Mobbing político: un fallo sin precedentes con defensa sanfrancisqueña
El abogado Ignacio Gioíno defendió a Sandra Votta, una empleada de Cancillería que "por no alinearse políticamente" con el gobierno de turno entre 2011 y 2013 fue despedida. Denunció que fue hostigada. El fallo con dos instancias a favor se encamina a transformarse en un leading case por el ámbito donde sucedió.
Sandra Votta es periodista de profesión, se desempeñaba en el área de prensa de la Cancillería Argentina. Su desempeño siempre fue acorde a los deberes impuestos por la administración nacional. Nada importaba su ideología sino servir al Estado del cual era empleada. Así fue hasta 2011 cuando se renovaron autoridades en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
Ingresaron profesionales vinculados a la organización política "La Cámpora", entre ellos Cecilia Nahon que luego fue embajadora de nuestro país en Estados Unidos. La vida de Sandra cambió porque empezó "el maltrato y desgaste profesional y personal". No soportó más y en 2015 buscó ayuda, se asesoró en un Estudio Jurídico de Buenos Aires, y su caso recayó en Ignacio Gioino.
Este abogado sanfrancisqueño de 49 años, que estudió en Córdoba y se especializa en Derecho Empresario, está hoy radicado en Buenos Aires. Asumió la defensa de Sandra y desde entonces comenzó un largo proceso judicial - que aún no está firme - pero que sentó precedentes.
Lo que sufría Votta no solo era acoso laboral, configuraba un caso de mobbing político que en la faz administrativa en el país no tenía precedentes, hasta ahora, que se visibilizó gracias a la labor incansable y compromiso profesional de Gioino.
La carrera dentro del mundo del derecho para Gioino es larga y lo llevó lejos de la ciudad donde nació, este sacrificio le permitió alcanzar importantes éxitos como profesional. Uno de esos fue éste donde visibilizó junto con su representada un fenómeno que obliga a repensar el concepto y la actividad política que va mucho más allá de lo partidario y que trasciende incluso las funciones públicas, porque política es todo.
Caso testigo
El juicio que en dos instancias favoreció a Sandra, Gioino lo tomó en 2015 cuando ella decidió recurrir a la justicia debido a las situaciones que padecía en su trabajo y cuyas acciones que la dañaron psicológicamente fueron incrementándose a medida que pasó el tiempo.
Su trabajo que siempre fue normal "y tuvo grandes reconocimientos debido a su desempeño", según expresó el abogado pero "desde 2011 se caracterizó por una etapa de continuo maltrato" que le produjo a la demandante "un agotamiento".
La fundamentación de esto radicaba no en un comportamiento equivocado a nivel laboral, sino "a su negación para alinearse y obedecer consignas políticas - partidarias" - que no estaban vinculadas con su labor profesional sino con sus decisiones personales.
Llegó a tal punto la situación que "le quitaban su celular, cortaban internet" para "impedir su desempeño hasta que se alineara".
A pesar de esto, Votta decidió seguir con su trabajo: "En algunos momentos le gritaban cosas en los pasillos como 'canalla o topo'. Después de dos años de hostigamiento, el 28 de diciembre de 2013, le mandaron un telegrama comunicándole que no le renovarían su contrato laboral".
Ahí empezó otra historia, porque "a ella le habían renovado el contrato durante más de 10 años", tanto así que al tomar la decisión de despedirla "le habían renovado su contrato", lo cual desde la perspectiva del abogado "fue parte del contrato".
El acosador tiene por objetivo que la persona acosada renuncie a su trabajo. "En el mobbing político se da la misma situación y el mismo objetivo, pero con la característica que el acoso está motivado por cuestiones de índole estrictamente ideológicas o políticas".
Acoso y mobbing
Lo que atravesó la empleada defendida por Gioino configuró una situación que se denomina "mobbing político" pero también está vinculada estrechamente con el acoso laboral.
"El mobbing laboral es una situación en la que una persona ejerce una violencia psicológica de forma sistemática, recurrente y durante un tiempo prolongado sobre otra persona en el lugar de trabajo", detalló el sanfrancisqueño a LA VOZ DE SAN JUSTO.
Si bien en el caso de Votta tuvo una importante repercusión psicológica, no es su única manifestación ya que "puede manifestarse como agresión física o acoso sexual".
