La segunda jornada de Uber en Córdoba volvió a reunir a los taxistas y remiseros, aunque esta vez no con bloqueos en las calles, sino con pedidos en el Concejo Deliberante para que se modifiquen las ordenanzas y se incremente el valor de los multas a los conductores de la aplicación.

Mientras tanto, los autos de la app realizaron 400 viajes, sólo en las 18 primeras horas, y se esperaba que se dupliquen en poco tiempo.

En la Municipalidad, el intendente Ramón Mestre confirmó que presentará un recurso de amparo y que le pedirá a su sucesor, Martín Llaryora, que el tema sea abordado en la comisión de transición, informó La Voz del Interior.

Sus funcionarios definieron la estrategia que usarán para llevar adelante los operativos contra los autos considerados ilegales.

En declaraciones al programa Voz y Voto, Mestre expresó su enojo con Uber, a la que calificó de haber llegado a Córdoba "sin diálogo" y con "atropello" para no cumplir las regulaciones. Aseguró que la vía de la pelea de la Municipalidad seguirá en los carriles judiciales, aunque también involucró directamente a Llaryora, lo que generó molestia desde este sector, aunque nuevamente prefirieron no hacer públicas sus posturas.

"Vamos a tener que escuchar a las nuevas autoridades", dijo Mestre y enseguida extendió el pedido a los futuros concejales. Sin embargo, desde Hacemos por Córdoba contestaron con contundencia: "No vamos a cogobernar. Asumimos el 10 de diciembre". Lo que evidenció que en el conflicto de Uber tampoco hay acuerdos.

La intención de Mestre es que el Concejo Deliberante sea el centro del debate. Sin embargo, un grupo de dirigentes de taxis y remises concurrieron ayer a la comisión de Servicios Públicos para pedir más dureza en las sanciones, pero no lograron que saliera algo en firme del encuentro.

Lo que pretenden los taxistas y remiseros son cambios en el marco regulatorio del servicio (ordenanza 12.859) y en el Código de Convivencia Municipal, la herramienta con la que cuenta el municipio para combatir el transporte ilegal. Lo que quieren es que las sanciones tengan valores similares a los de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde también el Gobierno porteño no contempla como legal la aplicación porque no se ajusta a las normas locales.

"Queremos agregar o modificar un artículo para que se fije un nuevo valor, aranceles más elevados como en Buenos Aires para frenar esta embestida. Parte desde 170 mil pesos", precisó a La Voz Lidio Soriano, secretario General del Sindicato de Conductores de Taxi, quien fue uno de los dirigentes que acordó que se levante el paro el lunes pasado a cambio de que se realicen más operativos de control y modificaciones en las sanciones. Además de las acciones judiciales que también realizarán los taxistas en cuestión de horas.

"Los funcionarios nos prometieron que nos van a informar sobre los controles que se realicen y que les demos unos días a que la Municipalidad haga una presentación en la Justicia. Nosotros vamos a seguir sin cortes, pidiendo multas, sanciones. Es clave que salga Control de Transporte y secuestre un auto de Uber", afirmó a este diario Claudio Olmedo, de Taxistas del Aeropuerto, quien también puso el acento en que sea el municipio el que refuerce los operativos y aplique sanciones.

Sin embargo, en las primeras horas de ayer había diferencias entre los funcionarios de las distintas áreas sobre si las sanciones debían aplicarse sobre la base del marco regulatorio del servicio de taxis y remises o sobre el Código de Convivencia Municipal. En una reunión de autoridades de Servicios Públicos, Tránsito, Transporte y Control de Transporte, en la que participó el responsable de la Administración Municipal de Faltas, Ramón Ortega, se precisó que el artículo 160 del Código de Convivencia Municipal es el que el Gobierno municipal hará pesar sobre los autos ilegales, y no la ordenanza marco, que fija sanciones sobre el valor de 1.500 bajadas de bandera.

Justamente, el articulado 160 establece: "El que prestare servicio de transporte privado, especial o escolar sin la correspondiente habilitación, permiso o autorización otorgada por la autoridad municipal será sancionado con multa de 30 a 60 a Unidades Económicas Municipales, y el vehículo será removido de la vía pública por la autoridad". De acuerdo con esta falta, los inspectores de Control de Transporte salieron ayer a los operativos advertidos de que los coches podían ser retenidos y que los conductores de Uber estaban en la irregularidad.

Esta unidad económica es equivalente a ocho litros de nafta súper del valor del mercado local, por lo que la multa a un chofer ilegal, ya sea de Uber o de una remisería no autorizada, puede ir desde 11.625,60 pesos hasta 23.251,20 pesos. Este monto está muy por debajo de lo que planteaba inicialmente el marco del servicio de taxis, con sanciones equivalentes a 1.500 bajadas de bandera, o sea unos 72.945 pesos. "El Código de Convivencia Municipal en el artículo 160 es bien claro en cuanto al transporte de pasajeros no habilitado y prevé multas de acuerdo con las unidades económicas municipales, además del secuestro y traslado del auto", precisó Ortega, al ser consultado sobre la norma por la que se regirá el Gobierno local para sancionar a infractores.

Sobre este punto fueron los choferes de taxis y remises los que plantearon que se aumenten las unidades de sanción que aplica el Código de Convivencia Municipal porque consideran que las multas de poco más de 11 mil pesos son insuficientes. El otro costado que cuestionaron son los recursos con los que cuenta Control de Transporte. Desde hace años, los referentes de taxistas y remises advierten que el sistema tiene 5 mil autos ilegales y ahora se sumó la prestación de Uber, por lo que reclamaron mayor cantidad de inspectores en las calles. "Tenemos 34 inspectores para controles individuales, más nueve en ITV; 23 en el transporte urbano de pasajeros, siempre divididos en dos turnos, más los feriantes", precisó un integrante de Control de Transporte. Hasta anoche, el municipio no había secuestrado autos ilegales, mientras que en las redes sociales se viralizaron videos, incluso, de algunos taxistas, que decidieron tomar un Uber para mostrar cómo funcionaba.

Johana Picciano, gerente de Comunicaciones de Uber y quien estuvo varios días en Córdoba para monitorear el lanzamiento, insistió en que el trabajo está contemplado por el artículo 1.280 del Código Civil y Comercial y que, en caso del secuestro de un coche o que uno de los socios conductores tenga un problema, deben comunicarse con la aplicación y se activa el asesoramiento y la cobertura para el chofer.

Hasta ayer a la tarde, se informaron más de 400 viajes con la app.