Urge un acuerdo sobre la protesta social
El tema de hasta dónde puede extenderse la protesta social y cuáles son los límites que no debe traspasar es controvertido y exige una decisión política de encontrar acuerdos esenciales para que el clima social se encauce de nuevo.
La polémica se instaló apenas sucedieron los hechos. Cuando la policía de la ciudad de Buenos Aires impidió que gremialistas docentes instalasen una carpa frente al Congreso de la Nación llegó a su culmen una discusión que viene "calentando motores" desde hace años.
El tema de hasta dónde puede extenderse la protesta social y cuáles son los límites que no debe traspasar es controvertido y exige una decisión política de encontrar acuerdos esenciales para que el clima social se encauce de nuevo. En esto, toda la dirigencia política y gremial -en mayor o en menor medida- ha utilizado con fines proselitistas carpas, cortes de calles, ocupación de edificios, movilizaciones y todo tipo de formato. Es casi imposible encontrar un nombre que resista un archivo en esta materia.
Ejemplos de lo anterior sobran. A minutos de los sucesos en la plaza de los dos Congresos, la ex presidente de la Nación publicó en las redes sociales una fotografía en la que se observa al actual primer mandatario y a otros ministros, apoyando la protesta en una carpa que un gremio había instalado en el mismo lugar para reclamar por el proyecto de reforma judicial impulsado por el kirchnerismo. Lo mismo, dirigentes hoy oficialistas apoyaron con fervor los cortes de ruta que el sector rural llevó adelante en la ya legendaria protesta contra la Resolución 125. Pero al mismo tiempo, debe recordarse que en el mensaje de apertura de sesiones de 2014 la misma Cristina Fernández había destacado la necesidad de legislar "una norma de respeto y convivencia urbana" en materia de protestas sociales.
En ese momento, diputados del Frente para la Victoria presentaron un proyecto de ley de "convivencia en manifestaciones públicas" cuyo objetivo era "garantizar y afianzar derechos" de los ciudadanos que son afectados cuando hay cortes de tránsito por protestas y de los que participan en ellas. La iniciativa definía cuándo una manifestación es "legítima"; establece que una protesta deberá ser informada ante "representación policial" con una antelación "no menor a las 48 horas" y que no deberá impedir el funcionamiento de los servicios públicos, ni bloquear totalmente la circulación de vehículos y personas.
Efectivamente, ninguna de las fuerzas políticas está en condiciones de tirar la primera piedra en este asunto candente. Por ello, lo mejor sería no continuar agigantando la polémica y procurar un diálogo que permita encontrar un acuerdo -que hoy ya es urgente- para encauzar y regular los modos de protesta consagrados por la Constitución nacional.