun acotada como se presume, sería difícil
mantener el servicio educativo en algunas localidades pequeñas, por ejemplo.
Puesto que son decenas los docentes que cada día lo utilizan para dar clases en
establecimientos educacionales tanto primarios como secundarios. Algo similar
ocurriría con los centros de educación terciaria y universitaria ubicados en
San Francisco u otras ciudades más pobladas, en virtud de que es muy numerosa
la cantidad de estudiantes que cada día llegan a cursar utilizando el
transporte interurbano. Lo mismo sucede
con numerosas otras actividades, alguna centrales y esenciales como la salud y
la seguridad.
Es verdad
que el Estado gasta mal e históricamente ha despilfarrado recursos, incluso en
el sistema de transporte. Pero no es menos cierto que ese derroche sin límite
de fondos ha tenido como beneficiarias a las empresas que funcionan en lo que
hoy se denomina el Área Metropolitana de Buenos Aires. El interior del país ha
sido siempre postergado. El retroceso en la calidad de vida y el aislamiento de
poblaciones en varias regiones del país serán variables comunes de concretarse
el anuncio de la quita de subsidios.
Ha
repercutido con fuerza en la vecina provincia de Santa Fe una declaración del
presidente de la Asociación de Transporte Automotor de Pasajeros de esa
provincia, en la que sostiene que la situación económica de las empresas de
transporte interurbano se agravará casi hasta el extremo si se concreta un
anuncio del gobierno nacional que redistribuye los subsidios al sistema.
En efecto,
la medida que se aplicaría determina que no tendrá más aporte del Estado
nacional el transporte público de pasajeros que preste servicios de más de 60 kilómetros.
Es decir, la mayor parte de las empresas que funcionan en el país y casi todas
las que lo hacen en nuestra región podrían verse en situaciones económicas y
financieras difíciles, siendo que ya de por sí están viviendo circunstancias
muy complicadas por imperio de las restricciones impuestas por la pandemia.
Es que la
quita del subsidio agudizará los problemas ya existentes, derivados de la larga
inactividad en el transporte interurbano vivida el año pasado y de la caída
estrepitosa de los ingresos por viajes, así como la imposibilidad de completar
los asientos en los colectivos debido a las medidas de distanciamiento social
que impone la realidad sanitaria. Esto significaría un golpe mortal para el
transporte interurbano, al menos en regiones en las que la gente lo utiliza
como medio de transporte para numerosas actividades de la vida cotidiana que
tuvieron alguna pausa durante 2020, pero que se retomarán seguramente con el
correr de los meses aun cuando la normalidad anterior tarde mucho tiempo en
recuperarse.
Vale señalar
aquí que en toda la región del este cordobés y el oeste santafesino, las
empresas de transporte interurbano prestan un servicio invalorable. Sin él,
cuando la presencialidad retorne, aun acotada como se presume, sería difícil
mantener el servicio educativo en algunas localidades pequeñas, por ejemplo.
Puesto que son decenas los docentes que cada día lo utilizan para dar clases en
establecimientos educacionales tanto primarios como secundarios. Algo similar
ocurriría con los centros de educación terciaria y universitaria ubicados en
San Francisco u otras ciudades más pobladas, en virtud de que es muy numerosa
la cantidad de estudiantes que cada día llegan a cursar utilizando el
transporte interurbano. Lo mismo sucede
con numerosas otras actividades, alguna centrales y esenciales como la salud y
la seguridad.
Es verdad
que el Estado gasta mal e históricamente ha despilfarrado recursos, incluso en
el sistema de transporte. Pero no es menos cierto que ese derroche sin límite
de fondos ha tenido como beneficiarias a las empresas que funcionan en lo que
hoy se denomina el Área Metropolitana de Buenos Aires. El interior del país ha
sido siempre postergado. El retroceso en la calidad de vida y el aislamiento de
poblaciones en varias regiones del país serán variables comunes de concretarse
el anuncio de la quita de subsidios.