La problemática de los geriátricos
Es inocultable que la realidad de los geriátricos se ha transformado en una necesidad social. Ante la pandemia han aparecido situaciones en las que detrás existen personajes inescrupulosos que sólo ven un negocio en el “depósito” de ancianos. Una verdadera afrenta a la dignidad humana que debe ser denunciada y combatida.
Uno de los ámbitos donde más preocupación genera la irrupción del flagelo del Covid 19 y todas sus implicancias sanitarias es el de los geriátricos. Por ser los adultos mayores los más propensos a sufrir consecuencias devastadoras causadas por el virus, la necesidad de extremar los cuidados en estos centros asistenciales es imprescindible.
Para más, lo ocurrido en algunos centros donde los contagios se reprodujeron a escala exponencial ha generado repercusiones de todo tipo, incluso políticas. Si bien los sucesos se han registrado en Capital Federal y el Gran Buenos Aires, cualquier establecimiento que albergue ancianos está en condiciones de repetir este tipo de sucesos, nefastos para la salud y la vida de muchas personas.
Las situaciones que muestran los medios de comunicación respecto de los geriátricos dejan en evidencia los problemas que presentan algunos de estos centros asistenciales, vinculados con el cuidado especial que deben tener los adultos mayores en medio de una pandemia sin precedentes en la historia reciente, que afecta a todo el mundo y por la cual han muerto cientos de miles de personas.
Las responsabilidades en esta materia se reparten en muchos sectores, aunque por cierto con distintos grados. En especial cuando se habla de la actividad privada, los propietarios de los asilos lideran este ranking. La salud pública no puede estar subordinada al aspecto comercial. Como cualquier negocio es lícito que se pretenda conseguir una renta por la prestación de un servicio, pero éste debe contemplar todas las exigencias que supone cuidar a personas en la última etapa de su vida.
Por cierto, también el Estado tiene que cumplir con su misión de contralor y proveer el marco regulatorio en el que deben moverse los sitios donde se atiende a los adultos mayores. En este punto, la ineficacia histórica de los distintos organismos oficiales se ha hecho notoria en algunos de los casos más resonantes que se han difundido en este tiempo tan especial. Sigue habiendo, por ejemplo, un alto porcentaje de geriátricos no autorizados en el país. Algunas estimaciones sostienen que son más del 40% de los existentes. Así, es casi imposible cumplir el objetivo de garantizar una correcta atención.
También los familiares de los ancianos internados tienen responsabilidades en el tema. La cultura del descarte y la obsolescencia ha determinado que muchos hijos o nietos se desentiendan de la suerte de sus mayores. No revisan las condiciones en las que se encuentran internados ni tampoco controlan cómo funciona la vida dentro del centro donde viven sus padres o abuelos.
Aun admitiendo que el ritmo de vida y las distintas valoraciones que se hacen hoy sobre la problemática de la ancianidad, han establecido casi como una necesidad la vigencia de los geriátricos, se torna imprescindible -mucho más frente a las circunstancias tan singulares determinadas por la pandemia- que se ejerzan las responsabilidades señaladas en este tema. Es inocultable que la realidad de los geriátricos se ha transformado en una necesidad social. Y que la mayoría de los establecimientos de este rubro cumplen cabalmente con su función y atienden de la mejor manera a los abuelos. Pero ante la pandemia han aparecido situaciones en las que detrás existen personajes inescrupulosos que sólo ven un negocio en el "depósito" de ancianos. Una verdadera afrenta a la dignidad humana que debe ser denunciada y combatida.