¿Y la Carta Democrática de la OEA?
La indiferencia de algunos gobernantes del continente ha puesto en jaque el instrumento de la Carta Democrática de la OEA que otorga al organismo la capacidad de sancionar a los Estados miembros que sufran rupturas institucionales
Hace pocos días, 22 ex presidentes pertenecientes a la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Idea), expresaron su respaldo a Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), tras el informe enviado por el diplomático al Consejo Permanente del órgano sobre Venezuela. Todos afirman compartir la opinión del secretario de la OEA de que en Venezuela se violan todos los artículos de la Carta Democrática Interamericana.
Sin embargo, muchos presidentes actuales de Latinoamérica expresaron que no aprobarán la implementación de este instrumento aprobado por la Organización de Estados Americanos (OEA) en la Asamblea General celebrada en Lima en septiembre de 2001.
¿Cuál será la explicación que harán estos gobiernos luego de conocerse la noticia que definitivamente termina con la democracia en Venezuela? Es que el Tribunal Supremo de Justicia, un órgano que funciona a la medida de los deseos del bizarro presidente Nicolás Maduro y su séquito, decidió despojar de competencias a la Asamblea Nacional (AN), con mayoría de la oposición, por estar en "desacato", según determinó el máximo tribunal el año pasado tras el incumplimiento de varias sentencias.
Se trata de un golpe de muerte contra el Legislativo, uno de los tres poderes en los que debe basarse una verdadera república democrática. Y es el eslabón último de un persistente arrebato de los derechos de los legisladores venezolanos. Hace algunos días, este tribunal suspendió la inmunidad parlamentaria y concedió atribuciones especiales al presidente en materia penal, militar, económica, social, política y civil. "Me están facultando con un poder habilitante especial para defender la institucionalidad, la paz, la unión nacional y rechazar amenazas de agresión o intervencionismos contra nuestro país. Esta es una sentencia histórica", dijo el mandatario venezolano en esa ocasión.
Resulta evidente a todas luces que el Tribunal Supremo es un órgano servil al gobierno que reside en Caracas. Ha permitido el ejercicio de facultades ilimitadas por parte del poder Ejecutivo y la interpretación arbitraria de la Constitución. Por lo tanto, era de esperar que el conflicto de poderes en Venezuela terminase con la supresión de uno de ellos. Adiós a la institucionalidad y a la división de poderes. Sentencia definitiva para la idea de democracia.
En Venezuela hace rato que sólo existe el autoritarismo. Un régimen que está llevando a las más graves penurias a un pueblo ejemplar que supo luchar contra la corrupción de sus gobernantes en otros tiempos y también defender con ahínco los principios republicanos.
La indiferencia de algunos gobernantes del continente ha puesto en jaque el instrumento de la Carta Democrática de la OEA que otorga al organismo la capacidad de sancionar a los Estados miembros que sufran rupturas institucionales. Esta norma es inédita en el mundo y venía a fortalecer el marco jurídico de todos los países del continente. Al parecer, son muchos los gobiernos latinoamericanos que no la consideran importante, lo que constituye una peligrosa regresión.