Mestre quiere discutir sobre Uber con Llaryora
Mestre quiere discutir sobre Uber con Llaryora
El intendente presentó un amparo y le pidió a su sucesor,
Martín Llaryora, que el tema se aborde en la mesa de transición.
El intendente presentó un amparo y le pidió a su sucesor,
Martín Llaryora, que el tema se aborde en la mesa de transición.
-
Ramón Mestre y Martín Llaryora
La segunda jornada de Uber en Córdoba volvió a reunir a los
taxistas y remiseros, aunque esta vez no con bloqueos en las calles, sino con
pedidos en el Concejo Deliberante para que se modifiquen las ordenanzas y se
incremente el valor de los multas a los conductores de la aplicación.
Mientras tanto, los autos de la app realizaron 400 viajes,
sólo en las 18 primeras horas, y se esperaba que se dupliquen en poco tiempo.
En la Municipalidad, el intendente Ramón Mestre confirmó que
presentará un recurso de amparo y que le pedirá a su sucesor, Martín Llaryora,
que el tema sea abordado en la comisión de transición, informó La Voz del
Interior.
Sus funcionarios definieron la estrategia que usarán para
llevar adelante los operativos contra los autos considerados ilegales.
En declaraciones al programa Voz y Voto, Mestre expresó su
enojo con Uber, a la que calificó de haber llegado a Córdoba "sin diálogo" y
con "atropello" para no cumplir las regulaciones. Aseguró que la vía de la
pelea de la Municipalidad seguirá en los carriles judiciales, aunque también
involucró directamente a Llaryora, lo que generó molestia desde este sector,
aunque nuevamente prefirieron no hacer públicas sus posturas.
"Vamos a tener que escuchar a las nuevas autoridades", dijo
Mestre y enseguida extendió el pedido a los futuros concejales. Sin embargo,
desde Hacemos por Córdoba contestaron con contundencia: "No vamos a cogobernar.
Asumimos el 10 de diciembre". Lo que evidenció que en el conflicto de Uber
tampoco hay acuerdos.
La intención de Mestre es que el Concejo Deliberante sea el
centro del debate. Sin embargo, un grupo de dirigentes de taxis y remises
concurrieron ayer a la comisión de Servicios Públicos para pedir más dureza en
las sanciones, pero no lograron que saliera algo en firme del encuentro.
Lo que pretenden los taxistas y remiseros son cambios en el
marco regulatorio del servicio (ordenanza 12.859) y en el Código de Convivencia
Municipal, la herramienta con la que cuenta el municipio para combatir el
transporte ilegal. Lo que quieren es que las sanciones tengan valores similares
a los de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde también el Gobierno porteño
no contempla como legal la aplicación porque no se ajusta a las normas locales.
"Queremos agregar o modificar un artículo para que se fije
un nuevo valor, aranceles más elevados como en Buenos Aires para frenar esta
embestida. Parte desde 170 mil pesos", precisó a La Voz Lidio Soriano,
secretario General del Sindicato de Conductores de Taxi, quien fue uno de los
dirigentes que acordó que se levante el paro el lunes pasado a cambio de que se
realicen más operativos de control y modificaciones en las sanciones. Además de
las acciones judiciales que también realizarán los taxistas en cuestión de
horas.
"Los funcionarios nos prometieron que nos van a informar
sobre los controles que se realicen y que les demos unos días a que la
Municipalidad haga una presentación en la Justicia. Nosotros vamos a seguir sin
cortes, pidiendo multas, sanciones. Es clave que salga Control de Transporte y
secuestre un auto de Uber", afirmó a este diario Claudio Olmedo, de Taxistas
del Aeropuerto, quien también puso el acento en que sea el municipio el que
refuerce los operativos y aplique sanciones.
Sin embargo, en las primeras horas de ayer había diferencias
entre los funcionarios de las distintas áreas sobre si las sanciones debían
aplicarse sobre la base del marco regulatorio del servicio de taxis y remises o
sobre el Código de Convivencia Municipal. En una reunión de autoridades de
Servicios Públicos, Tránsito, Transporte y Control de Transporte, en la que
participó el responsable de la Administración Municipal de Faltas, Ramón
Ortega, se precisó que el artículo 160 del Código de Convivencia Municipal es el
que el Gobierno municipal hará pesar sobre los autos ilegales, y no la
ordenanza marco, que fija sanciones sobre el valor de 1.500 bajadas de bandera.
