Nuevo Régimen Penal Juvenil: para Garavano sería modelo para la región
El ministro de Justicia sostuvo además que el proyecto plantea "un régimen socio-educativo, reintegración social y trabajo que actualmente no existe".
El ministro de Justicia Germán Garavano defendió ayer la reforma del Régimen Penal Juvenil que impulsa el gobierno nacional, al considerar que "sería una ley modelo para la región y gran parte del mundo" ya que, fuera de una baja de la imputabilidad, plantea "un régimen socio-educativo, reintegración social y trabajo que actualmente no existe".
En declaraciones radiales, Garavano agregó que bajar a 15 años la edad de imputabilidad "es un tema marginal" entre los 100 artículos del proyecto.
También apuntó que, en caso de que se lograra aprobar en el Congreso, la iniciativa permitiría saldar una "deuda de la democracia", ya que daría las herramientas para que "el Estado, cuando un joven tome la senda del delito, pueda sacarlo del espiral delictivo".
"El joven necesita que el Estado se interese y lo ayude, ver cómo lo saca de ese modo de vida del delito que después es tan difícil de revertir", dijo Garavano a radio Cooperativa.
"Trabajamos sobre estadísticas del Ministerio de Justicia y de otros organismos públicos que indican que, si bien el número de casos de menores de 15 años que cometen delitos graves contra la vida no es significativo, es el momento en el que se produce el quiebre a delitos más graves", explicó.
Sin embargo dijo que "la edad de imputabilidad es un tema marginal en el proyecto" y remarcó que "hoy el sistema de Justicia no tiene herramientas ni capacidades para enfrentar la intervención de los jóvenes en el delito y los jóvenes no tienen posibilidad de defensa".
"Conozco la situación de los institutos de menores, por eso es importante esta ley, que cambia este paradigma por completo. Si no cambiamos este statu quo ('estado de cosas en un determinado momento') no podremos corregir la situación que tenemos hoy", concluyó.
Denunciarán a Bonafini por incitación a la violencia
Por su parte, las diputadas de Cambiemos Lucía Lehmann y Marcela Campagnoli presentarán hoy una denuncia penal por "incitación a la violencia colectiva" contra la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, por convocar días atrás a quemar campos de soja y a usar pistolas eléctricas contra hijos y familiares del presidente y de otros funcionarios del gobierno.
La denuncia llega luego de que el pasado jueves, durante su tradicional ronda en Plaza de Mayo, Bonafini pidiera probar las pistolas eléctricas Taser "con la hija de (Mauricio) Macri, los hijos de (María Eugenia) Vidal y los hijos y los parientes de (Patricia) Bullrich" para "ver si no matan" y convocara a "quemarles los campos" a productores sojeros de modo de ver si así "van a seguir tirando glifosato".
"Debemos terminar con la violencia como forma de hacer política. Como representantes del pueblo utilizaremos las herramientas republicanas ante discursos que inciten al odio y la violencia", afirmó a través de su cuenta de Twitter la diputada de la Coalición Cívica-ARI (CC-ARI), Marcela Campagnoli.
Por su parte, Lehmann, también de la CC-ARI, aseguró por la misma vía que "no debemos tolerar ni dejar pasar a quienes, mediante el uso de la violencia colectiva, buscan violentar el orden, la democracia o la propiedad privada".
El delito del que acusarán a Bonafini está penado con entre tres y seis años de prisión y, según manifestaron las diputadas, su presentación está motivada por el hecho de que las palabras de Bonafini exceden "con creces una opinión personal" y se tratan en realidad de "un llamado a sus seguidores a cometer actos de violencia contra bienes privados y eventualmente y por añaduría, contra las personas que traten de evitarlo".
Diversas instituciones públicas, así como figuras de la política y de la esfera pública se sumaron en las últimas horas al repudio de las expresiones de Bonafini.
Entre ellos estuvieron el Colegio Público de Abogados de la ciudad de Buenos Aires, que manifestó en un comunicado que las expresiones de la dirigente de Madres de Plaza de Mayo "resultan preocupantes" y que "resultan ser inadmisibles y reprochables legalmente, constituyendo la expresión de un delito de incitación a la violencia colectiva e intimidación pública que no puede tolerarse".
También se sumaron al repudio Alejandro Fargosi -ex integrante del Consejo de la Magistratura-, Daniel Sabsay -abogado constitucionalista- y Jorge Enríquez -diputado nacional por el PRO-, entre otros.
"El delito de incitación a la violencia es evidente. Por mucho menos, cualquier otro ciudadano ya estaría procesado", señaló Enríquez.