Entre el uso legal y el narcotráfico: el millonario robo de efedrina, la causa que Gazón no quiso archivar
El exjuez federal ordenó continuar la investigación de lo ocurrido en 2013 en El Tío al considerar la importancia que tiene en el combate del contrabando de droga la detección de delitos vinculados a los percusores químicos. Además, puso reparos a la "desfederalización" del narcomenudeo.
Fue uno de los hechos más resonantes de las páginas policiales de los últimos cinco años, no por ser un robo en sí, sino por lo desconocido del botín y su finalidad.
Pero luego ese impacto fue perdiendo fuerza entre la opinión pública y el interés de una sociedad que se había visto asombrada. Sin embargo, la investigación siempre estuvo latente pese a los dos intentos de archivo que el ahora exjuez federal, Mario Eugenio Garzón, se resistió a aceptar antes de jubilarse, dejar el cargo el pasado viernes y ser sucedido por el abogado cordobés Pablo Montesi.
En febrero de 2013, casi inexplicablemente desaparecieron más de 22 kilogramos de sulfato de pseudoefedrina en la empresa farmacéutica Savant Pharm SA, en la localidad de El Tío. El apoderado del laboratorio, ubicado sobre la ruta nacional 19, denunció el robo.
La causa recayó en el juzgado de Garzón y marcó una línea de su gestión en la lucha contra el narcotráfico: investigar y controlar también el comercio de precursores químicos, que sirven para la elaboración de sustancias ilegales.
La investigación estuvo a cargo del fiscal federal de San Francisco, Luis María Viaut, que dictaminó su archivo, lo que Garzón rechazó ordenando continuar la pesquisa al considerar que no se cumplieron las medidas de prueba suficientes para esclarecer lo ocurrido.
Actualmente, la causa se encuentra al aguardo de una resolución de la Cámara Federal.
-¿Qué espera dejarle a la sociedad a través de sus gestión?
En 2011, me hice cargo de un juzgado que empezaba de cero. Era un gran desafío pero al mismo tiempo, una ventaja, ya que me permitió aprovechar la experiencia que traía desde Villa María y de Córdoba y volcarla en el armado de un nuevo equipo. Así le dimos forma a un juzgado que hoy está en pleno funcionamiento, con sus dos secretarías y al día con las causas.
-¿Una cuenta pendiente? ¿La Policía Federal?
Sin dudas lo es. Mientras carezcamos de esa fuerza de seguridad nacional que acompañe la tarea judicial, será más complicado investigar las causas.
-¿Contar con el recurso humano fue primordial para dar respuestas a los requerimientos diarios?
Sí. Se eligió gente a la altura del desafío que demandaba empezar de cero un juzgado. Profesionales de los que me siento orgulloso. No se podía hacer un concurso para el acceso a la justicia, no tengo facultades para eso. Entonces personalmente elegí a quienes hoy se desempeñan y no me equivoqué. Todos aprendimos de todos y hoy las estadísticas demuestran que el Juzgado está totalmente al día en cuanto a resolución de causas.
-Tienen a su cargo la responsabilidad de juzgar hechos de trascendencia pública e institucional, como los casos de corrupción que afectan al Estado nacional o el narcotráfico. En cuanto a este último, cuando asumió dijo que era el enemigo a vencer. ¿Cuánto se logró desde 2011 en la batalla contra este flagelo?
San Francisco y la zona constituyen una geografía vulnerable al narcotráfico, en gran medida por su condición de interprovincialidad. Al estar con Frontera solo separados por una calle, de un lado opera la justicia de Santa Fe y del otro, de Córdoba y federal, que es en nuestro caso.
-¿En qué instancia está la causa de la desaparición de 22 kilos de efedrina de la planta de Savant Pharm, en El Tío?. Usted no la cerró argumentando que no se cumplieron varias medidas de prueba.Pero desde hace más de cinco años, nada se sabe sobre los autores del hecho.
En dos oportunidades el fiscal (federal de San Francisco) Luis María Viaut solicitó el archivo de la causa, ante lo que creía una imposibilidad avanzar con la pesquisa. Como juez, me opuse. Creo que no hay que restarle atención al tema de los precursores químicos cuando hablamos de tráfico de drogas. Cuando sucedió este robo de la efedrina en El Tío, me llamó muchísimo la atención, tracé una línea en el tiempo, el robo fue en febrero... el Sedronar había realizado una inspección antes, pero la investigación estaba delegada al fiscal. Yo planteé algunos puntos de investigación y el titular de la Procunar (Procuraduría Narcocriminal) también.
No se debía descartar ninguna hipótesis. Fue un hecho grave. La efedrina se usa, por ejemplo, para elaborar los descongestivos nasales, si nos fijamos en cada pastilla, tiene 0,02 mg., imaginémonos el negocio que significan entonces 22 kilos. No es un químico inofensivo para la producción de medicamentos, sino un componente utilizado, fuera del marco legal, para la fabricación de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.
Investigar es el rol del fiscal, no el del juez, así lo estableció la Cámara Federal cuando la decisión de no archivar la causa fue apelada. Sin embargo, luego, se solicitó el desarchivo y entonces el fiscal Viaut ordenó más medidas, como ver el stock y procedencia de la efedrina, entrevistó a uno de los directivos del laboratorio, retomó la investigación. Se volvió a pedir su archivo. Pero, ¿por qué apurarse tanto en archivar una causa? El efecto de archivar una causa en materia penal es tal vez por una cuestión de orden y de higiene en una oficina de trabajo, pero se la puede desarchivar y continuar la investigación.
