Lucas, el caso que volvió a exponer a la violencia policial como centro de debate político y social
Lucas, el caso que volvió a exponer a la violencia policial como centro de debate político y social
Tras el crimen de Lucas González, en 2021 se reavivó el
debate sobre violencia policial y los casos de gatillo fácil.
Tras el crimen de Lucas González, en 2021 se reavivó el
debate sobre violencia policial y los casos de gatillo fácil.
"Su única arma eran los botines rotos". En medio
del dolor reciente por la pérdida de su hijo adolescente, la madre de Lucas
González desarticuló con ese puñado de palabras la maniobra que un grupo de
efectivos de la Policía porteña había querido montar para encubrir un feroz
caso de violencia institucional, que marcó uno de los hechos más brutales en la
Ciudad de Buenos Aires del 2021.
El caso dejó al descubierto el oscuro protocolo con el que
funcionan las "brigadas" policiales cuyos integrantes, vestidos como
ciudadanos comunes y en vehículos no identificables, circulan sin control por
los distintos barrios realizando supuestas tareas investigativas en busca de
narcos o delincuentes, lo que renovó críticas por parte de funcionarios,
legisladores y organizaciones civiles que denunciaron decenas de casos de
violencia institucional o uso letal de la fuerza.
La causa judicial por el caso Lucas ya tiene a nueve
efectivos de la Policía de la Ciudad detenidos y a otros ocho en la mira, con
un pedido para que también sean arrestados.
Los principales sospechosos del crimen del adolescente,
futbolista de las inferiores del club Barracas Central, son integrantes de la
División Sumarios y Brigadas de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad, identificados
como el inspector Gabriel Issasi, el oficial mayor Fabián López y el oficial
José Nieva, todos ellos acusados de ser autores del homicidio agravado y la
tentativa de homicidio agravada de sus tres amigos que sobrevivieron a la
emboscada fatal.
Los otros seis policías detenidos por "falsedad
ideológica, privación ilegal de la libertad agravada, encubrimiento agravado,
amenazas y odio racial" son los comisarios Juan Romero y Fabián Du Santos,
el subcomisario Roberto Inca, el principal Héctor Cuevas y las oficiales
Micaela Fariña y Lorena Miño.
A ellos se les atribuye haber "plantado" un arma y
adulterado la escena del hecho para hacer pasar a los chicos como delincuentes
y simular un enfrentamiento.
Y el fiscal a cargo de la causa, Leonel Gómez Barbella,
pidió la detención de otros ocho efectivos, lo que deberá ser resuelto por el
juez Martín Del Viso.
Días después del crimen y tras el velatorio de los restos de
Lucas, miles de personas acompañaron a los padres de la víctima en un acto
frente a Tribunales, sobre la escalinata de la calle Talcahuano, para reclamar
justicia.
Mientras que más de 61.000 personas firmaron una petición en
la plataforma Change.org (http://change.org/leylucas) para impulsar en la
Legislatura porteña un proyecto de ley que busca prohibir a la Policía de la
Ciudad de Buenos Aires actuar sin uniforme y sin los móviles oficiales.
El crimen de Lucas abrió un debate político y social
respecto al protocolo de actuación de las "brigadas" policiales,
muchas veces vinculadas a maniobras "oscuras" o
"extorsivas" para engrosar lo que se denomina en la jerga la
"caja chica" de la comisaría.
Otras veces, la justicia descubrió causas armadas cuyo única
finalidad eran mejorar estadísticas y ser utilizadas para mostrar ante la
sociedad un presunto operativo exitoso. Es decir: inventan operativos y
detienen a inocentes a quienes acusan de narcos o delincuentes, sabiendo que
son inocentes.
Paula Litvachky, directora ejecutiva del Centro de Estudios
Legales y Sociales (CELS), señaló a Télam que "históricamente, las
brigadas, tanto en la ciudad como en la provincia de Buenos Aires, utilizan la
posibilidad que tienen de no vestir uniforme, porque supuestamente están
realizando tareas de investigación, para otros fines: recorrer las calles para recaudar,
regular de manera ilegal el delito".
María del Carmen Verdú, referente de la Coordinadora Contra
la Represión Policial e Institucional (Correpi), también consideró que las
brigadas funcionan para "recaudar y extorsionar" a sospechosos o
comerciantes y pidió que los policías que las conforman sean desarmados para
evitar casos de "gatillo fácil".
En tanto, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional
(AI), Mariela Belski, también expresó a Télam su rechazo al protocolo
utilizado: "Antes de utilizar armas de fuego los agentes deben
identificarse como tales y dar una clara advertencia de su intención de emplear
armas de fuego".
Al fin, el caso Lucas no solo provocó el dolor irreparable y
eterno para los padres que perdieron a su hijo, que ya no lo verán crecer, que
no podrán disfrutar de sus logros ni de verlo formar una familia; demostró una
vez más la ineficacia de buena parte del sistema de seguridad y hasta judicial,
que se debe encargar de controlar la actuación muchas veces deficiente de las
policías que se replica en cada una de las provincias y ciudades de país.
