Gobierno quiere debatir una baja en la edad de imputabilidad a menores
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, abrió el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad.
BUENOS AIRES, (Télam).- El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, abrió hoy el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad al asegurar que es necesaria una nueva ley que regule el régimen penal juvenil, aunque advirtió que una nueva legislación debe tener consenso político y de la Unicef, la agencia de la ONU para la infancia, que se opone a disminuir la edad de imputabilidad aunque admitió la necesidad de discutir la norma.
"Hoy la posición del gobierno es que hay una situación en esa franja de 15 años que debe ser abordada por la ley, pero en base a consensos con Unicef y todo el arco político", dijo Garavano a radio Nacional.
El funcionario agregó que la idea es comenzar "una discusión seria" durante el 2017, pero recomendó que el tratamiento legislativo "se dé recién en 2018, lejos de las elecciones" legislativas.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia indicó la necesidad de rediscutir el régimen penal de menores, pero se pronunció contra bajar la edad de imputabilidad al considerar que se daría "un paso atrás" en lo que refiere a protección de los derechos de los niños y jóvenes, y no se estarían respetando estándares internacionales.
"La normativa vigente (ley 22.278) es incompatible con los derechos de los niños. Se trata de una ley elaborada durante la dictadura, de corte tutorial, que es necesario modificar", dijo a Télam la oficial nacional de Protección y Acceso a la Justicia de Unicef, María Angeles Misuraca.
Un relevamiento realizado con Unicef en 2015 determinó que hay 871 menores de 16 años privados de su libertad, sobre un total de 1.305 que incluyen jóvenes de 18, 19 y 20 años.
La representante de Unicef remarcó que "el eje de la justicia penal infantil debe ser la prevención, y alejada de la ley penal", respetando con esto también la Convención Internacional de los Derechos el Niño, que, además, en la Argentina, como en tantos otros países, tiene alcance constitucional.