El debate por la Educación Sexual Integral
El debate es bienvenido, no así la manipulación ideológica, el sesgo ideológico que elimina las diferencias y el no reconocimiento al rol de la familia contemplado taxativamente en todas las normas vigentes.
Un debate sucedáneo al de la legalización
del aborto que tuvo en vilo al país durante meses está naciendo. Se trata de la
discusión sobre los alcances de la normativa de Educación Sexual Integral que
debe, sin dudas, implementarse en el sistema educativo. No se discute bajo
ningún aspecto su necesidad en tiempos en los que es vital encontrar modos y
formas de acceso a la información alejadas de viejos tabúes y, al mismo tiempo,
bajo criterios que vinculen lo normativo con la realidad de los adolescentes.
No obstante, como ha ocurrido con el tema del aborto, algunas posturas filosóficas e ideológicas pretenden imponer su voluntad en el texto de una futura ley que reemplace a la que está en vigencia desde 2006. Y lo hacen desde perspectivas que procuran unificar a la sociedad detrás de banderas que no son compartidas por buena parte de la ciudadanía y que deben primero atravesar la instancia de debate para luego determinar si cuajan.
El diario La Nación advirtió recientemente sobre la media sanción sobre tablas en la Legislaturas de la Provincia de Buenos Aires de un proyecto que incluye la educación sexual integral y obligatoria "científica, laica y con perspectiva de género" en el sistema educativo de ese distrito. La iniciativa que ahora se discute en el Senado bonaerense "propone -afirma La Nación- un "abordaje laico, científico y crítico de toda perspectiva religiosa, oscurantista, opresora, discriminatoria y coercitiva". Como se observa, estas últimas calificaciones remiten a una visión del asunto que busca imponer y no debatir.
Pero además, va en contra de los textos legales fundamentales sobre los que debe basarse cualquier otra legislación que afecte al sistema educativo en su conjunto. El Artículo 6° de la Ley de Educación Nacional, por ejemplo, garantiza el derecho constitucional de enseñar y aprender y además de los distintos niveles del Estado, responsabiliza de las acciones educativas "a las confesiones religiosas reconocidas oficialmente y las organizaciones de la sociedad; y la familia, como agente natural y primario". Por su parte, inciso B del artículo 3° de la Ley Provincial de Educación de Córdoba "reconoce a la familia, como agente natural y primario de educación, el derecho fundamental de educar a sus hijos y de escoger el tipo de educación más adecuado a sus propias convicciones", mientras que en el inciso C establece que esta tarea "es también función y responsabilidad de la sociedad, orientada a asegurar el respeto de las peculiaridades individuales y culturales y a impulsar, a través de la participación de sus miembros, su propio desarrollo". Como si esto no bastase, la Ley de Educación Sexual Integral vigente, en su artículo 5° determina que para el cumplimiento del Programa Nacional en la materia "cada comunidad educativa incluirá en el proceso de elaboración de su proyecto institucional, la adaptación de las propuestas a su realidad sociocultural, en el marco del respeto a su ideario institucional y a las convicciones de sus miembros".
Es propio de un régimen totalitario el intento de imponer una visión única de la sexualidad desde el Estado, violatorio además de la legislación central en materia educativa que rige en el país. El debate es bienvenido, no así la manipulación ideológica, el sesgo ideológico que elimina las diferencias y el no reconocimiento al rol de la familia contemplado taxativamente en todas las normas vigentes.