En febrero de 2013, desaparecieron más de 22 kilogramos de sulfato de pseudoefedrina en Savant Pharm SA, sobre la ruta 19,
-¿En qué instancia está ahora?
Está en la Cámara, apelada. Ahora el proceso será que este organismo resuelva si el juez no debe meterse con la investigación del fiscal y la archive, o bien que ante las inquietudes del juez, se retome la investigación; que la retome el juez o la delegue. Cuando se produce un hecho delictivo, a medida que transcurre el tiempo se empieza a desdibujar la prueba y es cada vez más difícil probar algo.
"Hay que dotar de los medios
necesarios a las fuerzas federales"
"San Francisco y la zona constituyen una geografía vulnerable al narcotráfico, en gran medida por su condición de interprovincialidad", aseguró Garzón.
El magistrado, que en 2011 arribó a San Francisco con más de 30 años de carrea judicial, defendió el rol de la justicia federal en el combate al narcotráfico y puso reparos en cuanto al esquema provincial de control del narcomenudeo. El argumento es que, al no investigar el narcomenudeo, la Justicia Federal tiene limitaciones en cuanto al acceso a información que le permita conocer la existencia del contrabando de mayor porte.
La "desfederalización" está contemplada en la ley nacional de estupefacientes. Rige en Córdoba desde diciembre de 2012 y hace tres años se creó la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA).
-La creación de la FPA por parte de Córdoba, ¿alivianó el trabajo de la Justicia Federal?
Esa fuerza se dedica al narcomenudeo, para ello fue pensada. En ese sentido dio muestras de funcionar bien, los resultados así lo revelan. Sin embargo, nos quitó a la justicia federal cierto margen para investigar a los primeros eslabones del narcotráfico, delito que funciona como una escalera: está el que consume, el que vende al menudeo la droga, los dealers hasta el mayorista. Una vez que se investigan esos primeros eslabones y se avanza en ese sentido, la causa pasa a la Justicia Federal, pero es una investigación ya iniciada.
En tanto, hay excepciones, como fue el recordado megaoperatyivo de narcotráfico que en enero de este año dejó ocho detenidos cuando la FPA con órdenes del fiscal del Fuero Antinarcotráfico Bernardo Alberione desbarató a una banda y decomisó 78 kilogramos de marihuana (valuados en 5 millones de pesos en la venta al menudeo).
-Entonces ¿cree que no fue una medida acertada su creación?
En la mayor parte del país, es la Justicia Federal la única que investiga el narcotráfico, tanto el que se produce a nivel de venta al menudeo, en los denominados "kioscos", como el de mayor escala, a nivel de los proveedores y de las organizaciones más peligrosas.
La FPA tiene una experiencia acotada a la venta al menudeo. Creo que debería reformarse y que sea el Estado nacional el que vuelva a hacerse cargo del delito de la droga, para ello, debe dotar de herramientas y recursos humanos a la Policía Federal y Gendarmería Nacional, esta última, una fuerza de frontera.
Los gendarmes tienen un oficio y profesionalismo que le perite percibir cuándo se trata de cuestiones de frontera, cómo se disimula la droga, conocen el modus operandi de los narcos. Entonces creo que acá hay que barajar y dar de nuevo, dotar de los medios necesarios a las fuerzas federales.
-La decisión es política...
Durante mi gestión al frente del Juzgado Federal de San Francisco presenté ante Santa Fe una propuesta para poder actuar en esa jurisdicción, viendo que en el tema droga San Francisco, Josefina y Frontera están directamente relacionadas por su proximidad. Muchas veces se fijan políticas de estado sin tener en cuenta la experiencia, lo que ocurre día a día y a quienes están en esa tarea cotidianamente.
-Justicia y política. ¿Cómo conviven?
Personalmente, nunca milité en política. Nunca me involucré en cuestiones políticas. No obstante, la justicia federal está muy politizada. Tiene un alto condimento político por el tipo de causas que recaen en ella, como la corrupción.
En la mayor parte de mis casi 40 años de carrera en la Justicia he sido muy técnico. Hasta hace diez años era un funcionario judicial no contaminado por la cuestión política. Las presiones existen, siempre existieron.
-Hoy la justicia es protagonista de las noticias y es por la política, ¿cómo está funcionando según su criterio?
En mi caso, jamás he tenido interferencia política en las causas que pasaron por mi gestión, pero si hablamos de la justicia federal en general, sospecho que es complicado ejercer ese rol. No me creo eso de que se está fundando una nueva justicia, con jueces audaces, que se animan.
-Para mejorar la justicia se creó el Consejo de la Magistratura.
En ese punto está la cuestión. Nosotros los jueces tendíamos que tener absoluta libertad para fallar, sin ninguna interferencia del Concejo de la Magistratura. Creo que no fue una medida errónea, sin embargo, como es el órgano encargado de aplicar sanción, designar, remover... termina politizando a la justicia. El Gobierno siempre busca la mayoría de aliados, entonces designa jueces de "su palo", ideológicamente afines. Ahora cualquiera puede denunciar a un juez federal ante el Consejo de la Magistratura, si muchos requisitos.
-Por otro lado, establece más exigencias para seleccionar a los jueces.
Sí, desde que existe el Consejo hay que concursar, hay que pasar por un órgano con académicos, abogados, políticos, lo que hace que no cualquier pueda ser designado magistrado, pero en el fondo, creo que se buscan jueces adictos al poder político.