Justamente, el articulado 160 establece: "El que prestare
servicio de transporte privado, especial o escolar sin la correspondiente
habilitación, permiso o autorización otorgada por la autoridad municipal será
sancionado con multa de 30 a 60 a Unidades Económicas Municipales, y el
vehículo será removido de la vía pública por la autoridad". De acuerdo con esta
falta, los inspectores de Control de Transporte salieron ayer a los operativos
advertidos de que los coches podían ser retenidos y que los conductores de Uber
estaban en la irregularidad.
Esta unidad económica es equivalente a ocho litros de nafta
súper del valor del mercado local, por lo que la multa a un chofer ilegal, ya
sea de Uber o de una remisería no autorizada, puede ir desde 11.625,60 pesos
hasta 23.251,20 pesos. Este monto está muy por debajo de lo que planteaba
inicialmente el marco del servicio de taxis, con sanciones equivalentes a 1.500
bajadas de bandera, o sea unos 72.945 pesos. "El Código de Convivencia
Municipal en el artículo 160 es bien claro en cuanto al transporte de pasajeros
no habilitado y prevé multas de acuerdo con las unidades económicas
municipales, además del secuestro y traslado del auto", precisó Ortega, al ser
consultado sobre la norma por la que se regirá el Gobierno local para sancionar
a infractores.
Sobre este punto fueron los choferes de taxis y remises los
que plantearon que se aumenten las unidades de sanción que aplica el Código de
Convivencia Municipal porque consideran que las multas de poco más de 11 mil
pesos son insuficientes. El otro costado que cuestionaron son los recursos con
los que cuenta Control de Transporte. Desde hace años, los referentes de
taxistas y remises advierten que el sistema tiene 5 mil autos ilegales y ahora
se sumó la prestación de Uber, por lo que reclamaron mayor cantidad de
inspectores en las calles. "Tenemos 34 inspectores para controles individuales,
más nueve en ITV; 23 en el transporte urbano de pasajeros, siempre divididos en
dos turnos, más los feriantes", precisó un integrante de Control de Transporte.
Hasta anoche, el municipio no había secuestrado autos ilegales, mientras que en
las redes sociales se viralizaron videos, incluso, de algunos taxistas, que
decidieron tomar un Uber para mostrar cómo funcionaba.
Johana Picciano, gerente de Comunicaciones de Uber y quien
estuvo varios días en Córdoba para monitorear el lanzamiento, insistió en que
el trabajo está contemplado por el artículo 1.280 del Código Civil y Comercial
y que, en caso del secuestro de un coche o que uno de los socios conductores
tenga un problema, deben comunicarse con la aplicación y se activa el
asesoramiento y la cobertura para el chofer.
Hasta ayer a la tarde, se informaron más de 400 viajes con
la app.
La segunda jornada de Uber en Córdoba volvió a reunir a los
taxistas y remiseros, aunque esta vez no con bloqueos en las calles, sino con
pedidos en el Concejo Deliberante para que se modifiquen las ordenanzas y se
incremente el valor de los multas a los conductores de la aplicación.
Mientras tanto, los autos de la app realizaron 400 viajes,
sólo en las 18 primeras horas, y se esperaba que se dupliquen en poco tiempo.
En la Municipalidad, el intendente Ramón Mestre confirmó que
presentará un recurso de amparo y que le pedirá a su sucesor, Martín Llaryora,
que el tema sea abordado en la comisión de transición, informó La Voz del
Interior.
Sus funcionarios definieron la estrategia que usarán para
llevar adelante los operativos contra los autos considerados ilegales.
En declaraciones al programa Voz y Voto, Mestre expresó su
enojo con Uber, a la que calificó de haber llegado a Córdoba "sin diálogo" y
con "atropello" para no cumplir las regulaciones. Aseguró que la vía de la
pelea de la Municipalidad seguirá en los carriles judiciales, aunque también
involucró directamente a Llaryora, lo que generó molestia desde este sector,
aunque nuevamente prefirieron no hacer públicas sus posturas.
"Vamos a tener que escuchar a las nuevas autoridades", dijo
Mestre y enseguida extendió el pedido a los futuros concejales. Sin embargo,
desde Hacemos por Córdoba contestaron con contundencia: "No vamos a cogobernar.
Asumimos el 10 de diciembre". Lo que evidenció que en el conflicto de Uber
tampoco hay acuerdos.
La intención de Mestre es que el Concejo Deliberante sea el
centro del debate. Sin embargo, un grupo de dirigentes de taxis y remises
concurrieron ayer a la comisión de Servicios Públicos para pedir más dureza en
las sanciones, pero no lograron que saliera algo en firme del encuentro.
Lo que pretenden los taxistas y remiseros son cambios en el
marco regulatorio del servicio (ordenanza 12.859) y en el Código de Convivencia
Municipal, la herramienta con la que cuenta el municipio para combatir el
transporte ilegal. Lo que quieren es que las sanciones tengan valores similares
a los de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde también el Gobierno porteño
no contempla como legal la aplicación porque no se ajusta a las normas locales.
