Una gran oportunidad
El Senado le cerró la puerta a la legalización del aborto, pero la abrió a la discusión de temas que estaban bajo la alfombra. No habrá nunca acuerdo en torno a lo que se discutió, pero sí puede haberlo en torno a la posibilidad de no penalizar a la mujer que aborta.
Los acontecimientos políticos y judiciales de los últimos días han generado sensaciones paradójicas. Por un lado, la idea de que el basural moral es demasiado grande en nuestra sociedad. Por el otro, la convicción de que de semejante zafarrancho de situaciones puede salir algo bueno. Esto es, la actual avalancha de noticias puede ser el comienzo de una nueva -mejor- etapa.
El Senado de la Nación no avaló el proyecto de legalización del aborto. Fue un debate áspero y encarnizado que dividió a una sociedad ya dividida, pero que también abrió la puerta a la discusión de temáticas que estaban bajo la alfombra. Más allá de oportunismos políticos o de presiones de sectores muy interesados en una u otra ribera, la sensación es que está abierta la puerta para nuevos debates. No habrá nunca acuerdo en torno a lo que se discutió, pero sí puede haberlo en torno a la posibilidad de no penalizar a la mujer que aborta, de brindar parámetros de educación sexual integral a las nuevas generaciones, de modificar las leyes de adopción y de poner en marcha políticas de atención integral de la salud de las mujeres, especialmente las de menores recursos.
Por otro lado, en la Justicia se sustancian hechos generadores de escándalos políticos y mediáticos de alto impacto. Pero al mismo tiempo, parece avanzarse hacia clarificaciones que serán bienvenidas. La condena al ex vicepresidente de la Nación en el caso Ciccone exhibe la acción de la justicia. Independientemente de las posturas políticas, el proceso judicial se cumplió y deberá seguirse cumpliendo en las demás instancias con las debidas garantías que otorga el funcionamiento de las instituciones.
Además, el caso de los cuadernos en el que se registraron los supuestos sobornos de empresarios de la obra pública a funcionarios de la gestión anterior es una magnífica ocasión para terminar con prácticas enquistadas en todos los ámbitos que develan una crisis moral de magnitud y que no solo pueden atribuirse a la clase política. La confesión de varios "arrepentidos" es un signo de que algo está cambiando. De todos modos, existen algunos grises que tienen que ser aclarados.
Esto último se relaciona con la postura de los empresarios que han decidido colaborar con la Justicia, quienes se han presentado como víctimas de extorsiones y no utilizan la figura del "arrepentido" aun cuando no lo estén. Se trata de estrategias de defensa legítimas, pero reveladoras de algunas posturas que no terminan de comprenderse. La existencia de funcionarios corruptos y de una trama delictiva en los estamentos de un gobierno es condición necesaria pero no suficiente como para que existiera semejante nivel de impunidad. El panorama se completa cuando se conoce quién o quiénes alimentan el sistema -presionados o buscando sacar ventajas económicas-.
En este punto, hace cuatro años, en un coloquio de la entidad no gubernamental Idea, casi la mitad de los más poderosos empresarios allí reunidos consideraron que la actitud de pagar una coima es condenable "sólo en casos extremos" (28 por ciento) y "nunca (19 por ciento). Parece no haberse modificado mucho esta percepción de los hombres de empresa, a la luz de las estrategias de defensa de los que se decidieron a contar su participación en la trama.
Faltaría además la sanción de la ley de extinción de dominio para completar una primera etapa de sacudones a un sistema envilecido. No obstante, es auspicioso que estas cosas se ventilen y el deseo es que se llegue a puertos seguros para que el país encuentre un nuevo rumbo. Haber destapado varias ollas podridas y haber sacado a escena temáticas que antes ni siquiera se tenían en consideración pueden ser un empujón para que la Argentina deje atrás la crisis moral en la que está sumida.