"Su única arma eran los botines rotos". En medio
del dolor reciente por la pérdida de su hijo adolescente, la madre de Lucas
González desarticuló con ese puñado de palabras la maniobra que un grupo de
efectivos de la Policía porteña había querido montar para encubrir un feroz
caso de violencia institucional, que marcó uno de los hechos más brutales en la
Ciudad de Buenos Aires del 2021.
El caso dejó al descubierto el oscuro protocolo con el que
funcionan las "brigadas" policiales cuyos integrantes, vestidos como
ciudadanos comunes y en vehículos no identificables, circulan sin control por
los distintos barrios realizando supuestas tareas investigativas en busca de
narcos o delincuentes, lo que renovó críticas por parte de funcionarios,
legisladores y organizaciones civiles que denunciaron decenas de casos de
violencia institucional o uso letal de la fuerza.
La causa judicial por el caso Lucas ya tiene a nueve
efectivos de la Policía de la Ciudad detenidos y a otros ocho en la mira, con
un pedido para que también sean arrestados.
Los principales sospechosos del crimen del adolescente,
futbolista de las inferiores del club Barracas Central, son integrantes de la
División Sumarios y Brigadas de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad, identificados
como el inspector Gabriel Issasi, el oficial mayor Fabián López y el oficial
José Nieva, todos ellos acusados de ser autores del homicidio agravado y la
tentativa de homicidio agravada de sus tres amigos que sobrevivieron a la
emboscada fatal.
Los otros seis policías detenidos por "falsedad
ideológica, privación ilegal de la libertad agravada, encubrimiento agravado,
amenazas y odio racial" son los comisarios Juan Romero y Fabián Du Santos,
el subcomisario Roberto Inca, el principal Héctor Cuevas y las oficiales
Micaela Fariña y Lorena Miño.
A ellos se les atribuye haber "plantado" un arma y
adulterado la escena del hecho para hacer pasar a los chicos como delincuentes
y simular un enfrentamiento.
Y el fiscal a cargo de la causa, Leonel Gómez Barbella,
pidió la detención de otros ocho efectivos, lo que deberá ser resuelto por el
juez Martín Del Viso.
Días después del crimen y tras el velatorio de los restos de
Lucas, miles de personas acompañaron a los padres de la víctima en un acto
frente a Tribunales, sobre la escalinata de la calle Talcahuano, para reclamar
justicia.
Mientras que más de 61.000 personas firmaron una petición en
la plataforma Change.org (http://change.org/leylucas) para impulsar en la
Legislatura porteña un proyecto de ley que busca prohibir a la Policía de la
Ciudad de Buenos Aires actuar sin uniforme y sin los móviles oficiales.
El crimen de Lucas abrió un debate político y social
respecto al protocolo de actuación de las "brigadas" policiales,
muchas veces vinculadas a maniobras "oscuras" o
"extorsivas" para engrosar lo que se denomina en la jerga la
"caja chica" de la comisaría.
Otras veces, la justicia descubrió causas armadas cuyo única
finalidad eran mejorar estadísticas y ser utilizadas para mostrar ante la
sociedad un presunto operativo exitoso. Es decir: inventan operativos y
detienen a inocentes a quienes acusan de narcos o delincuentes, sabiendo que
son inocentes.
Paula Litvachky, directora ejecutiva del Centro de Estudios
Legales y Sociales (CELS), señaló a Télam que "históricamente, las
brigadas, tanto en la ciudad como en la provincia de Buenos Aires, utilizan la
posibilidad que tienen de no vestir uniforme, porque supuestamente están
realizando tareas de investigación, para otros fines: recorrer las calles para recaudar,
regular de manera ilegal el delito".
María del Carmen Verdú, referente de la Coordinadora Contra
la Represión Policial e Institucional (Correpi), también consideró que las
brigadas funcionan para "recaudar y extorsionar" a sospechosos o
comerciantes y pidió que los policías que las conforman sean desarmados para
evitar casos de "gatillo fácil".
En tanto, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional
(AI), Mariela Belski, también expresó a Télam su rechazo al protocolo
utilizado: "Antes de utilizar armas de fuego los agentes deben
identificarse como tales y dar una clara advertencia de su intención de emplear
armas de fuego".
Al fin, el caso Lucas no solo provocó el dolor irreparable y
eterno para los padres que perdieron a su hijo, que ya no lo verán crecer, que
no podrán disfrutar de sus logros ni de verlo formar una familia; demostró una
vez más la ineficacia de buena parte del sistema de seguridad y hasta judicial,
que se debe encargar de controlar la actuación muchas veces deficiente de las
policías que se replica en cada una de las provincias y ciudades de país.
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