Por lo general, el acosador tiene por objetivo que la persona acosada renuncie a su trabajo. "En el mobbing político se da la misma situación y el mismo objetivo, pero con la característica que el acoso está motivado por cuestiones de índole estrictamente ideológicas o políticas".
Dificultad probatoria y de encuadre legal
El acoso laboral fue reconocido legalmente y en ese ámbito es una de las áreas donde también se realizan campañas de concientización y - ya que son cuestiones diferentes -, educación.
"En cuanto al sector público, existen normas sobre acoso laboral que rigen en el ámbito de la administración pública provincial (Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Tucumán y Capital Federal), pero no para la administración nacional", indicó Gioino y aquí hay que resaltar que el ámbito donde su defendida trabajaba era de ésta última repartición.
En el sector privado, no está contenida expresamente en ninguna normativa, sin embargo, ante el vacío legal por analogía "se pueden aplicar algunas normas de le ley de Contrato de Trabajo que se refieren a la buena fe, buen trato, colaboración y solidaridad".
Por lo pronto, hay un avance cultural que se traduce en la legislación. "El proyecto de nuevo Código Penal lo tipifica como delito, pero todavía no fue sancionado".
La investigación que realizó Gioino para poder llevar adelante la defensa en este caso no solo fue ardua por la búsqueda de leyes que avalen la situación que Sandra atravesó como acoso y mobbing político, sino también para poder probarlo.
"Probar estos hechos no es fácil, porque el acosador hostiga de tal manera que no deja evidencia, además que estás litigando contra un aparato del Estado. En el caso de Sandra Votta, fue clave la prueba testimonial", aclaró. En este tipo de causas las conductas ocurren en el ámbito de trabajo y son ellos los que pueden permitir avalar los dichos de la parte demandante.
"En el caso particular, declararon diplomáticos de alto rango, entre ellos, los actuales embajadores en Francia y ante las Naciones Unidas", puntualizó.
También especificó que fue importante el dictamen del perito psiquiátrico: "El acoso le produjo una incapacidad psíquica del 25%. Además de estas pruebas, también fueron valorada por los jueces las informaciones periodísticas, que daban cuenta de un despido arbitrario en Cancillería motivado por cuestiones ideológicas".
No es cosa juzgada
La sentencia de primera instancia se dictó en noviembre de 2018 y la de la Cámara de Apelaciones, en abril de este año. El fallo no se encuentra firme porque el Estando Nacional interpuso contra la sentencia un recurso extraordinario federal.
Acerca del precedente que significa la batalla de Votta, el abogado señaló: "La importancia de la sentencia no radica únicamente en la condena por mobbing, sino que el fallo también condenó al Estado Nacional a pagar una indemnización de $160.000 a valores del año 2014, por despido arbitrario de una empelada contratada y no de planta permamente".
En este sentido, el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal decidió que, por un lado, la renovación de sucesivos contratos anuales por parte del Estado Nacional generó en la empelada una legítima expectativa de permanencia laboral que merece la protección que el artículo 14 bis de la Constitución Nacional otorga al trabajador protección contra el "despido arbitrario".
En el caso del mobbing, "consideraron evidenciados que los comportamientos de sus superiores (maltrato, persecución y hostigamiento) fueron lesivos de su integridad, y no pueden calificarse como episodios esporádicos, sino como maltratos reiterados y sistemáticos".
Todos y cada uno de ellos fueron realizados - infirieron los jueces - "con intencionalidad degradante para Sandra". Por este concepto, condenaron al Estado Nacional a pagar la suma de $ 200.000, también a valores del año 2014.
Perfil
Nombre: Ignacio Gioino
Edad: 49
Especialidad: abogado en Derecho Empresario. Asesora a empresas y también está enfocado en las áreas del derecho laboral y contratos comerciales.
Estudios: Es de San Francisco, estudió en la Universidad Católica de Córdoba (UCA) y se radicó en Buenos Aires para realizar un posgrado en Derecho Empresario en la misma casa de estudios.
Inicios: abogado junior en un estudio especializado en derecho de seguros, y a partir del año 1998 es socio de estudio especializado en Derecho Empresario. Tuvo un breve paso por la administración pública como asesor del secretario de Bancos y Seguros del Ministerio de Economía de la Nación.