La mujer española víctima de una red de robo de bebés que encontró a su familia biológica tuvo que recurrir a un banco genético de Estados Unidos para conocer su verdadera identidad después de años de espera infructuosa en España, donde los afectados denuncian obstáculos por parte de las autoridades.

"Los bebés robados pedimos verdad. Las mentiras son de los que callan y se lucraron con vidas", aseguró Inés Madrigal, al anunciar en conferencia de prensa en Madrid que luego de 32 años de búsqueda había encontrado a su familia gracias a un banco de ADN privado estadounidense.

El caso de Madrigal supone un hito en la búsqueda de la verdad de estas víctimas españolas, miles de las cuales siguen buscando a sus padres o a los hijos que les fueron sustraídos durante la dictadura franquista (1939-1975) y hasta finales de los años 80.

También permite a las víctimas constatar su "desconfianza" respecto a los bancos genéticos y pruebas que se realizan en España.

"¿Cómo es posible que aquí nunca suceda nada y con los bancos de ADN estadounidense estén apareciendo familiares. Muchos hemos confiado en los laboratorios españoles sin encontrar ninguna respuesta, pero ahora se abre una puerta en el exterior", dijo a Telam la andaluza Flor Díaz Carrasco, quien busca a dos hermanos. 

Díaz Carrasco forma parte de la querella por los crímenes del franquismo abierta en Argentina a raíz de la denuncia de las víctimas que fueron abandonadas por la justicia española, que se niega a juzgar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la guerra civil y la dictadura en España, entre ellas el robo y apropiación sistemática de bebés.

"Adherí a la querella argentina porque aquí en España nos dan la espalda. No investigan ni dejan investigar. Yo tengo la esperanza de que mis hermanos estén vivos, si estuviesen muertos tendría alguna prueba", dijo la mujer que cuenta con un documento sobre su propio nacimiento, el 26 de septiembre de 1962, que acredita que junto a ella su madre dio a luz a un niño.

Flor Díaz Carrasco, que ya se hizo pruebas de ADN en España y en Estados Unidos, aseguró que "agotará todas las vías" hasta encontrar a sus hermanos o saber la verdad de lo que les sucedió. 

"El caso de Madrigal pone en duda las pruebas de ADN que se hacen aquí, sobre las cuales ya teníamos dudas", apuntó por su parte Pilar Navarro, a quien le sacaron a su beba de los brazos al poco de dar a luz en el hospital Nuestra Señora del Rosario de Madrid, hace 46 años, en plena dictadura.

Navarro se quejó de que en España no haya un "banco estatal" de ADN y que las pruebas se tengan que hacer en un instituto de toxicología solamente con orden judicial, o en laboratorios privados, muchos de los cuales, sostuvo, "no son confiables".

Esta mujer, que también forma parte de la querella argentina, cree que el hallazgo de Madrigal, de que no fue robada sino "adoptada" es un caso puntual que puede "perjudicar" a las víctimas porque "favorece las corrientes negacionistas" sobre la existencia de bebés robados.

"Las víctimas sienten que se les siguen negando su derecho a la identidad y están corroborando que las instituciones no le aseguran que las investigaciones y pruebas sean objetivas", dijo a Télam Carolina Escudero, psicóloga argentina que trabaja en la campaña de búsqueda lanzada en 2017 por la Asociación SOS Bebés Robados. 

Según estimaciones de la asociación, unas 30.000 personas han sido víctimas de la trama institucional de apropiación surgida de la represión franquista se extendió hasta finales de los años 80, convirtiéndose en un negocio rentable en el que estaban implicados médicos, enfermeras y religiosos.

En enero de 2011 se presentó la primera querella criminal conjunta en España por más de 200 casos de niños robados. Tres años después, las denuncias eran ya 4.000 pero el 80% habían sido archivadas por falta de pruebas.