Crisis policial, métodos y constitucionalidad
SI bien debe rechazarse la protesta policial armada frente a la residencia del presidente de la Nación puesto que podría incluso configurar la posible aparición de una amenaza al orden institucional, lo mismo debe señalarse que los motivos de la protesta son absolutamente justificados y requieren de la urgente resolución.
La crisis policial de la provincia de Buenos Aires tiene varias aristas que determinan una realidad mucho más compleja de lo que sería un simple reclamo por aumentos de salarios. El modo de manifestarse de algunos efectivos de esa fuerza de seguridad fue errado e inconveniente sobre todo con su presencia armada en las puertas de la residencia presidencial de Olivos. Hizo recordar momentos muy oscuros de la historia argentina reciente que no pueden repetirse, tanto por su gravedad como por las consecuencias nefastas que trajeron.
A este marco difícil desde la cuestión de la seguridad y también en lo político, se contrapone la justicia del reclamo. La misérrima cifra que ganan los efectivos policiales de Buenos Aires es el reflejo de un deterioro constante que se viene registrando desde hace décadas. Primero fue la "maldita policía" en tiempos posteriores a la crisis de 2001, luego -ante el fenómeno de la inseguridad- la masiva incorporación de agentes casi sin preparación que determinaron algunos problemas severos en el accionar de la fuerza. Al mismo tiempo, la corrupción estructural en algunas cadenas de mandos que todavía persisten. Y también las condiciones de infraestructura y logística paupérrimas que imposibilitan un trabajo no solo efectivo contra la delincuencia, sino digno para los efectivos.
En virtud de todo esto, si bien debe rechazarse la protesta policial armada frente a la residencia del presidente de la Nación puesto que podría incluso configurar la posible aparición de una amenaza al orden institucional, lo mismo debe señalarse que los motivos de la protesta son absolutamente justificados y requieren de la urgente resolución por parte de las autoridades de la provincia de Buenos Aires, con el apoyo federal solo en el caso de que el reclamo de la fuerza bonaerense no cumpla con su función específica y se establezcan condiciones de inseguridad que ponen en riesgo la vida y los bienes de los ciudadanos. Vale recordar que algo similar ocurrió en Córdoba en diciembre de 2013 y el entonces gobierno nacional dejó librado a su suerte al pueblo de la capital provincial
Entonces, debe remarcarse que la solución debe darse en la provincia de Buenos Aires. No en otra instancia gubernamental. Aquí, la intervención protagónica del presidente de la Nación generó otra instancia de conflicto institucional. Anunció un decreto por el que se quitan fondos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para entregarlos a la provincia del mismo nombre. Más allá de los argumentos esgrimidos, se ha vestido un santo desvistiendo a otro. El fenómeno de la sábana corta ha vuelto en toda su expresión.
Fue el propio jefe de Estado aseguró quien sostuvo que "la constitucionalidad es la única forma de resolver los problemas", frase cuya lógica es indiscutible en una democracia. No obstante, muchos especialistas han afirmado que la decisión de modificar los porcentajes de coparticipación viola las disposiciones constitucionales. Este contrasentido agrega otro elemento disruptivo en la serie de hechos críticos que se vienen desarrollando en el país. A propósito, la decisión presidencial reavivó una ya añeja deuda de la política argentina: la reforma constitucional de 1994 estableció el mandato de que el Congreso Nacional debía tratar un nuevo régimen de coparticipación federal. Nunca se pudo avanzar en esto. Y el problema continúa, irrumpe de manera intempestiva frente a una crisis de otra índole y ratifica que la constitucionalidad no es el modo habitual para resolver los problemas en la Argentina.