"Queremos agregar o modificar un artículo para que se fije
un nuevo valor, aranceles más elevados como en Buenos Aires para frenar esta
embestida. Parte desde 170 mil pesos", precisó a La Voz Lidio Soriano,
secretario General del Sindicato de Conductores de Taxi, quien fue uno de los
dirigentes que acordó que se levante el paro el lunes pasado a cambio de que se
realicen más operativos de control y modificaciones en las sanciones. Además de
las acciones judiciales que también realizarán los taxistas en cuestión de
horas.
"Los funcionarios nos prometieron que nos van a informar
sobre los controles que se realicen y que les demos unos días a que la
Municipalidad haga una presentación en la Justicia. Nosotros vamos a seguir sin
cortes, pidiendo multas, sanciones. Es clave que salga Control de Transporte y
secuestre un auto de Uber", afirmó a este diario Claudio Olmedo, de Taxistas
del Aeropuerto, quien también puso el acento en que sea el municipio el que
refuerce los operativos y aplique sanciones.
Sin embargo, en las primeras horas de ayer había diferencias
entre los funcionarios de las distintas áreas sobre si las sanciones debían
aplicarse sobre la base del marco regulatorio del servicio de taxis y remises o
sobre el Código de Convivencia Municipal. En una reunión de autoridades de
Servicios Públicos, Tránsito, Transporte y Control de Transporte, en la que
participó el responsable de la Administración Municipal de Faltas, Ramón
Ortega, se precisó que el artículo 160 del Código de Convivencia Municipal es el
que el Gobierno municipal hará pesar sobre los autos ilegales, y no la
ordenanza marco, que fija sanciones sobre el valor de 1.500 bajadas de bandera.
Justamente, el articulado 160 establece: "El que prestare
servicio de transporte privado, especial o escolar sin la correspondiente
habilitación, permiso o autorización otorgada por la autoridad municipal será
sancionado con multa de 30 a 60 a Unidades Económicas Municipales, y el
vehículo será removido de la vía pública por la autoridad". De acuerdo con esta
falta, los inspectores de Control de Transporte salieron ayer a los operativos
advertidos de que los coches podían ser retenidos y que los conductores de Uber
estaban en la irregularidad.
Esta unidad económica es equivalente a ocho litros de nafta
súper del valor del mercado local, por lo que la multa a un chofer ilegal, ya
sea de Uber o de una remisería no autorizada, puede ir desde 11.625,60 pesos
hasta 23.251,20 pesos. Este monto está muy por debajo de lo que planteaba
inicialmente el marco del servicio de taxis, con sanciones equivalentes a 1.500
bajadas de bandera, o sea unos 72.945 pesos. "El Código de Convivencia
Municipal en el artículo 160 es bien claro en cuanto al transporte de pasajeros
no habilitado y prevé multas de acuerdo con las unidades económicas
municipales, además del secuestro y traslado del auto", precisó Ortega, al ser
consultado sobre la norma por la que se regirá el Gobierno local para sancionar
a infractores.
Sobre este punto fueron los choferes de taxis y remises los
que plantearon que se aumenten las unidades de sanción que aplica el Código de
Convivencia Municipal porque consideran que las multas de poco más de 11 mil
pesos son insuficientes. El otro costado que cuestionaron son los recursos con
los que cuenta Control de Transporte. Desde hace años, los referentes de
taxistas y remises advierten que el sistema tiene 5 mil autos ilegales y ahora
se sumó la prestación de Uber, por lo que reclamaron mayor cantidad de
inspectores en las calles. "Tenemos 34 inspectores para controles individuales,
más nueve en ITV; 23 en el transporte urbano de pasajeros, siempre divididos en
dos turnos, más los feriantes", precisó un integrante de Control de Transporte.
Hasta anoche, el municipio no había secuestrado autos ilegales, mientras que en
las redes sociales se viralizaron videos, incluso, de algunos taxistas, que
decidieron tomar un Uber para mostrar cómo funcionaba.
Johana Picciano, gerente de Comunicaciones de Uber y quien
estuvo varios días en Córdoba para monitorear el lanzamiento, insistió en que
el trabajo está contemplado por el artículo 1.280 del Código Civil y Comercial
y que, en caso del secuestro de un coche o que uno de los socios conductores
tenga un problema, deben comunicarse con la aplicación y se activa el
asesoramiento y la cobertura para el chofer.
Hasta ayer a la tarde, se informaron más de 400 viajes con
la app.
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